Las urgencias de Sánchez

Mientras el Gobierno insiste en la «agenda de normalidad», su principal socio parlamentario, Podemos, percute en la «agenda social». Meritxell Batet, acostumbrada otrora a usar expresiones de Podemos –le copió aquello de «emergencia social»– permanece ahora centrada en lo suyo, que consiste en ofrecer diálogo, templar gaitas, ganar tiempo y tender la mano al separatismo para que acabe mordiéndosela a otro, al que venga a tratar de contener la penúltima hemorragia. Informó hace unos días la periodista Carmen Torres de que en La Moncloa aparentemente lo ven claro: los nacionalistas «no tienen ni los tres quintos necesarios para modificar el Estatut en el Parlament ¿y nos piden la autodeterminación?». La frase parece concluyente. Sin embargo pierde vigor cuando el PSOE trata de sortear obstáculos procedimentales acogiéndose a esa máxima tan socorrida: si no goza de mayoría política, siempre cuenta con la social.

Torra y Sánchez no se encuentran porque Torra pone el contador el 1-O, dando por buena la verbena con envases a modo de urnas en lugar de piñatas, y Sánchez lo retrotrae a la sentencia del TC sobre el Estatut, que llegó cuatro años después del recurso interpuesto por el PP. Es lógico: Torra aspira a la independencia y Sánchez insiste en señalar al PP como responsable de todos los males acaecidos en Cataluña desde que Rajoy le negó a Mas los privilegios solicitados vía pacto fiscal. Rajoy se resistió a la coqueta y desenfadada bilateralidad, que tan graciosamente blande el Ejecutivo de Sánchez.

De todos modos, hoy no hablamos de Cataluña sino de procedimientos: cuando Sánchez propone recuperar los artículos declarados inconstitucionales en 2010 no sólo pretende ceder a los supremacistas un poder judicial propio, además pone en la picota la elevación de recurso ante el TC. El trasfondo de la maniobra consiste en desenvolverse con natural soltura, notable desparpajo y convincente firmeza por los vericuetos del decreto ley y los farragosos trámites administrativos y parlamentarios: lo hace con la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos e insiste con la propuesta de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. A la oposición le corresponde entonces el ingrato papel de obstruir las medidas de dudosa adecuación al procedimiento por muy populares que aparenten ser.

Ahora al PSOE y Podemos –cuyos programas incluyen revitalizar el Senado como cámara de representación territorial– no le gusta la Cámara Alta justo cuando ejerce como se la reivindica para fijar el techo de gasto. Hace año y medio, los nacionalistas quisieron reformar el Reglamento del Parlament por la vía de urgencia para tramitar luego sin rendir cuentas a la Cámara la Ley de desconexión. Argumentaron que una «situación excepcional» requería «trámites excepcionales». Puigdemont acabó cerrando el Parlament precisamente porque estaba vivo al menos para dilatar los plazos. El procedimiento suele ser un engorro cuando se tiene prisa, pero nunca constituye un estorbo. Cumplirlo y dar brío al Parlamento salvaguarda la libertad y la división de poderes.