EL MUNDO 01/06/2013
· El Gobierno lleva 15 meses de retraso en el desarrollo de la Ley de Víctimas del Terrorismo.
La Ley de Reconocimiento y Protección de las Víctimas del Terrorismo, una de las normas que consiguieron un mayor consenso la pasada legislatura, se lleva más de un año incumpliendo. En septiembre de 2011, las Cortes aprobaron por unanimidad el texto que repara y reconoce a todas las víctimas del terrorismo. La norma obligaba a que el Gobierno aprobara el reglamento que la desarrolla en seis meses ya que, sin ese desarrollo legal, es de difícil aplicación. Es decir, el Consejo de Ministros debería haber dado el visto bueno a este texto antes del 23 de marzo de 2012.
Casi ya 15 meses después, el Ejecutivo sigue sin aprobar la norma, ni cuenta con un texto definitivo que vaya más allá del borrador que presentó hace meses a las asociaciones de víctimas. El texto final incorporará muchos e importantes cambios, como explicaron a este diario fuentes del Ministerio del Interior.
La norma delimitará con precisión las reparaciones, indemnizaciones y ayudas que podrán tener las víctimas. Hasta ahora, estos aspectos están recogidos de forma difusa en varios decretos. El reglamento regulará su ámbito, los titulares y cuantía de las indemnizaciones, la reparación de los daños materiales, las ayudas para asistencia sanitaria y psicológica y las acciones del Estado para honrar a las víctimas de atentados.
Ayer mismo, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, instó al Gobierno a desarrollar este reglamento tras reunirse con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite). Su presidenta, Consuelo Ordóñez, reclamó a Becerril que presione para lograr que, «con carácter urgente, el Ejecutivo desarrolle el reglamento». Para Covite, la ley sin reglamento «se encuentra vacía de contenido».
El departamento que dirige Jorge Fernández espera que el decreto-ley del reglamento se apruebe a mediados de junio, después de que el Consejo de Estado emita su informe.
UPyD pide comparecencias
En abril de 2012, el Ministerio del Interior respondió al Congreso que estaba «trabajando intensamente en la elaboración del reglamento sin menoscabo de que, debido a los plazos de tramitación, pueda producirse algún retraso en su aprobación». Ante esta ya considerable demora, UPyD ha presentado varias iniciativas en el Parlamento para urgir a la aprobación del reglamento y conocer el porqué de la misma. Como en la norma intervienen cinco ministerios –según fijó la ley–, Rosa Díez ha pedido la comparecencia de los titulares de Interior, Justicia, Economía, Hacienda y Trabajo en sus respectivas comisiones para explicar cómo están los trabajos y cuáles son los motivos del retraso acumulado.
Como explicó Díez a este diario, esta demora es «a todas luces injustificable» ya que la Ley de Protección de las Víctimas del Terrorismo se aprobó por consenso de todos los partidos y el Gobierno tiene mayoría absoluta para desarrollarla y aprobar su reglamento.
«Parece como si, en política antiterrorista, el Gobierno tuviera que pedir permiso a alguien, como si estuviera en libertad vigilada no se sabe bien por quién», aseguró Díez.
La portavoz de UPyD recordó que, en abril, el Grupo Popular retiró del orden del día del Pleno del Congreso una proposición no de ley para instar al Gobierno a que investigue los más de 300 asesinatos de ETA que quedan por resolver. Esta retirada se produjo pocos días después de la entrevista secreta que mantuvieron el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. El PP aseguró entonces que volvería a presentar la iniciativa en un pleno posterior, pero no lo ha hecho. Esta misma semana, UPyD ha defendido una proposición similar en la Comisión de Interior ante la falta de iniciativa de los populares. Díez sólo encuentra «explicaciones sospechosas» ante esta «inacción». Pero prefiere no aventurar ninguna hipótesis hasta saber qué responde el ministro.
Fuentes del ministerio rechazan que haya ninguna intencionalidad oculta: «Al contrario, nosotros queremos sacar el reglamento cuanto antes mejor». El problema, añaden, es la cantidad de entidades con las que han tenido que consultar, dada la «necesidad de recabar la mayor cantidad posible de información».
EL MUNDO 01/06/2013