EL CONFIDENCIAL 06/05/15
· Las víctimas del terrorismo dan un ultimátum a Las Cortes para evitar que se celebre el acto promovido por la parroquia San Carlos Borremeo y los grupos nacionalistas
Las víctimas del terrorismo no están dispuestas a tragar. «No se puede permitir que los asesinos de ETA pisen el Congreso», sentenció ayer el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, cuya organización ha sacado adelante decenas de procesos judiciales contra la banda en la Audiencia Nacional. «Es una provocación de extrema gravedad», añadió la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza.
Ambos se referían al acto simbólico de reconciliación que protagonizarán por primera vez en el Congreso de los Diputados víctimas de ETA y de los GAL, una iniciativa promovida por la parroquia madrileña de San Carlos Borromeo, que ya el año pasado impulsó una escenificación similar en la que el miembro de la banda terrorista Josean Fernández, como recuerda Dignidad y Justicia en un comunicado, «justificó la matanza de Hipercor» cuando señaló al Gobierno como el culpable de aquella masacre «por no querer desactivar la bomba». «Resulta vergonzoso e intolerable que puedan volver a repetirse esas palabras precisamente en la sala Ernest Lluch, dirigente socialista asesinado por ETA».
Portero añadió que las dos víctimas de la banda que apoyan el polémico acto no son representativas del colectivo y que han sufrido un «síndrome de Estocolmo» al adherirse al discurso que siempre han protagonizado los terroristas. Una línea similar a la que defendió Pedraza, que destacó que la Cámara Baja ha cedido al «juego del lenguaje» que siempre han querido imponer los etarras. «Si el acto se celebra, habrán ganado esta batalla tanto en el País Vasco como en el propio Parlamento», indicó Pedraza, para quien la iniciativa supone «una provocación de extrema gravedad».
«Es como un teatro con el que pretenden poner de manifiesto que el fin del conflicto ha llegado, cuando llevamos años luchando porque este tipo de términos no se impongan», señaló la presidenta de la AVT. «Si estos van el 29 de mayo al Congreso, nosotros no iremos el 27 de junio», amenazó Portero en referencia a la jornada que anualmente organizan Las Cortes en honor a las víctimas del terrorismo. «Si ellos pisan la moqueta, nosotros no iremos», añadió el portavoz de Dignidad y Justicia, quien aclaró que en este camino no hay medias tintas. «O estás con las víctimas o estás con los verdugos», concluyó.
El pasado marzo, varias formaciones políticas con representación parlamentaria (Amaiur, Coalición Canaria, ERC, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai, PNV, CiU e Izquierda Plural) enviaron una carta al presidente del Congreso, Jesús Posada, en la que solicitaron la sala Ernest Lluch para celebrar un acto al que posteriormente denominaron En favor de la paz y la convivencia en Euskal Herria. La misiva fue iniciativa de la parroquia San Carlos Borromeo, que el año pasado había organizado un acto similar y quería que en esta ocasión se llevara a cabo en la sede de la soberanía popular.
Posada aprobó la propuesta y el pasado 7 de abril PSOE, PP y CiU -los tres grupos con representación en la Mesa del Congreso- aprobaron por unanimidad la concesión de la sala. Tan solo el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, mostró su queja ante Posada, quien ayer en Junta de Portavoces se comprometió a encargar un estudio jurídico sobre las consecuencias del polémico encuentro. Tras ese compromiso del jefe de la Cámara Baja, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, le pidió que impidiera la cita.
El acto tendrá lugar el próximo 29 de mayo, cinco días después de las elecciones municipales y autonómicas, y contará con la presencia de Rosa Lluch, hija de Ernest Lluch; Rosa Rodero, viuda del ertzaina asesinado por ETA Joseba Goitkoetxea; y Axun Lasa, hermana de Josean Lasa, asesinado por los GAL.