El 11 de marzo se celebra el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, que se estableció a raíz del fatídico atentado yihadista de Madrid de 2004 y que hoy coincide con su vigésimo aniversario. Nuestras instituciones han establecido también, en los últimos años, otras fechas en recuerdo de las personas que sufrieron esa terrible lacra. Así, el 27 de junio se conmemora el Día de la Memoria de las Víctimas del Terrorismo; y el 10 de noviembre (jornada en la que no ha habido ninguna víctima del terrorismo) se celebra en Euskadi el Día de la Memoria.

En todas esas fechas se viene recordando fundamentalmente a las víctimas que fueron asesinadas y sus familias. Hay que destacar además que, lamentablemente, aún se desconocen y no han sido juzgados más de trescientos asesinatos de la banda terrorista ETA. Afortunadamente, el reciente libro ‘Sin justicia’ (Espasa, 2023), de Florencio Domínguez y María Jiménez Ramos, homenajea a sus familias y trata de poner algo de luz y de justicia en todos esos casos.

Podríamos valorar, de forma global, que el esfuerzo de la sociedad y las instituciones con las víctimas del terrorismo, que sufrieron agresiones físicas directas con resultado de muerte o heridas, está siendo positivo, aunque seguro es mejorable y habrá que seguir trabajando en esa línea. No obstante, y es el sentido de este artículo, existe un colectivo de víctimas que está absolutamente olvidado y sobre el que no se ha hecho ningún trabajo (salvo el ‘Plan Retorno’ del Gobierno vasco de Patxi López, en 2011). Se trata, por tanto, de una tipología de víctimas que no cuentan con ningún tipo de satisfacción, evidentemente tampoco reparación y, lo que resulta más cruel, que no se sienten reconfortadas en esta sociedad del posterrorismo.

Ya en 1999 José María Calleja publicó el libro ‘La diáspora vasca’ (Aguilar), el primer estudio sobre esta clase de víctimas, que eran de una tipología muy diversa, desde familiares de víctimas mortales o heridos del terror hasta profesores universitarios, pasando por empresarios, directivos, profesionales liberales, políticos, miembros de la seguridad del Estado… y un largo etcétera. En el libro ya se estimaban entre 60.000 y 150.000 las personas afectadas. Más recientemente, la Fundación Buesa, en su XIX Seminario (noviembre de 2021), abordó el tema en unas jornadas sobre ‘Transterrados. Dejar Euskadi por el terrorismo’, cuyo contenido se plasmó en el libro que hemos mencionado anteriormente, editado por Antonio Rivera y Eduardo Mateo.

En él se analizan las características y dimensión de este colectivo, perfiles diversos y tipologías de extorsión, impacto específico en el mundo de la empresa (con estudio de algunos casos) y en la pérdida de vocaciones empresariales. El libro también nos recuerda la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo del Parlamento vasco de 2008, que no fue apoyada por la llamada izquierda abertzale, cosa que quizás y lamentablemente se entiende, ya que en su pasado y como también se dice en el texto, «el ‘paga y calla’ fue parte indiscutible de aquella comunidad de muerte que propició el transterramiento y otras tantas victimaciones».

Tristemente hemos de asumir que, a diferencia de otros objetivos de la banda terrorista ETA, en este caso lo consiguió, siendo quizás su mayor ‘logro’. Decenas de miles de vascos fueron expulsados de su tierra y permanecen olvidados, sin ningún tipo de iniciativa que pudiera revertir ese hecho.

Hoy asistimos a un nuevo tiempo, con una paz que parece consolidada y unos grupos políticos que dirimen sus propuestas en el marco de la legalidad europea, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Estamos a tiempo de trabajar por este enorme colectivo olvidado. Quizás merece la pena retomar los trabajos del Gobierno vasco de 2011, y las elecciones anunciadas para abril pueden ser una oportunidad para nuevos planteamientos y propuestas al respecto, que sería deseable fuesen muy transversales.