EL CORREO 08/12/13
· En España es imposible saber cuántos atentados terroristas permanecen sin resolver. Una oficina de la Audiencia Nacional recopila desde hace tres años centenares de sumarios para crear una base de datos fiable e informar a los damnificados
Desde la página 1 Las preguntas son claras y directas. Las respuestas, no tanto. ¿Cuántos crímenes terroristas permanecen aún sin resolver? ¿Qué cifra cuenta con una sentencia condenatoria? ¿Cuántos casos han prescrito o han sido sobreseídos? Tras décadas de violencia, más de un millar de asesinados y miles de heridos, las víctimas no disponen de una base de datos oficial y accesible en la que se recojan al detalle los sumarios de cada atentado. O, lo que es peor, en algunos casos ni siquiera están localizados los expedientes. La Oficina de Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional trabaja desde hace tres años en la recopilación de todos los archivos. Son cinco mujeres con un objetivo: poner orden al caos de la justicia.
La oficina nació en 2006 de la mano del Ministerio de Justicia, aunque depende directamente de la presidencia de la Audiencia Nacional. En el origen de su puesta de largo están los atentados del 11-M de dos años antes. El alto tribunal se vio colapsado por cientos de víctimas que requerían información sobre el proceso. Pero no fue hasta 2010 cuando este organismo se sumergió en la ardua tarea de localizar e investigar los sumarios de los atentados terroristas para crear una «macrobase de datos digitalizada» que sea útil para los afectados. «Introducir el nombre de una víctima y que salga todo lo referente a su caso o escribir los datos de un terrorista y que aparezcan todas sus condenas es nuestro sueño», asegura la coordinadora de esta oficina, Carmen Alba.
El presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, se reunió hace tres años con la entonces máxima representante de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua, con la exportavoz de Covite, Cristina Cuesta, y con Carmen Ladrón de Guevara, vicepresidenta de la asociación Dignidad y Justicia. Ellas le instaron a arrojar luz sobre 349 asesinatos de ETA –todos posteriores a 1977– que, presuntamente, estaban pendientes de resolución. Esos eran, al menos, sus propios cálculos. El presidente del tribunal se comprometió entonces a estudiar individualmente cada caso, para lo que solicitó la colaboración de la Fiscalía.
La búsqueda de esos expedientes «está completamente finalizada», según revelan desde la oficina. La única causa que quedaría por localizar sería la relativa a Jeanine Pueyo, una ciudadana francesa presuntamente relacionada con grupos de extrema derecha, cuyo asesinato reivindicaron los Comandos Independientes Especiales de Apoyo a ETA Militar (KIBAETAM), si bien la información sobre este sumario ha sido requerida al país galo. Es probable que dicho atentado no forme parte de la jurisdicción española. Se trata de una ciudadana francesa, el atentado fue cometido en el país vecino y en el año en el que se produjo el crimen no existía el principio de Justicia universal. Data de 1985. – ¿Cómo han encarado la recopilación de los sumarios judiciales? – Es un trabajo muy complejo. Las causas no están ordenadas por el nombre de la víctima ni tampoco por el del terrorista. Cada una tiene un número y tienes que mirar carpetilla a carpetilla. Hablamos de años en los que había multitud de atentados y en los que los medios no eran los que existen hoy día. Tampoco las víctimas estaban tan arropadas como ahora. En los años de plomo, por ejemplo, la gente enterraba a sus muertos a escondidas y las víctimas no acudían a los juicios. En las salas estaba el entorno de ETA apoyando a los terroristas, mientras que las víctimas ni siquiera se enteraban de las sentencias. Estaban muy solas y muy asustadas.
Así se expresa Carmen Alba, que está al frente de la oficina de la Audiencia Nacional desde hace apenas un año. Extremeña, si en algo se defiende con soltura es entre documentos judiciales. Licenciada en Derecho, su padre era magistrado. «He vivido toda mi vida entre sumarios», apunta. A su lado cuenta con cuatro compañeras –una fue nombrada por el Gobierno vasco–, entre las que figuran una psicóloga y una asistente social.
Demanda «en aumento»
Del listado de 349 casos con el que inicialmente trabajaron, el 92% se hallaron en los archivos de la Audiencia Nacional, competente en materia de terrorismo desde su creación en 1977, mientras que 24 sumarios se encontraban en juzgados de Euskadi y dos en Navarra. Media docena de causas fueron expurgadas (destruidas), en su mayoría en el País Vasco, sin que, al parecer, se
Destruidos: 6. conozcan los motivos que llevaron a que ello sucediera. La decisión de destruir un sumario corresponde a la junta de expurgo de cada jurisdicción, que es la que insta al juez a dar la orden para que se materialice. Un centenar de casos de los 349 –en concreto, 111– disponen de sentencia firme. Aunque no siempre se ha condenado a todos los autores materiales de un atentado, por lo que para las víctimas esos crímenes en cuestión no estarían cerrados. Un total de 215 están sobreseídos, 11 con carácter definitivo. Es decir, que no se podrán reabrir. Ocho permanecen abiertos a la espera de diligencias.
