ABC 07/04/14
EDITORIAL
· Ante la eventualidad de que el Estado tuviera que suspender competencias o instituciones de la autonomía catalana, el independentismo prepara un Gobierno «en la sombra»
El proceso separatista en Cataluña hace tiempo que dejó de ser el proyecto de un partido, para pasar a convertirse en un proyecto asambleario, populista y, por tanto, antidemocrático. Artur Mas ya no lo controla. Es solo el rostro de un movimiento de ruptura constitucional que va ganando intensidad –que no es lo mismo que fuerza– a medida que se acrecienta la debilidad política del presidente de la Generalitat. La expresión del verdadero liderazgo de este proceso separatista fue el acto multitudinario de la Asamblea Nacional Catalana, celebrado el sábado en la plaza de toros –todo un gesto– de Tarragona. La ANC aprobó un plan secesionista para los diversos escenarios que pueden producirse en los próximos meses: desde la celebración de una consulta «tolerada» por el Estado, a la suspensión de la Generalitat.
Para este segundo supuesto, es decir, que el Estado aplique el artículo 155 de la Constitución y suspenda algunas competencias o instituciones de la autonomía catalana, como la Generalitat, la ANC ha encargado un dictamen jurídico sobre las herramientas legales que tendrían las instituciones catalanas para crear un Gobierno «en la sombra». Se trata, claro está, de una estrategia propagandística para teñir de tintes invasores la actuación del Estado, rodearse de un halo de atractiva clandestinidad y avivar el sentimiento victimista con el que pretenden sacar adelante la independencia de Cataluña. Pero también es una táctica para dotar a esta aventura separatista de una apariencia legalista que dé buena imagen ante la opinión pública internacional, especialmente europea. La idea de un «Gobierno en la sombra» puede resultar estrafalaria, pero ya todo es estrafalario en el discurso separatista en Cataluña, privado de la más mínima racionalidad política y jurídica. Por eso es necesaria una respuesta institucional, seria, coordinada y que traduzca en hechos concretos la doctrina que el Tribunal Constitucional expuso al anular la resolución separatista del Parlamento catalán.
Es evidente que el Gobierno central no solo podrá, sino que deberá utilizar todos los recursos que la Constitución pone en manos del Estado para garantizar la unidad constitucional de España y la lealtad de las comunidades autónomas con el interés general. Y entre esos recursos se encuentra el artículo 155 de la Carta Magna, que los nacionalistas parecen más empeñados en que se les aplique que el propio Gobierno de Rajoy. Todo se andará, sin duda, pero antes que llegar a la suspensión de competencias autonómicas hay otros caminos que pueden ser también eficaces. O el nacionalismo renuncia a su plan separatista, o el Estado tendrá que emplearse a fondo para anularlo.