Las víctimas del terrorismo llevan desde enero sin ofrecer su testimonio en las aulas

Las víctimas del terrorismo llevan desde el pasado mes de enero sin acudir a los colegios vascos para trasladar en persona su testimonio. El programa de ‘víctimas educadoras’, como se conoce a esta iniciativa pedagógica, arrancó la pasada legislatura de la mano del Gobierno del PSE, si bien las últimas elecciones autonómicas y el consiguiente cambio de inquilino en Ajuria Enea llevaron al PNV a paralizar esta experiencia. Al menos, en lo que al último semestre se refiere.
Las puertas de los centros escolares se abrieron en abril de 2011 a los damnificados, tanto de ETA como de los GAL o del Batallón Vasco Español (BVE), como parte del anterior plan de convivencia puesto en marcha por el gabinete de Patxi López. El objetivo de esta apuesta era que los afectados por la lacra del terrorismo contribuyeran con su relato a deslegitimar el uso de la violencia y a sentar las bases entre las nuevas generaciones de un futuro en paz. Pese a que en un primer momento este programa fue recibido con recelos en la comunidad educativa, en especial en los sectores nacionalistas, las reticencias se fueron despejando con el paso del tiempo tras comprobar el papel prepartidario, que no político, de la medida. Prueba de la aceptación de esta iniciativa fue el hecho de que, en febrero del pasado año, el entonces Ejecutivo de Vitoria se vio en la necesidad de ampliar el grupo de víctimas –inicialmente una quincena– que acudían a las aulas debido a la creciente demanda de los colegios. En cifras, han sido más de 1.500 los alumnos de edades comprendidas entre los 14 y 16 años –tercero y cuarto de la ESO– que han escuchado en primera persona el testimonio de los damnificados. Es decir, uno de cada veinte jóvenes escolarizados en dichos cursos.
Pero el cambio de Gobierno ha estancado el programa. Los últimos testimonios directos de víctimas del terrorismo se escucharon en las aulas a finales de enero. Encuentros estos últimos que fueron cerrados por el Ejecutivo del PSE antes de que finalizara su legislatura, según reconocieron desde la consejería de Educación que lidera Cristina Uriarte. Este aparente ‘bloqueo’ ha hecho saltar las alarmas en las filas socialistas, que temen que la iniciativa acabe por desdibujarse, a pesar de que, superadas las críticas, ahora es considerada por la comunidad educativa como un recurso pedagógico «valioso».
El programa recibió sendas evaluaciones positivas, tanto por parte de los alumnos como de los centros y del propio Consejo Escolar de Euskadi. Además, el compromiso del Carlton que en diciembre de 2011 rubricaron una veintena de agentes educativos –incluidas las tres universidades, las ikastolas y las patronales de la red pública y la concertada– vino a confirmar la eficacia del testimonio directo.
La exconsejera de Educación Isabel Celaá llevará esta cuestión al Parlamento vasco. En concreto, al pleno de control al Gobierno autónomo que se celebrará mañana en la institución legislativa. La parlamentaria del PSE ha registrado una pregunta destinada a su sucesora en el cargo, Cristina Uriarte, en la que sacará a relucir el parón que el nuevo Ejecutivo ha dado al programa, y le interpelará sobre los planes que el gabinete de Educación tiene sobre esta materia, de cara al curso que viene. Los colegios públicos cerrarán las puertas esta misma semana.
En las filas socialistas no dan crédito al hecho de que el Gobierno vasco optara por suspender los testimonios directos del grupo de víctimas del terrorismo, máxime después de que la dinámica con los damnificados –con carácter previo recibieron formación a cargo de un equipo de expertos–, así como con
los colegios, contaba ya con más de dos años de andadura. Al parecer, tres centros escolares habrían solicitado en los últimos seis meses al Ejecutivo de Urkullu sumarse a este programa, si bien su demanda no fue satisfecha. Cabe recordar que en la misma situación se encuentran los testimonios de víctimas de la violencia de género.

Posible ampliación
La pregunta de Celaá, que figura en el orden del día del pleno de control, es directa: «¿Cuál es el criterio del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura en relación al mantenimiento del programa de ‘víctimas educadoras’, valorado por numerosos centros como una experiencia vital para el alumnado y para el profesorado participante?».
Desde la consejería de Uriarte atribuyen el estancamiento que ha sufrido esta iniciativa al «impasse» propiciado por las elecciones autonómicas, que se celebraron en octubre del pasado año, y el cambio de Gobierno que resultó de las urnas. Un paréntesis que ha durado seis meses largos, desde que Iñigo Urkullu y su equipo tomaran posesión en sus respectivos cargos. Fuentes de Educación aseguran que su intención es la de dar continuidad al programa, si bien falta por concretar en qué circunstancias se impulsará de cara al próximo curso escolar. En cualquier caso, será la consejera la que responderá a esta cuestión mañana en el Parlamento vasco.
El plan de paz que presentó la pasada semana el lehendakari recoge en sus páginas la apuesta del Ejecutivo por conservar los testimonios directos de las víctimas en las aulas. Ahora bien, fija el mes de octubre como fecha tope para «aprobar e impulsar» el proyecto que dé continuidad a esta iniciativa. El Gobierno vasco, a través de la secretaría de Paz y Convivencia que lidera Jonan Fernández, está estudiando la posibilidad de ampliar este programa e incluir en el mismo a víctimas de abusos policiales o a expresos de ETA que rechazaron el uso de la violencia con fines políticos. Dos terrenos en los que el nuevo fichaje de la consejería de Educación, Aintzane Ezenarro, se mueve con soltura.
La exparlamentaria de Aralar figura desde el martes –así lo reflejó el Boletín Oficial del País Vasco– como una integrante más del esquema del gabinete de Urkullu. En concreto, se incorpora al Ejecutivo de Vitoria como asesora –aunque cobrará lo mismo que un director de área– para la coordinación del plan de paz dentro del Departamento de Educación. Entre sus cometidos destacarán, precisamente, el de gestionar el programa de ‘víctimas educadoras’, por ahora estancado, o el impulso del compromiso del Carlton en defensa de los derechos humanos y la convivencia.