Desde que la oficina se volcara hace tres años en localizar los más de trescientos casos judiciales a los que hicieron mención Pagazaurtundua, Cuesta y Ladrón de Guevara, sólo les consta la reapertura de dos de estos casos. Se trata del asesinato del empresario Patxi Arratibel en 1997, mediador en el secuestro de Emiliano Revilla, y el del brigada del Ejército de Tierra Luis Conde, muerto en un atentado de ETA en 2008. Fuera del listado de 349 expedientes, la Audiencia Nacional ha recuperado más de cien causas por acciones terroristas en los últimos dos años, según subrayan desde el órgano de asistencia a los damnificados.
Volcada en un trabajo que la «ilusiona», Carmen Alba reconoce que queda mucho por hacer. En los siete años que lleva de andadura, la oficina ha recibido 2.500 peticiones por parte de víctimas para conocer el estado procesal de sus causas o el desarchivo de los sumarios para poder examinarlos con magistrados o fiscales. Lo que hace una media de 350 solicitudes por ejercicio. «Y la demanda va en aumento», subraya su coordinadora.
Pese a haber localizado ya los 349 casos planteados por las asociaciones de víctimas, todos ellos posteriores a 1977, el equipo de la oficina ha decidido continuar con la labor iniciada y «de oficio» ha empezado a buscar e investigar el resto de casos. También los anteriores a la Ley de Amnistía. «Hay personas que nos piden los sumarios de aquellos años. Saben que a nivel judicial no se podrá hacer nada, pero quieren saber qué ocurrió, si hubo una investigación o si se detuvo a alguien y, por lo menos, estuvo un año en prisión», explica Alba. Esta búsqueda les ha llevado a los archivos militares, tanto de Burgos como de El Ferrol. «Son carpetillas con las hojas cosidas, escritas a mano…», describe. – Hay víctimas que consideran que el hecho de que décadas después no exista un archivo digitalizado con todos los casos se debe a que nunca se creyó que los afectados se interesarían algún día por los sumarios. – No creo que fuera algo deliberado. No sólo ocurre con el terrorismo, sino también con delitos comunes. Los medios eran otros.
En tiempo récord El objetivo que persigue la oficina es tener digitalizados todos los procedimientos por atentados terroristas, así como crear una macro base con los datos de las víctimas, relacionándolas con su atentado y con el terrorista o terroristas en cuestión, de manera que se pueda hacer llegar la información de una forma «mucho más ágil y en tiempo récord». «Eso es por lo que estamos luchando», remarca Carmen Alba. En la actualidad, y desde enero, existe una oficina electrónica en la que los afectados sólo pueden ver cuál es el número de procedimiento y conocer el estado de las causas que han sido localizadas. Su enlace está disponible en las páginas web del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, así como en las de algunos colectivos de damnificados.
Una de las cuestiones que más llama la atención, y que se podrá solventar cuando la base de datos sea una realidad, es que de los más de mil casos de atentados terroristas –857 víctimas mortales corresponden a ETA– se desconozca cuál es el número de crímenes que siguen pendientes de resolver décadas después. No existe una cifra oficial, ni siquiera en la Audiencia Nacional. Tampoco se conoce cuántos casos han prescrito. Colectivos de víctimas estiman que podrían superar el centenar. Mientras, los damnificados claman justicia.
El trabajo de la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo no acaba ahí. Entre sus cometidos figura, asimismo, el de informar a los afectados cuándo un preso sale de permiso o es puesto en libertad. «Con las excarcelaciones que se han producido a raíz de la sentencia contra la ‘doctrina Parot’, ojalá hubiésemos podido introducir el nombre, por ejemplo, de Inés del Río y que me saliese la lista de todas sus víctimas», expresa Alba. La labor de telefonear a los afectados en estos casos recae en una psicóloga, aunque no siempre es posible localizar a los damnificados. «Lo primero que hay que preguntarles es si quieren conocer una información sobre el terrorista en cuestión. Hay personas que dicen que no porque saber eso les supone un sufrimiento añadido», revela. En lo que va de año, la oficina ha realizado 210 llamadas para informar sobre excarcelaciones y 88 por permisos de presos relacionados con los casos que afectan a las víctimas a las que se informa.