EL MUNDO 10/11/13
· El malestar va creciendo. Y las ganas de combatir, de hacerse oír y de dar la batalla contra lo que consideran que es una arbitraria aplicación de la sentencia de Estrasburgo, aumenta entre los colectivos de víctimas del terrorismo.
Y por este motivo, una gran mayoría de esos colectivos, de las asociaciones y fundaciones que agrupan a los que han sufrido en primera persona el terror, han elaborado un documento en el que, además de denunciar pasividad del Gobierno a la hora de luchar en Europa por la doctrina Parot, apuestan porque aún existen vías para evitar la excarcelación masiva de asesinos.
En el comunicado, suscrito por nueve asociaciones –entre otras, la AVT, Dignidad y Justicia, Voces contra el Terrorismo, Foro Ermua, Fundación Muñoz Cariñanos o la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M–, reclaman al Ejecutivo de Rajoy que no ejecute la sentencia.
«Lamentablemente, el Gobierno no ha hecho nada para evitar este grotesco desenlace, ni antes ni después de la primera de las sentencias, dictada el 10 de julio de 2012 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ni un solo europarlamentario del PP o del PSOE asistió a la vista del pasado 20 de marzo de 2013, mientras que EH Bildu desplazó una delegación compuesta por seis cargos públicos y otros simpatizantes. El Gobierno sabía perfectamente que no bastaba con dar instrucciones a la Abogacía del Estado para recurrir la sentencia ante la Gran Sala. Y muchas veces no hacer nada de lo que se debe tiene efectos tan perversos como hacer todo lo que no se debe», dice.
Tras denunciar la actitud del Ejecutivo, le reclama que actúe ahora, que puede, que hay armas y herramientas para dar la batalla: «Las víctimas solicitamos al Gobierno que tenga en cuenta los principios rectores que deben regir el modelo de un final de ETA sin impunidad. Las víctimas sí tenemos una especial cualificación para ejercitar nuestro derecho a la justicia y la dignidad debidas, así como para tener voz respecto a todo ello. Nuestra sociedad no debe olvidar que en un Estado de Derecho el derecho a la justicia no es negociable».
«Recordamos al Gobierno que el Estado tiene margen para, al menos, demorarse en el cumplimiento del fallo. No compartimos las opiniones de los que afirman que no hay más remedio que acatarla. Son numerosos los supuestos en los que los tribunales españoles no han ejecutado las sentencias de este tribunal. La razón es porque el actual marco jurídico no permite la ejecución en España de sus sentencias».
EL MUNDO 10/11/13