EL MUNDO 01/05/13
Dignidad y Justicia y AVT quieren que una treintena de agentes declare en el juicio
Sin dudas. Las acusaciones que representan a las víctimas del terrorismo lo tienen más que claro. Tanto Dignidad y Justicia como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) entienden que los dos procesados por el chivatazo del bar Faisán cometieron un delito de colaboración con banda armada y otro de revelación de secretos. Varían mínimamente las peticiones de pena. Así, Dignidad y Justicia, dirigida por Daniel Portero, pedirá 10 de prisión para el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies, y nueve para el inspector José María Ballesteros. Para la AVT, el mando principal debería ser condenado a ocho años y medio, y su subordinado, a ocho años.
En ambos casos se pide una pena accesoria de inhabilitación especial. Así, Dignidad y Justicia entiende que debería ser de 18 años para cada uno de los dos procesados. La AVT considera que Pamies debería ser inhabilitado cinco años y Ballesteros, cuatro.
Las acusaciones que representan a las víctimas de ETA entienden que aquel 4 de mayo de 2006, en el establecimiento de Irún regentado por Joseba Elosua, se produjo un episodio histórico en el que policías ayudaron a terroristas.
«Pamies tuvo conocimiento en la tarde del 3 de mayo de 2006 del operativo montado contra la red de extorsión y con la finalidad de frustrar el mismo y con ello las detenciones de los presuntos miembros de la red, entre ellos Gorka Aguirre, contactó con el otro procesado, José María Ballesteros», y llamaron a Elosua al Faisán, según el relato de hechos de Dignidad y Justicia que obra en poder de EL MUNDO.
En su escrito de acusación, asegura también que los agentes trataron de que Elosua «tuviera conciencia de la situación política» del momento. Le recomendaron que no hablara «ni por teléfono ni desde el coche», le alertaron de que sabían que la víspera había comido con Ramón Sagarzazu y el dirigente del PNV Gorka Aguirre. Y le explicaron que sabían qué significa «lo de las botellas de vino», lenguaje utilizado por ETA para referirse a los millones obtenidos por la extorsión a los empresarios.
Las dos acusaciones no exigen que comparezca el ex director de la Policía
Dignidad y Justicia reclama en su acusación que se cite a declarar en calidad de testigos a 36 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la gran mayoría destinados en servicios de la lucha antiterrorista. Además, también pide que tome declaración a todos los que aquella mañana del 4 de mayo realizaron llamadas desde la zona de influencia del Faisán, en concreto 68 personas.
Cifras parecidas las que aporta el documento remitido también ayer por la AVT a la Audiencia Nacional, con más de una treintena de agentes policiales que deberían, a su entender, ser citados a declarar.
Sí sorprende que ambas acusaciones no quieran llamar al que fuera el superior de los procesados, el ex director general de la Policía y dirigente de los socialistas vascos Víctor García Hidalgo.
La asociación de Daniel Portero reclama que se visione en el juicio el vídeo grabado aquella mañana por la Policía en el que se observa a Ballesteros entrar y salir del bar Faisán en el momento en que se presume que se perpetró el chivatazo.
Estas peticiones se producen poco después de que el Ministerio Público elevara al juez sus conclusiones. Siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado, el representante del Ministerio Público en la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, acusó a los dos policías de un delito de colaboración con banda armada. Hasta esa fecha, el fiscal Bautista siempre había sostenido que el chivatazo era un episodio de revelación de secretos, pero no de colaboración con banda armada.