José Mari Alonso- El Confidencial
Un informe señala que la labor de las FSE tras la tregua trampa de 1998 y el cuestionamiento interno sobre la continuidad del terrorismo ante la «incapacidad» para derrotar al Estado marcan su defunción
ETA anunció el cese de su actividad el 20 de octubre de 2011 pero antes de este día hay dos fechas que avanzaron la defunción de la banda terrorista: a finales de 2001, cuando la banda terrorista inicia su declive por la actuación de las FSE, que neutralizan la inmensa mayoría de las células activadas durante la tregua trampa de 1998, dejando a ETA en una situación de debilidad estructural de la que no se recupera; y en 2007, momento en el que la banda criminal empieza a agonizar ante el cuestionamiento de los propios terroristas sobre la continuidad de la acción armada dada la fortaleza del Estado.
El análisis sobre el principio del fin de ETA se recoge en el último informe del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, elaborado por su director, Florencio Domínguez. La que es la tercera publicación de este organismo aborda ‘Las claves de la derrota de ETA’ en pleno debate interno en la banda terrorista sobre su disolución tras la “forzada” escenificación de la entrega de armas que llevó a cabo el pasado 8 de abril tras “fracasar” en su intento de lograr contrapartidas de los gobiernos de España y Francia, y de destruir los arsenales para evitar su entrega intacta a las autoridades.
El informe aborda el “debilitamiento progresivo” de ETA desde la ruptura de la tregua en diciembre de 1999, su “incapacidad” para mantener “un nivel efectivo de violencia”, la “erosión” del liderazgo de la cúpula etarra tras la detención de ‘Mikel Antza’ y su pareja Soledad Iparragirre, ‘Anboto’, en octubre de 2004, y la “pérdida de influencia” sobre su entorno dentro del «conflicto de intereses» entre la banda terrorista y su brazo político a raíz de la ilegalización de Batasuna y sus posteriores siglas. Asimismo, el volumen incluye datos de las incautaciones de armas y explosivos a ETA desde 1967 hasta 2016, cuando fueron aprehendidas más de 4.000 armas de fuego, 41 toneladas de explosivos y por encima de 2.000 granadas.
La «intensidad» de la respuesta policial tras la tregua trampa hizo que en 2002 ETA se encontrase «a la defensiva y desorientada»
En su análisis, Domínguez asegura que hay un periodo clave que marca el principio del fin de ETA y que engloba los tres años posteriores a la tregua trampa de 1998. La banda terrorista había aprovechado los 14 meses sin atentados para acometer un “esfuerzo de reclutamiento y organización de células similar al que había llevado a cabo a finales de los 70 y principio de los 80”, y que había hecho posible los llamados ‘años de plomo’, pero la acción policial fue “tan intensa” como la de la propia banda terrorista. Hay una serie de datos elocuentes: las FSE desmantelaron un tercio del más de medio centenar de comandos organizados por ETA antes de que hubieran llevado a cabo su primer atentado. Además, en 2001 se produjo la captura de 206 presuntos miembros y colaboradores de ETA, la segunda cifra más alta tras el “emblemático” año 1992. La «intensidad» de la respuesta policial hizo que al llegar el año 2002 ETA “no solo no había perdido la iniciativa sino que se encontraba a la defensiva y desorientada por su incapacidad para recuperar el nivel de violencia de los años anteriores”.
Durante los años 2000 y 2001 ETA tuvo capacidad para cometer un “buen número” de atentados y asesinatos (23 y 15 muertos respectivamente) pero a partir del otoño de 2001, una vez las FSE frenaron la ofensiva terrorista en la que la banda terrorista estaba inmersa tras la intensa labor de reorganización interna durante el alto el fuego, ETA “perdió la iniciativa y ya no volvió a recuperarla”. “La actuación policial había dado una respuesta adecuada a ETA y le había arrebatado la iniciativa. A partir de entonces el nivel de violencia siempre estuvo por debajo de las pretensiones etarras”, señala Domínguez. En 2002, los atentados se redujeron a la mitad y la cifra de víctimas mortales cayó a cinco.
