Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 7/9/11
A lgo tiene que ir decididamente mal en un país cuando, no ya los ciudadanos, sino las autoridades, se niegan a dar cabal cumplimiento a los pronunciamientos judiciales.
Hace medio año, el Tribunal Supremo dictó varias sentencias (de 9, 13 y 16 de diciembre) anulando otras del Tribunal Superior catalán que negaban a varias familias el derecho a que sus hijos fueran educados también en castellano. Tal anulación era obligada, vista la doctrina del Tribunal Constitucional en la sentencia que resolvió el recurso del PP contra el Estatuto catalán. Ahí afirmaba, entre otras cosas, el TCE que el carácter del catalán como lengua propia «no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de ambas lenguas en perjuicio del castellano» (F. J. 14), que «como principio […] el castellano, no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (F. J. 14), y que la previsión estatutaria del catalán como lengua vehicular era constitucional si no privaba «al castellano de la condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza» (F. J. 24).
Es verdad que una mayor coherencia del TCE, anulando lo que el mismo entendía inconstitucional, nos hubiera ahorrado un montón de problemas, pero también que su doctrina fija rotundamente que la inmersión se opone a la cooficialidad lingüística prevista en la Constitución. Eso es lo que en diciembre reconoció el Supremo, desdiciendo a todos los que sostienen lo contrario.
Sin embargo, su doctrina nada importa a la Generalitat que, en un desafío inadmisible al Estado de derecho, ya ha anunciado que seguirá, como si nada, con la inmersión, incumpliendo tanto las sentencias del Supremo como el reciente auto del Tribunal Superior catalán ordenando darles inmediato cumplimiento: ese órgano reconoció el lunes que el Supremo no dispone que su decisión quede limitada a las partes y no pueda significar su aplicación a toda la enseñanza en Cataluña. Ni parece importarle, lo que es mucho más grave, si tal cabe, al ministro de Justicia, que, defendiéndose a sí mismo, cuando sostuvo que era constitucional lo que el TCE declaró que no lo era, afirma ahora, contradiciendo también al Tribunal Superior de Cataluña, que la sentencia del Supremo solo afecta a los casos objeto de sus pronunciamientos: no sabe el ministro que la doctrina de aquel en casación persigue la defensa del derecho objetivo y es, en este caso, la directa consecuencia de la doctrina del TCE.
La Generalitat y, quién lo diría, ¡el ministro de Justicia!, nos han devuelto a tiempos ya pasados, cuando era frecuente que en la América española se emplease, en relación con las órdenes del rey, la fórmula «la ley se acata pero no se cumple». Por desgracia para el país y los derechos de sus ciudadanos, ahí estamos otra vez.
Roberto Blanco Valdés, LA VOZ DE GALICIA, 7/9/11