EL CORREO 21/03/13
· Aplauden la brillante intervención de la Abogacía del Estado y piden al tribunal que respalde por justicia, que no venganza, la doctrina Parot.
Las víctimas del terrorismo que viajaron ayer hasta Estrasburgo para seguir la vista oral celebrada en el Tribunal de Derechos Humanos en relación al recurso a la sentencia sobre Inés del Rió abandonaron la sala con más esperanzas que cuando llegaron. Tras escuchar durante dos horas los argumentos de la Abogacía del Estado y de la defensa de la etarra, los damnificados destacaron la brillante intervención del representante del Gobierno español, Isaac Salama, y confiaron en que la Gran Sala respalde por justicia, que no por venganza, la aplicación de la doctrina Parot.
Encabezados por la directora de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, la delegación que se trasladó a la ciudad francesa incluyó a la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y sus homólogos de la AVT, Ángeles Pedraza, y de Dignidad y Justicia, Daniel Portero. Los tres últimos, cabezas visibles de los principales colectivos de damnificados a nivel estatal, aprovecharon su viaje para depositar en el Tribunal de Estrasburgo las 10.000 firmas recogidas en los últimos dos días en apoyo de la ‘doctrina Parot’ para dejar claro que no solo las víctimas, «sino la ciudadanía española, «está a favor» de este sistema por considerarlo «muy necesario». Las asociaciones siguen sumando nuevas rúbricas a su manifiesto.
El mensaje de los damnificados, que siempre han insistido que no puede aplicarse la misma condena a quien «ha matado a una persona que a quien ha asesinado a 23», coincide con el que la Abogacía del Estado trasladó a los magistrados de la Gran Sala. Defienden que la ‘doctrina Parot’ «supone una condena más justa para los verdugos y, en definitiva, aplicar justicia para las víctimas y no permitir que haya impunidad». En estos términos se pronunció ayer Mari Mar Blanco, que esta vez desde Estrasburgo volvió a pedir que el TEDH avale la decisión del Tribunal Supremo de 2006, puesto que la derogación de este sistema podría traducirse en «la salida de prisión no solo de un centenar de terroristas sanguinarios, sino también de casi una treintena de delincuentes reincidentes como pueden ser violadores o asesinos».
La presidenta de la FVT advirtió que este escenario supondría «una falta de seguridad para todos» y «un agravio tremendo para las víctimas del terrorismo». «Por eso, hoy –por ayer– hemos venido con este sentimiento de apelar a la justicia, para que los verdugos de nuestros familiares cumplan la máxima pena establecida por el código de 1973», declaró Blanco.
Jurisprudencia
Los colectivos de víctimas que viajaron a la ciudad francesa, donde coincidieron con familiares de presos de ETA, consideran que la ‘doctrina Parot’ no representa una ampliación de las penas, sino que regula las condiciones legales que permiten la libertad anticipada, siempre teniendo en cuenta la reinserción. El portavoz de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, señaló en este sentido que el Tribunal de Estrasburgo «no se inmiscuye en la ejecución de la pena, sino en la pena». De hecho, en ocasiones anteriores este órgano ha considerado excesivo el número de años de una condena, pero no ha entrado a valorar cómo se aplican los beneficios penitenciarios sobre la misma.
Los afectados rechazan así de plano los argumentos esgrimidos por la defensa de Inés del Río y por la izquierda abertzale, que centran sus críticas en la ‘doctrina Parot’ como un sistema por el que el Gobierno español «retuerce las leyes para conseguir objetivos políticos castigando a los presos» e infringiendo sus derechos. Al contrario, los colectivos de afectados por la violencia se confiesan hartos de que «los asesinos y terroristas vengan aquí, como han hecho otras veces, a vender su imagen», ya que «los derechos humanos los tenemos las víctimas y hoy –por ayer– estamos aquí, que nos pongan cara», añadió Ángeles Pedraza.
La presidenta de la AVT se refirió de esta forma a la «campaña propagandística» que, a su juicio, «lleva a cabo» la antigua Batasuna a nivel inetrnacional en varios países y que, sostienen, «no se corresponde con la realidad» sino que busca, en esta ocasión concreta, «coartar al tribunal». «Lo que no puede ser es que se derogue la ‘doctrina Parot’, que es la única que ha impartido un poco de justicia, y se cree una sensación de inseguridad ahora que no nos merecemos después de tantos años», apostilló Pedraza.
EL CORREO 21/03/13