A Carles Puigdemont le convendría más que Junts se quedara fuera del Govern viendo cómo Esquerra se tuesta en la mesa de diálogo con Pedro Sánchez, mientras una crisis económica empuja a las bases independentistas a las calles, a medida que remite el azote del covid-19. Sin embargo, la partitocracia necesita recursos y cargos para mantener su red de influencia y supervivencia, esto es, entrar a los gobiernos asumiendo el coste. Y pese a ello, Junts ha encontrado una ventana de oportunidad para hacer de esta legislatura su catapulta para menguar a ERC, poner en apuros a Sánchez y recuperar el poder cuando haya elecciones en Cataluña.
Eso es así, porque llegados a este punto de la investidura, Junts está en una posición negociadora más cómoda que la de Pere Aragonès en la que o se le da cierto reconocimiento a su ansia de coliderar el ‘procés’ o elecciones. Se empieza a extender en algunos sectores la idea de que unos eventuales comicios permitirían recuperar para los ‘junteros’ el voto del hundimiento del PDeCAT. Y en política, se sabe, suele ganar una negociación quien conserva el aplomo, al creer que tiene menos que perder.
Eso explicaría la actitud de los ‘junteros’, pasando por el barro a una Esquerra que si tiene que pedir permiso para ejercer el poder real sin el yugo de Puigdemont es que no se cree con ningún poder o autoridad para obviarle. “Vosotros habéis ganado, pero aquí mandamos nosotros” fue el resumen de Junts el martes. El error de Aragonès fue hacer lo propio de quien reconoce ‘de facto’ la supremacía de otro. Porque la autoridad se gana ejerciéndola, y a los republicanos solo les faltó pedir perdón por estar en condiciones de presentar su candidatura.
Sin embargo, los comicios los carga el diablo y, sin motivo sólido alguno para ir a las urnas, lo más probable es que no los haya. Puestos a asumir la entrada al Govern, Junts buscará que sea con el mínimo agravio posible. Y esa es la trampa de Puigdemont a ERC: que si entran al Govern será a asumir todo el beneficio político, pero a ahorrarse todo coste, pulsando el botón nuclear si conviene y aliándose con CUP en eso de ser Gobierno y oposición a la vez –como expliqué aquí.
De hecho, es la misma estrategia que ya usaron Laura Borràs o Àngels Chacón (PDeCAT) en campaña electoral, como si ese Govern de Quim Torra nada hubiera tenido que ver con ellas. De ahí las peticiones de Junts sobre que se rompa el acuerdo con la CUP, dejando claro que si las medidas sociales son un fiasco nada tuvo que ver con ellos. Eso pese a que Junts necesita algunos guiños sociales para mantener a su electorado de izquierdas –mucho más transversal que el de la vieja CiU–, pero sin incurrir en medidas poco realistas para la Generalitat como la renta básica universal o perder el flanco derecho.
A Junts sí le interesa, y mucho, que su eventual vicepresidencia económica (suena Elsa Artadi) gestione las ayudas europeas
Ahora bien, a Junts sí le interesa y mucho que su eventual vicepresidencia económica (suena Elsa Artadi) gestione las ayudas europeas y ellos puedan colgarse la medalla de esos fondos que, sin duda, le permitirían granjearse algo de perfil propio en gestión –tan necesario para la consolidación a largo plazo del partido– y enmendar por la puerta de atrás las aspiraciones de la CUP.
Si bien el llamado Consejo de la República persigue otro fin más importante aún en términos de desgaste político para Puigdemont. Más que una oda a su liderazgo, conlleva un nuevo intento de huirle a la verdad, o al daño que supondría para Junts aceptar que el unilateralismo se hundió en 2017 y que sus proclamas de levantar la DUI no tienen fundamento. Existe un gran desconcierto entre las bases independentistas sobre que contabilicen en un 52% su apoyo en las urnas –así lo computan, pese a la gran abstención del 14F– y sus dirigentes no tengan ninguna hoja de ruta que ofrecerles, disuadidos por temor a las penas de prisión.
Así pues, con qué cara confesaría Puigdemont que pretende formar parte de una Generalitat autonómica, porque Parlamento y Gobierno tienen un límite en la legalidad. Por eso, parte del movimiento vende ya la idea de que aquella política que no se pueda hacer en la sede de la soberanía, en el Parlament, o en las oficinas en el extranjero se podrá hacer desde el escritorio (Consejo) de Waterloo, ya que los tentáculos del Estado (España) no podrán cerrarlo o sancionarlo. Es decir, lanzar la pelota a un ente que nadie fiscaliza, manteniendo viva la llama del independentismo mágico, en que todo es posible, para dar salida a la desafección de sus bases ante una eventual crisis reputacional o económica de Junts en la Generalitat.
Pero aunque los dirigentes independentistas saben que existe una brecha entre la calle y las élites –muchos de sus votantes viven en el nihilismo–, si hasta ahora no ha aflorado ese malestar es por el ‘impasse’ que supone la pandemia y, también, por la docilidad que la CUP ha mostrado frente a ERC. Los ‘cuperos’ vieron su oportunidad de cerrar un acuerdo tras los últimos disturbios vandálicos en Cataluña y en la necesidad de Esquerra de dar a su mandato un cariz social alejado de Junts, pese a no contar con el apoyo de Comunes. Ahora bien, si algo se tuerce, ERC sufrirá la tenaza por la victoria del independentismo frentista (‘junteros’, ‘cuperos’) que ganó a la moderada Esquerra el 14-F.
En Junts asumen que Aragonès podría estrellarse en su intento de pactismo con la Moncloa. Por eso le exigen unidad de acción en el Congreso
Y es que en Junts asumen que Aragonès podría estrellarse en su intento de pactismo con la Moncloa. Es por eso que le exigen unidad de acción en el Congreso, por si llegado el momento hubiera que asestar el golpe a Sánchez o, incluso, ser decisivos en unas futuribles elecciones generales. Esa es la trampa de Junts para rentabilizar la situación. Es decir, elevar el coste político para Sánchez y ERC de reeditar su acuerdo de diálogo si hay elecciones generales antes que autonómicas y Aragonès no hubiera logrado sacarle al Gobierno nada relativo al ‘procés’.
Pasa que el independentismo sigue en el desconcierto por los indultos. Esta semana se conocía que la Abogacía del Estado podría mantenerse en una posición al margen de su aprobación. Y ahí tiene que mover ficha Sánchez, o no hacerlo, ahora que la legislatura se ha desestabilizado con la acción defensiva del PP en las autonomías, el 4-M en Madrid, y el salto de Pablo Iglesias. Es decir, si le interesa ir a elecciones de inmediato a cara de perro con el independentismo o agotando la legislatura –como expliqué aquí.