LA RAZÓN, 9/9/12
La presidenta de la AVT se reunirá esta semana con el ministro del Interior para abordar este asunto
Madrid- «Mientras las víctimas están bajo tierra, sus asesinos viven en un hotel de cinco estrellas. Es vergonzoso». Una amarga sensación la vivida ayer por Ángeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y el resto de compañeros que vieron cómo, una vez más, se les negaba su derecho a pedir justicia. Siete fueron los kilómetros que recorrieron bajo un sol desafiante para llegar a la cárcel alavesa de Zaballa, donde se encuentran recluidos los presos de ETA que se acogieron a la llamada «vía Nanclares». Una vez allí, y contra todo pronóstico, les impidieron la entrada. Su único objetivo era entregar una carta al director del centro penitenciario y un libro de «Vidas rotas», con los nombres de todos los asesinados por la banda. Terminaron en manos de uno de los ertzainas que custodiaban el acceso a la prisión.
«Aquello es un retiro privilegiado. Tienen televisión en sus celdas y piscina climatizada», explicaba abatida Pedraza, mientras recordaba las concesiones otorgadas a presos de la banda. Motivo éste por el que la presidenta de la AVT ya ha confirmado que se reunirá esta semana con el ministro del Interior, Jorge Fernández, con una petición muy clara: «Un cambio en las leyes, ya que algunas son muy ambiguas».
Pero también irá con una imagen en la mente, la del etarra Iosu Uribetxebarria Bolinaga. Y es que más allá de limar asperezas con el titular de Interior por este asunto, Pedraza le trasladará la necesidad de cambiar la legislación para que «las víctimas tengan mayor participación» en casos como el que atañe al secuestrador de Ortega Lara. O lo que es lo mismo, «queremos tener voz y voto» y así, matiza la presidenta de la AVT, «poder ser parte y recurrir en casos como el de este asesino, sin esperar a que lo haga la Fiscalía».
Un hilo de esperanza
Así se lo hará llegar al ministro Jorge Fernández en ese encuentro cuya fecha está por cerrar. Cita a la que ambos acuden con el objetivo de cerrar las heridas abiertas en las últimas semanas. Si bien Pedraza reconoce que el Ejecutivo actuó conforme a la Ley, se muestra esperanzada en que el recurso planteado por la Fiscalía llegue a buen término y se demuestre que el juez José Luis Castro incurrió en «irregularidades» y que «se han hecho cosas mal». Ahora, la última palabra la tiene la Audiencia Nacional.
Sea como fuere, el objetivo de la AVT es «modificar esas leyes ambiguas, que favorecen a los asesinos» y humillan a las víctimas. Sin embargo, lejos de amilanarse, la asociación seguirá con sus «Marchas por la Justicia». La de ayer, desde la antigua prisión de Nanclares de Oca hasta la de Zaballa, ya forma parte de la historia. Es la primera vez que la Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifiesta en el País Vasco. De forma pacífica y simbólica atravesó el pueblo de Nanclares de Oca, sin que se produjeran incidentes, y acompañados en todo momento por efectivos de la Ertzaintza.
Más de un centenar de personas, algunos en silla de ruedas, acompañaron a Pedraza y los suyos portando banderas españolas. «Los vecinos se asomaban a las puertas y a las ventanas para vernos, pero no nos decían nada», relata la presidenta de la AVT, tras llegar, ya de noche, a Madrid. Y un apunte, finalmente, no coincidieron con Herrira, los simpatizantes y familiares de etarras que habían convocado su propio acto en el pueblo. Suerte que las víctimas quizá no tengan en su próxima marcha, la que tendrá lugar el día 15 hasta la cárcel de Teixeiro (La Coruña). Y es que, pese a que Herrira jamás se ha dejado ver por tierras gallegas, esta vez ha decidido llamar a los suyos para, ¿adivinan? Sí, manifestarse también el mismo día en Teixeiro. Pero, más allá de la anécdota, lo importante ahora es la reunión entre Pedraza y Fernández.
Un puente para el reencuentro que no han querido tender desde Voces contra el Terrorismo. Ayer, un millar de personas convocadas por esta asociación y la plataforma Mujeres por la Justicia se manifestaron ante el Ministerio del Interior para pedir la dimisión del titular de esta cartera y del Gobierno en pleno por la puesta en libertad de Bolinaga.
LA RAZÓN, 9/9/12