ETA asume en 2008 que su «declive» desde 2001 era «lógico»: «No hemos valorado en su justa medida la incapacidad de un funcionamiento agotado»
La propia ETA asume que su defunción comenzó a escribirse en 2001. “A partir de 2002 se debilitó progresivamente la estructura en la clandestinidad (…). En los años 2000-2003 cayeron militantes con mucha experiencia militar (…). El declive que vino a partir de 2001 era lógico”, admitió el dirigente de ETA Garikoiz Aspiazu, ‘Txeroki’, en 2008 en un documento intervenido ese año por la Policía francesa dentro del material informático ocupado a los miembros del aparato político capturados en Burdeos, con Francisco Javier López Peña, ‘Thierry’, a la cabeza. “La evolución de los últimos años ha mostrado claramente que hemos tenido dificultades estructurales para hacer frente a la represión de una manera eficaz. Estaba a la vista que no hemos valorado en su justa medida la incapacidad que generaba un funcionamiento agotado y no hemos puesto los medios para llevar a cabo una reestructuración general”, enfatiza el ‘Informe de conclusiones de la asamblea de ETA 2008’.
Las fuerzas de seguridad “impiden un funcionamiento óptimo” de la organización terrorista, pero igualmente hay una serie de “decisiones equivocadas sobre las características organizativas del grupo y de sus militantes” dentro de ETA que, para Domínguez, “contribuyen también al fracaso” de la banda terrorista y facilitan la acción policial. Durante sus últimos años, ETA tuvo que funcionar con comandos que “en muchas ocasiones tenían una corta duración con el resultado de una limitada capacidad de actuar”. La “neutralización de la capacidad de encuadramiento” de ETA por las operaciones contra sus aparatos instalados en Francia fue “clave para lograr la pérdida de eficacia del grupo terrorista y para evitar su recuperación”, como lo había hecho en el pasado.
El periodo de 2000 a 2004 es “clave para la erosión” de las estructuras de dirección en ETA ya que todos los aparatos (militar, logístico y político) sufrieron un “deterioro espectacular” por la captura de sus líderes (los diferentes jefes iban cayendo con celeridad). Están ya asentadas las bases de la derrota de la banda, que se fortalecen además con tres iniciativas políticas de “gran importancia”: el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo firmado en 2000 por el PP y el PSOE, la Ley de Partidos de 2002 y la ilegalización de HB y otras siglas instrumentales creadas por la izquierda ‘abertzale’ para tratar de burlar la legalidad. La salida de Batasuna de las instituciones y el aval a esta medida del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo en 2009 abrió un “conflicto de intereses” entre ETA y su brazo político.
Las crisis internas se instalan en ETA durante la primera década de siglo con protestas en torno a las decisiones de la dirección que son sancionadas por vía disciplinaria. La propia dirección etarra reconoció en 2004 la “preocupación generalizada” entre los militantes debido a la falta de atentados. En este escenario de descontento generalizado, ETA intentó engañar de nuevo al Gobierno con la tregua de 2006 que saltó por los aires con el atentado contra la T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de ese año que causó dos muertos. Pero, a diferencia de lo ocurrido en 1999, la banda terrorista “no fue capaz de articular una gran ofensiva” porque las FSE “supieron atajar sus intentos de echar un pulso al Estado” tras la ruptura del alto el fuego. “Funcionó el plan B del Estado para acosar a ETA y a su entorno hasta hacerles asumir la inviabilidad de la continuidad del terrorismo”, asegura el director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en el informe.
El debate interno en 2007 comienza a cuestionar el terrorismo: se dice que «la actividad de ETA se ha convertido en perjudicial» o que «hoy en día ETA no es un problema para el enemigo»
Es entonces cuando la propia ETA constata una “impotencia” que “comienza a hacer mella en sus filas”, hasta el punto de que por primera vez se cuestiona la continuidad del terrorismo a nivel interno. “En la situación de enfrentamiento que se abrió con la ruptura del proceso de negociación no se hizo una previsión real de la ofensiva que llevaría adelante el enemigo, no se acertó en la medición de las fuerzas”, admitió ETA en el ‘Informe de conclusiones de la Asamblea de ETA 2008’. A la altura de 2007 la convicción de que la banda terrorista “no estaba en condiciones de crear graves problemas al Estado ni de tener incidencia política empezó a dejarse sentir en las filas de la banda terrorista”, tal y como se percibe en algunas enmiendas presentadas al debate interno por la banda ese año. “La lucha armada actual no tendrá la capacidad para acumular la fuerza necesaria”, “la actividad de ETA se ha convertido en perjudicial para la consecución de los objetivos estratégicos”, “la represión de los Estados nos ha superado”, “la posición del enemigo es cada vez más fuerte”, “la cantidad y calidad de nuestras ‘ekintzas’ [atentados] es penosa (desde hace unos años)” o “tenemos claro que hoy en día ETA no es un problema para el enemigo” se refleja en las clarificadoras enmiendas.
