EL CONFIDENCIAL 30/03/17
· Los familiares de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa, asesinados por el que fuera jefe militar de ETA, critican la «peligrosa» decisión del juez Castro
Las víctimas del sanguinario ex jefe militar de ETA Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, quieren levantar la voz. No están de acuerdo con la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que —en contra del criterio del Ministerio del Interior y de la propia junta de tratamiento de la prisión— ha concedido un permiso extraordinario al etarra para que este salga de prisión y vaya a visitar a su padre, un hombre mayor que tiene «dificultades de movilidad».
«¿Alguien se preocupa acaso de que mi madre, que también está mayor, haga un viaje cómodo para ir a ver la tumba de su hijo, que está a 1.200 kilómetros?», se pregunta Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado el 23 de enero de 1995 en San Sebastián. García Gaztelu fue condenado a 30 años de prisión en 2006 por participar en este atentado. «No se puede afirmar con exactitud», dijo la sentencia, si Txapote fue quien disparó o quien esperó fuera del bar para facilitar la huida, pero en cualquier caso resulta «penalmente irrelevante al estar acreditado que estuvo en la ideación, en la decisión y en la ejecución» del asesinato.
«Ahora tiene sentimientos y es humano«, afirma con dramática ironía Consuelo, que se queja también de haberse enterado por la prensa de la decisión del juez Castro. Su familia, asegura, reclamó estar al tanto de cualquier movimiento que se produzca en relación con el recluso, tal y como contempla la ley, pero el magistrado no ha cumplido su parte. «Tenemos que hablar con Castro para que nos explique», ha indicado la hermana del que fuera concejal del PP y hombre llamado a liderar el partido en el País Vasco.
En una línea similar se expresa Mikel Buesa, hermano del vicelendakari y dirigente de los socialistas vascos Fernando Buesa, asesinado el 22 de febrero de 2000 junto a su escolta, el ‘ertzaina’ Jorge Díez Elorza, cuando se dirigía a su trabajo. La Audiencia Nacional consideró acreditado en su sentencia de 2011 que el atentado había sido ordenado por Txapote, que fue condenado a 105 años de cárcel por este motivo. «Castro ha actuado de forma negligente y reprobable«, califica Mikel Buesa, quien entiende que el juez ha aplicado «un criterio excesivamente benevolente que no tiene justificación».
«Este individuo es responsable de numerosos asesinatos, ya sea por cometerlos como por ordenarlos», recuerda el hermano de Fernando Buesa, quien considera que el estado del padre de García Gaztelu «no es motivo suficiente» para concederle un beneficio penitenciario. Su opinión la comparte también el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Alfonso Sánchez, quien recuerda que el exdirigente de ETA representa al colectivo más duro de los presos de la organización terrorista.
«Puede ser una decisión legal, pero el juez Castro se merece un tirón de orejas moral», asegura Sánchez en referencia a la negativa de la Fiscalía a recurrir la decisión del magistrado de Vigilancia Penitenciaria, una manera de aceptar la legalidad de la iniciativa. «Alguien tendría que pararle los pies» a Castro, afirma el presidente de la AVT, quien admite haber buscado sin éxito medidas legales para anular la decisión del juez. «Lo hace de forma legal, pero también inmoral», remarca Sánchez, quien cree también que el magistrado no ha medido «el dolor» que provoca a las víctimas y el mensaje tan «peligroso» que manda, ya que «este sanguinario terrorista no ha mostrado ni un ápice de arrepentimiento».