Las víctimas del terrorismo mostraron ayer la consternación que para la mayoría de ellas ha supuesto el respaldo obtenido por Bildu en las urnas el pasado día 22.
Lejos de creerse la apuesta de la coalición de forma exclusiva por las vías pacíficas y democráticas, algunos de los colectivos más importantes de damnificados, reunidos en Bilbao, coincidieron ayer en exigir a Bildu una condena de toda la historia de ETA para garantizar que el regreso de la izquierda abertzale radical a las instituciones no es una «estrategia táctica». «Quieren domesticarnos a todos los demás para que acordemos una memoria conveniente para ellos, que jamás van a reconocer que han hecho mal», advirtió la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua.
Durante una cita organizada por la Fundación Fernando Buesa y el colectivo social Aldaketa, Pagazaurtundua repasó el texto Principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad que las principales asociaciones de víctimas acordaron a finales del pasado año.
Por ello, instó a evitar la tentativa de banalizar a los damnificados que, en su opinión, persigue la izquierda abertzale al pretender ahora, con su nueva estrategia política, que «el pasado y la sangre humana derramada no tengan valor». «Si hay impunidad con los terroristas, no habría vencedores ni vencidos y los perdedores serían los inocentes», consideró. Hizo referencia así a la cuestión de los presos, que se antoja decisiva en la desaparición del terrorismo.
En una línea muy similar se manifestó el vicepresidente de la Fundación Fernando Buesa, Jesús Loza, quien abrió la jornada junto a Pagazaurtundua. Aunque algo más conciliador en sus palabras, el también parlamentario del PSE subrayó que la debilidad de ETA «no es una casualidad», sino una consecuencia del Estado de derecho. Tras recalcar que la paz «no puede ser fruto de negociación política alguna» con la organización armada, demandó la unidad de los partidos democráticos e indicó que «cualquier pacto» con Bildu debería recoger el rechazo de toda la historia de ETA, reconocer el daño causado y pedir la disolución de la banda.
Quién más gráfico se mostró fue, sin embargo, el presidente de Aldaketa, Joseba Arregi, quien abogó por abrir un debate en el conjunto del nacionalismo vasco, porque su proyecto, según esgrimió, está «tocado por cada uno de los asesinatos» de ETA. El antiguo miembro del PNV admitió que, tras las elecciones municipales y forales, los días están siendo «tremendamente dolorosos» al comprobar cómo Bildu «se está tragando todo» y las víctimas «vuelven a ser invisibles». «Es como si no hubiera existido una historia de miedo, extorsión, amenazas y amedrentamiento. Estamos todos como en una nube», señaló.
Con la asistencia de varias decenas de personas, la jornada matinal se completó con un coloquio y la vespertina con una mesa redonda que dejó entrever las diferencias de criterio que separan a las distintas asociaciones de afectados por el terrorismo de ETA. En ella tomaron parte colectivos como la AVT, Zaitu, Covite, las víctimas catalanas o las de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Salieron a relucir entonces «las diferencias» entre ser damnificado «en Euskadi o en el resto de España». El secretario general del Ararteko, Faustino López de Foronda, presentó a los segundos como partidarios únicamente de que «se haga justicia», mientras que a los primeros los dibujó más implicados en «construir un proyecto de conciliación».
En presencia de dirigentes como el consejero de Interior, Rodolfo Ares, o el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, se entrecruzaron críticas a los partidos y a la manifestación convocada en abril en Madrid por la AVT para reclamar que ETA no pudiera tomar parte en las elecciones, a su entender, bajo el parapeto de Bildu. Pese a los rifirrafes, los distintos portavoces coincidieron en demandar la unidad de las asociaciones para que, «por primera vez» en un proceso de fin del terrorismo, «se tenga en cuenta la voz de las víctimas».
EL PAÍS, 31/5/2011