EL MUNDO 17/02/14
· Covite afirma que sus crímenes son «imprescriptibles al ser un ataque sistemático contra la población civil» / Sostiene que la banda consumó 858 asesinatos y que 200.000 personas se vieron obligadas a exiliarse
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) presentará una denuncia hoy ante el fiscal de la Corte Penal Internacional contra la organización terrorista ETA. La acusará de crímenes de lesa humanidad y la denunciará por «genocidio».
El escrito será presentado esta mañana en La Haya por la presidenta de la asociación, Consuelo Ordóñez (hermana del asesinado Gregorio Ordóñez), junto a algunas de las víctimas del terrorismo etarra más representativas.
El texto de la denuncia de Covite pide a este tribunal que abra una investigación porque «se han cometido graves crímenes de trascendencia internacional».
«En este informe se denuncian actos que constituyen crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA, organización incluida en el listado de organizaciones terroristas de la UE y de EEUU», dice la denuncia de Covite, que cree que los delitos son «imprescriptibles». «Los crímenes de lesa humanidad han sido cometidos como parte de una ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es decir, un ataque a gran escala u organizado cuyo objetivo prioritario ha sido la población civil».
Aclara que estos crímenes «no se produjeron en un contexto de conflicto armado», como sostiene siempre la izquierda abertzale, incluida la que ahora tiene representación parlamentaria. «No están, por tanto, sujetos a estándares internacionales de resoluciones de conflictos; tampoco se decretó el estado de guerra, de excepción o de sitio».
En un prolijo informe, Covite trata de explicar qué es ETA y cual ha sido su recorrido histórico de sangre. Y asegura en su denuncia que ETA es responsable del asesinato de 24 niños, «la mayoría por medio de explosivos en sus hogares, más de 11.000 asesinatos (858 consumados y una estimación de 10.260 en grado de tentativa), delitos de persecución y traslado forzoso de más de 200.000 personas (el 10% de la población), secuestros y torturas». Para llevar a cabo esta escalofriante recopilación, Covite se ha basado en sentencias judiciales.
Según las víctimas, «ETA ha seguido una línea de conducta que responde a un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Una planificación de los crímenes que se definió por la rama política de ETA –la izquierda abertzale– como la «socialización del sufrimiento».
El desglose de la denuncia de Covite ante el Tribunal Penal Internacional incluye datos estremecedores, como la cifra media que estiman que cada año eran víctimas de la persecución etarra: 40.000 personas por ejercicio. Además, alrededor del 10% de la población de la comunidad autónoma vasca «fue obligada por el clima de terror a abandonar sus hogares y a huir de Euskadi».
El PP aseguró hace unos mes que iba a llevar a cabo una reforma para que todas estas víctimas pudieran recuperar su derecho a ejercer el voto en su comunidad autónoma, de la que tuvieron que irse por la presión de las pistolas. Esta iniciativa aún está pendiente.
Pero las acusaciones de las víctimas de País Vasco van aún más lejos; hablan del «genocidio» etarra. «Estos actos contra los Derechos Humanos también pudieran constituir un delito de genocidio al haber sido perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico o racial». «Los crímenes se cometían teniendo como objetivo principal a ciudadanos españoles residentes en Euskadi, que eran considerados miembros del grupo nacional opuesto a sus intereses, y a los que destruir o expulsar. Los miembros de este grupo nacional eran considerados españolistas (incluidos vascos no socialistas-nacionalistas), y maketos: término despectivo para referirse a inmigrantes de otra región de habla no euskera o de cualidades raciales inferiores, siendo éste el sentido utilizado por el fundador del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Sabino Arana, político nacionalista que en la actualidad y pese a la incitación a la violencia racista y a la comisión de crímenes de odio, sigue siendo objeto de reconocimiento y enaltecimento público por el Gobierno de Euskadi, con una fundación sobre su discurso y su legado», asegura la denuncia.
Covite sostiene, asimismo, que ante estos crímenes de lesa humanidad cometidos por ETA, «España no tipifica ni enjuicia todos estos actos contra los Derechos Humanos como graves crímenes imprescriptibles: tentativas masivas y sistemáticas de asesinatos, violencia de persecución y el traslado forzoso de población». Y, entre otras circunstancias, «el Estado ha evidenciado una falta de disposición para enjuiciar a los perpetradores: citándoles y reuniéndose con altos responsables sin ejecutar órdenes de busca y captura internacionales en vigor; no ha investigado ni enjuiciado –incumpliendo mandatos judiciales– la comisión de crímenes de lesa humanidad; no ha investigado ni perseguido individualmente a los dirigentes, altos responsables o ideólogos de las organizaciones responsables de estos crímenes del artículo 7 contra los Derechos Humanos; ha incumplido estándares internacionales de debido proceso, con retrasos y obstrucciones, no permitiendo participar a las víctimas. Lo que ha derivado en un patrón de impunidad que afecta a cerca de 400 casos y que ha beneficiado especialmente a los más altos responsables e ideólogos», concluye el texto de la denuncia.