Sin embargo, pese a la aparición de estas voces en el seno de ETA que piden el abandono de las armas ante la “impotencia” e “incapacidad de condicionar al Estado”, la mayoría de los etarras participantes en el debate ratificó la continuidad del terrorismo, de modo que la banda terrorista “necesitó todavía cuatro años más para asumir su incapacidad y poner fin a su historia terrorista”. Han pasado ahora seis años del cese de la violencia y ETA sigue presentando el abandono de las armas como una decisión unilateral, pero, como sostiene Domínguez, se trató de una medida “forzada por el Estado, que, a través de sus herramientas judiciales y policiales, había conducido a la banda a la impotencia operativa”.
“Cuando ETA anunció que abandonaba el terrorismo lo único que hacía era reconocer su impotencia para sostener su enfrentamiento contra el Estado, una impotencia que arrastraba desde una década antes, desde finales de 2001. A la banda terrorista le costó diez años asumir que había perdido su pulso con las instituciones democráticas, pese a que en ese tiempo en el seno de ETA algunas voces habían advertido de esa incapacidad y de su declive”, asevera Domínguez en el informe. “ETA no dejó el terrorismo porque hubiera evolucionado o por cambios en las circunstancias políticas, sino por incapacidad para desarrollar un nivel de violencia mínimamente eficaz para sus intereses”, sentencia.
¿Armas en manos de los etarras disidentes?
Más de lo mismo se puede decir de la escenificación de la entrega de armas de abril en Bayona (Francia), que fue una “actuación forzada después de que ETA hubiera fracasado en su intento de negociar [el desarme] a cambio de contrapartidas con los gobiernos de España y Francia, y de que también hubiera fracasado la operación para destruir los arsenales y evitar su entrega intacta» a las autoridades. «El desarme no era más que la aceptación del último fracaso de ETA. La banda terrorista tuvo que asumir en abril de 2017 lo que no admitía en el mes de diciembre anterior, la entrega de sus armas sin manipular, y la única compensación que obtuvo fue la del montaje propagandístico organizado por la izquierda ‘abertzale’ para tratar de enmascarar la última renuncia de la banda.», apunta Domínguez.
El Centro Memorial de Víctimas refleja que faltan más de 40 armas y más de 300 kilos de explosivo en relación al inventario facilitado a las autoridades
En relación a las armas que contenían los diferentes zulos, el informe sostiene que el material entregado por ETA es inferior a las armas de fuego que la banda terrorista comunicó al grupo de intermediarios a quien encargó la escenificación del desarme. ETA dijo que los zulos contenían 120 armas. Sin embargo, los inventarios entregados por los intermediarios ya redujeron en un primer momento la cantidad a 107 armas y, posteriormente, «lo contabilizado por las autoridades francesas no llegaba a las 70 armas de fuego». Es decir, faltan más de 40 armas en relación al inventario entregado, del que también han desaparecido más de 300 kilos de explosivo. «Era conocido que ETA no tenía el control de todos sus zulos y que existen escondites que lo que queda de la banda no tiene capacidad de localizar, pero ese no es el caso de las armas que figuran en el inventario hecho por los propios etarras. Todas esas armas estaban localizadas y controladas por ETA, pero por circunstancias que no han explicado decidieron no entregarlas a las autoridades francesas», alerta el informe.
¿A qué se puede deber entonces la ausencia de algunas de las armas ‘declaradas’? Entre las posibilidades, el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo apunta a la hipótesis del robo por parte de etarras afines al sector disidente. «La conclusión final es que ETA ha ocultado una parte de su armamento por motivos que se desconocen. En medios de la lucha antiterrorista inicialmente se barajó la hipótesis de que el temor de los etarras a mover armas cuyos escondites podían estar vigilados hubiera llevado a la banda a no entregar una parte de los arsenales. Sin embargo, poco a poco se ha ido afianzando la sospecha de que esas armas han podido ser robadas a la organización terrorista por miembros de la propia ETA afines al sector disidente», sostiene.
«Poco a poco se ha ido afianzando la sospecha de que estas armas han podido ser robadas por miembros de ETA afines al sector disidente»
La publicación ‘Las claves de la derrota’ es el tercer informe que edita el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo tras ‘La estrategia del miedo: ETA y la espiral del silencio en el País Vasco’ y ‘La sociedad vasca ante la memoria de las víctimas y el final del terrorismo’.