Editorial-El Correo
La lentitud y descoordinación con las que el Gobierno gestiona las consecuencias de la entrada ilegal de 80.000 personas en Ceuta no solo desesperan a los habitantes del enclave, sino que envalentonan a Marruecos. Lejos de explicar su desatención en su obligación de controlar su lado de la valla el 30 de julio, las autoridades marroquíes se revisten de superioridad moral para exigir que España «agilice» el retorno de los menores no acompañados. Esto después de no haber demostrado, en casi dos semanas, preocupación alguna por sus nacionales, ni por los miles que siguen en situación irregular ni por los que murieron cuando nadaban hacia la costa española. Pese a la condición de «socio fiable» que Madrid y Bruselas siguen atribuyendo a Rabat, la afirmación de que toma «todas las medidas necesarias» para evitar otra llegada masiva -como la que se convoca para el sábado a través de redes sociales- solo provoca desconfianza. Sobre todo cuando trata de aprovechar la desestabilización de la ciudad autónoma y la división política en España para hacer pasar por «asunto pendiente» una reclamación de soberanía que deslegitiman la historia, el derecho y la voluntad de los ceutíes y los melillenses.