El quinto aniversario de los atentados yihadistas en las Ramblas de Barcelona y el paseo marítimo de Cambrils se ha visto salpicado por los incidentes protagonizados por un grupo de independentistas seguidores de Laura Borràs, presidenta de Junts per Catalunya, suspendida de sus cargos de diputada y de máxima responsable del Parlament. Borràs está pendiente de juicio por los presuntos delitos derivados de la fragmentación de contratos para favorecer a un amigo cuando dirigió la venerable Institució de les Lletres Catalanes, fundada en 1937.

Los atentados de Barcelona y Cambrils se produjeron, inesperadamente, en vísperas del referéndum del 1 de octubre y del desenlace del proceso soberanista en las jornadas de septiembre y octubre de 2017. La masacre no provocó un movimiento de unidad en torno a las autoridades contra el terrorismo y de solidaridad con las víctimas. Por el contrario, escenificó la profundidad del conflicto y del choque de trenes en ciernes entre el Gobierno del Estado y el Ejecutivo autónomo. En la manifestación de condena, celebrada días después, organizaciones independentistas ocuparon la cabecera de la marcha con cientos de esteladas, conscientes del interés de los grandes medios de comunicación internacionales por el suceso. El Rey y el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, fueron abucheados en lo que algunos diarios calificaron de «encerrona».

El malestar de la Corona por esos incidentes, en un momento de debilidad de una institución que nunca ha sido muy popular en Cataluña y bajo los focos de los medios internacionales, está en la génesis del discurso del jefe del Estado el 3 de octubre. Una intervención que avaló la aplicación del artículo 155 de la Constitución, así como la ofensiva policial y jurídica contra los responsables de subvertir el orden constitucional. Felipe VI se vio forzado a ejercer una de sus funciones constitucionales como símbolo viviente y garante de la unidad nacional cuestionada desde la Generalitat.

Entonces, entre amplios sectores del movimiento independentista se buscó reconvertir el atentado islamista en un oscuro complot de los servicios secretos del Estado. Unas teorías de la conspiración sustentadas en las revelaciones sobre las actividades de la denominada ‘Policía patriótica’ y del comisario Villarejo, que guardan cierta semejanza con las urdidas por el PP tras el otro gran atentado islamista en España, perpetrado el 11 de marzo de 2004 en Madrid. Ello a despecho que la investigación del caso fuese conducida por los Mossos d’Esquadra -donde emergió la figura del mayor Josep Lluis Trapero-, al igual que las pesquisas sobre los presuntos delitos de Borràs también emprendida por este Cuerpo policial.

En realidad, los atentados apuntaban hacia otro grave problema que incuba la sociedad catalana: la integración de la inmigración. Particularmente, las circunstancias que condujeron a la radicalización de unos jóvenes de origen marroquí, criados y educados en Ripoll -un municipio de la Cataluña profunda famoso por su monasterio románico-, que integraban la célula terrorista que causó 16 muertos en Barcelona y Cambrils.

Ha pasado un lustro desde entonces. El movimiento independentista no se halla ahora en una fase ascenso, sino de declive. El fracaso de la vía unilateral ha provocado una cierta desmovilización de sus bases sociales y amargos sentimientos de frustración entre quienes creyeron que la secesión estaba al alcance de la mano. Actualmente, el independentismo está profundamente dividido y sin una estrategia clara para conseguir sus objetivos.

Laura Borràs pertenece al núcleo duro de Junts, dirigido desde Waterloo por Carles Puigdemont, que insiste en persistir en esa vía unilateral. El episodio de la interrupción del minuto de silencio en la Rambla, del que ayer intentó desmarcarse tras la polémica suscitada y que consideró «fuera de lugar», estuvo precedido, días antes de su suspensión como diputada y presidenta del Parlament, por el grave incidente en un programa de TV3. En presencia de Borràs, su ‘mano derecha’ Francesc Dalmases, diputado de Junts y miembro de la comisión de control de la Corporació Catalana de Mitjans de Audiovisuals (CCMA), le montó una bronca monumental a una periodista por sus preguntas sobre la situación judicial de la expresidenta del Parlament, quien intentó quitar importancia al incidente y disculpar a su compañero. Este hubo de dimitir de su cargo en la CCMA.

La situación de Borràs sirve como metáfora del creciente aislamiento de esos sectores respecto no solo de la sociedad catalana, sino de amplios sectores del independentismo y de su propio partido, que se ha visto obligado a desmarcarse su presidenta por su apoyo al grupo que reventó el minuto de silencio y ofendió a los familiares de las víctimas de la masacre.

El comportamiento de la dirigente independentista, que se resiste con uñas y dientes a abandonar sus cargos y avala las teorías de la conspiración, se asemeja a una versión catalana del estilo nacionalpopulista de Donald Trump y Boris Johnson.