El hombre que hacía bailar los platos chinos tuvo un despiste, o un error, y el equilibrio se jodió. Como el Perú. Ese es el efecto que ha causado el escándalo de Pegasus en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tantas veces había acreditado su extraordinaria habilidad para desenvolverse en la política como un buen malabarista, logrando acuerdos entre adversarios, solventando embrollos imposibles, apaciguando iras y templando ánimos crispados, conquistando aliados. Esta vez no, uno de los platos chinos se estrelló en el suelo y el malabarista ya no tenía manos suficientes para sujetar los palos que quedaban tiritando en la mesa. 

No hay ni un solo frente que no se le haya desquiciado al presidente Sánchez en esta crisis: ni la coalición de gobierno, ni los socios independentistas, ni los demás coaligados parlamentarios ni, por supuesto, la oposición del Partido Popular, a la que ha ayudado a sellar definitivamente su crisis. Tampoco el propio Partido Socialista, en el que late el enfrentamiento interno del Gobierno entre dos ministros, Félix Bolaños y Margarita Robles. Por supuesto, también ha salido mal parada en Cataluña su estrategia de ‘distensión’ y ‘entendimiento’, y ha vapuleado el prestigio internacional de algunas instituciones fundamentales del Estado, como son los servicios de Inteligencia, el CNI.

Es complicado encontrar una crisis política con tantos efectos adversos, ciertamente. Y todo se produce, además, con la agravante de que ha sido el propio Gobierno, el propio presidente del Gobierno con sus decisiones, ya sea por criterio propio o por la mala influencia de sus asesores, quien ha propagado el incendio que se mantiene vivo. La mejor prueba de ello es que, ya adentrados en la sexta semana desde que estalló el escándalo (publicación del informe de Citizen Lab el pasado 18 de abril), el presidente Sánchez mantiene aún tres grandes preguntas sin resolver, en las que se concentran todas las oscuridades, las falsedades y las traiciones de este caso.

-¿Puede hacer algo contra Marruecos como sospechoso del espionaje a su Gobierno? 

Comencemos por la pieza del escándalo más reciente, el espionaje del móvil del presidente del Gobierno y de sus ministros de Interior y Defensa. La contaminación de los terminales la conocimos por el propio Ejecutivo y, según los datos aportados por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el espionaje se produjo en mayo de 2021. La evidencia revela que quienes ‘pincharon’ los móviles del Gobierno español fueron los servicios secretos marroquíes, por la gravísima crisis institucional de aquellos días. El ministro Bolaños informó del hecho el 2 de mayo pasado y, según dijo, el Gobierno de España conoció que esos teléfonos estaban pinchados “el día antes”, cuando recibió el correspondiente informe del Centro Criptológico Nacional. Dijo, además, que eran hechos “de una enorme gravedad” y que el Gobierno adoptaría todas las medidas necesarias para esclarecerlo.

Es posible que no sea cierta ninguna de las dos afirmaciones del ministro. Al menos, no se sostienen. Debió tener conocimiento muchos meses antes, porque el CNI ya había alertado en 2019 y se hacen controles periódicos en los móviles, y, en relación con el esclarecimiento, también sabe el Gobierno que la Justicia acabará archivándolo por falta de pruebas, como ocurre en todos los casos de espionaje; sencillamente, no hay pruebas de quién es el autor. Con lo cual, el Gobierno de Sánchez lanzó interesadamente la piedra hacia Marruecos, pero sabiendo que ni podrá demostrarlo nunca ni, aunque lo hiciera, le conviene utilizarlo ahora que ha rehecho las relaciones diplomáticas. Por todo ello, Pedro Sánchez no responderá a esa pregunta. 

-¿Conocía el Gobierno que el CNI estaba investigando a Pere Aragonès? 

Por supuesto que debía conocerlo. Pero el Gobierno ha respondido a esa pregunta de forma rotunda: “No tenía ningún conocimiento”. En estos días, en distintos reportajes e intervenciones en medios de comunicación, antiguos agentes o dirigentes del CNI, sin desvelar su identidad, han ratificado que el objetivo de los informes es mantener informado al Gobierno y que se solicita permiso cuando se trata de informes ‘delicados’. Pensemos, de igual forma, que es el Gobierno el que aprueba y determina anualmente el plan de actuación del CNI. Pero, aun así: obviamente, cuando el espionaje afecta a un cargo público como Pere Aragonès, presidente ahora y vicepresidente cuando fue espiado, en uno de los momentos de más tensión con Cataluña, los servicios secretos, en especial la directora del centro, se encargan de hacérselo saber al Gobierno. 

El móvil de Pere Aragonès fue controlado por el sistema Pegasus, por el CNI y con autorización judicial, en enero de 2020, el mismo mes en que Pedro Sánchez negociaba con Esquerra Republicana el apoyo para su investidura como presidente. El Gobierno de España, a través de sus servicios de Inteligencia, espió a los líderes independentistas, como también hicieron en la propia Unión Europea, porque constituían, y constituyen, una amenaza democrática a la estabilidad de España y de Europa, cada vez que dicen “lo volveremos a hacer”. Lo que no hace nadie es plegarse y prometer a los independentistas lo que nunca se podrá cumplir. Por eso, Pedro Sánchez no responderá a esa pregunta.

-¿Ha actuado mal el CNI y por eso ha destituido a la directora? 

No, claro que no ha actuado mal. Todo lo que ha hecho el CNI lo ha hecho de acuerdo con la ley, con la autorización judicial, tras la indicación del Gobierno. Esa es la razón de la vergonzosa explicación que se ha ofrecido sobre la destitución de la directora del CNI, como si fuera una mera ‘sustitución’; un eufemismo que agrava la ofensa a los miles de personas que trabajan ahí. La secuencia final, que conduce a ese cese, es otra bien distinta. Cuando se conoce, en abril, el espionaje a los independentistas, el Gobierno se ve comprometido en sus equilibrios parlamentarios para el resto de la legislatura y fabrica, en dos semanas, un plan alternativo para poder entregar a sus socios independentistas la cabeza de la directora del CNI. Como no puede destituirla alegando haber incumplido la ley en los espionajes o que haya actuado por su cuenta, sin informar al Gobierno, ‘fabrica’ una polémica paralela, el espionaje de Marruecos, que ya conocía y que le aporta la tranquilidad de que no llegará a ninguna parte, para poder culparla indirectamente del fallo garrafal en la seguridad de los teléfonos móviles del Gobierno, que dependen del Centro Criptológico Nacional, a su vez dependiente del CNI.

 

Los ‘efectos colaterales’ de esa estrategia son devastadores: el desprestigio de los servicios secretos, el descrédito de la ministra de Defensa, el sacrificio de la directora del CNI, el ridículo internacional por el espectáculo de la desclasificación de documentos secretos y la declaración de agentes de los servicios secretos ante un juez… Un cúmulo de despropósitos que nos aclaran por qué Pedro Sánchez no responderá tampoco a esa pregunta.