Ya casi nadie habla de Gobierno Frankenstein (‘copyright’de Rubalcaba) pero este fin de semana se ha cumplido un año de su versión 2.0, ampliada, aunque no precisamente corregida, con la suma de otro partido separatista. La acumulación de irregularidades institucionales incluso ha logrado que la opinión pública haya asimilado la amnistía, descomunal escándalo de corrupción política cuyos efectos sólo parecen preocupar ya a la justicia. Quizá pronto queden también digeridas las imputaciones de un exministro, de la mujer del presidente y del titular de la Fiscalía, igual que han quedado amortizadas las negociaciones con Puigdemont en Suiza –que se siguen produciendo–, la falta de Presupuestos, las excarcelaciones de etarras, el paréntesis de los cinco días, el proyecto de concierto fiscal para Cataluña o la parálisis inducida de un Parlamento carente de actividad legislativa. El gran activo del sanchismo es su éxito en la naturalización de las anomalías.

La escasa o nula cohesión del bloque de investidura, en realidad una coalición negativa para cerrar el paso a la oposición, anunciaba una legislatura inviable desde su nacimiento. Un mandato abocado a la inestabilidad y al bloqueo, secuestrado por unos partidos sin otro objetivo que el de mantener bajo chantaje al Gobierno. Sólo que Sánchez se conforma con eso, a sabiendas de que la aritmética parlamentaria le permite aferrarse al poder e ir comprando tiempo. No le preocupa la imposibilidad de gobernar en el sentido convencional del término, sino la permanencia en su puesto. La posición de privilegio que le permite ocupar las instituciones e instaurar desde ellas un orden presidencialista, cesáreo, estructurado a base de afectos y desafectos, de malos y buenos, de «nosotros» y «ellos». Su programa real consiste en impedir la alternancia y el resto son problemas secundarios, inconvenientes técnicos en la tarea de mantener a la derecha lejos.

Los mentideros políticos, apropiada expresión, llevan meses hablando de elecciones anticipadas. Ésa, o como mínimo la cuestión de confianza, sería la salida previsible en la lógica democrática cuando un Ejecutivo sufre reiteradas derrotas parlamentarias –que los socios le infligen a modo de amenaza– y se ve obligado a retirar proyectos de ley o dictar decretos para evitarlas. Pero con las encuestas en contra y a la baja –a falta de medir la repercusión de la catástrofe valenciana– será difícil que el presidente se arriesgue a jugar esa carta. Si lo hace, bien porque detecte una subida de Vox en detrimento del PP, porque atisbe una fuerte bajada de las fuerzas independentistas catalanas o porque en los tribunales empiecen a caer imputaciones en cascada, será mediante un frente popular de facto que coloque al país ante el fantasma redivivo de las dos Españas. El corolario dramático de seis años de estrategia de polarización a gran escala.