La jura de la Constitución de la princesa de Asturias que acogerá este martes la sesión extraordinaria y conjunta de Congreso y Senado será una ceremonia de particular trascendencia. Una que va más allá de la celebración de la mayoría de edad de la heredera al trono siguiendo la estela de su padre, al igual que ha hecho ya estudiando en el extranjero, jurando bandera, procesionando en el desfile militar y entregando los Premios Princesa de Asturias.
Porque el solemne acto en un Congreso de los Diputados engalanado tiene una faceta jurídica elemental regulada legalmente, en un protocolo cuya elaboración explica hoy en su Tribuna el exministro Virgilio Zapatero. De ahí que haya sido un acierto por parte de los presidentes de las Cámaras y del Ministerio de la Presidencia emular el juramento del entonces príncipe Felipe VI en 1986.
Pero la jura tiene también una dimensión simbólica aún más relevante. Leonor se dispone a renovar los votos constitucionales de la monarquía parlamentaria para con las Cortes Generales y los poderes constituidos del Estado.
Es decir, que al prometer guardar y hacer guardar la Constitución, la princesa de Asturias adquirirá con los españoles el compromiso de perpetuar el armónico —y virtuoso— binomio entre monarquía y democracia vigente en España desde hace más de cuarenta años.
Por eso, resulta aún más absurda la ausencia en la sesión de PNV, BNG, ERC, Junts, Compromís y los ministros de Podemos. No alcanzan a entender que no se trata de una liturgia extravagante para rendir pleitesía a una figura anacrónica y antidemocrática, sino, precisamente, de una reafirmación ritual por parte del futuro jefe del Estado de su lealtad a los representantes de la soberanía nacional.
La espantada de los grupos nacionalistas y populistas sintetiza gráficamente el clima de creciente —aunque aún minoritaria— hostilidad hacia la Corona que, como representante de la continuidad de la nación española, tendrá que enfrentar Leonor cuando suceda a su padre.
Y en este contexto de intentos de boicot de buena parte de los socios de Sánchez, de recobrado protagonismo de las fuerzas separatistas y de proliferación de amenazas a la arquitectura institucional del 78, las obligaciones que la princesa adquirirá este martes cobran una especial pertinencia.
En un tiempo de cronificación de la inestabilidad política, de bloqueo parlamentario y de crisis del régimen constitucional, se hace más comprensible para todos los ciudadanos la razón de ser de esta institución personal como garantía de estabilidad intergeneracional.
El horizonte es halagüeño, porque Leonor algún día recibirá el testigo de quien ha logrado reflotar la reputación de la Corona desde el estado crítico en que la había dejado el descrédito de Juan Carlos I que condujo a su abdicación en 2014.
La mejora de la percepción ciudadana de la monarquía la constata el último barómetro realizado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, de acuerdo con el cual los españoles conceden a Felipe VI una nota de 7,3.
Y prueba de que la ejemplaridad, la formalidad y la aplicación de Leonor ha sido un ingrediente clave en este repunte de la Corona es el 8,2 que los españoles otorgan a la princesa, convirtiéndola en el miembro mejor valorado de la Casa Real. Se puede decir que Felipe VI salvó la monarquía y que, con su jura, Leonor afianza ahora su supervivencia.
A sus buenas aptitudes, que permiten anticipar que cumplirá sus funciones constitucionales con el mismo celo y con idéntica pulcritud que su padre, se le suma su condición de mujer de apenas dieciocho años. Un perfil humano y cordial que puede acercar una monarquía siempre necesitada de renovación y de feminización a las nuevas generaciones.
De hecho, nuestro sondeo muestra que la princesa de Asturias cuenta con una notable valoración entre los más jóvenes, el sector de la sociedad que más escéptico se suele mostrar hacia la Corona.
El juramento de este martes, en cualquier caso, va mucho más allá de un acto publicitario para volver a constatar la simpatía, la lozanía y la corrección de Leonor. Al enunciar su promesa al pueblo español, la heredera contribuirá a definir un horizonte de certeza, confianza y previsibilidad en una sociedad atenazada por la incertidumbre. Y así el sombrío paisaje de la política actual podrá darse una tregua con al menos un día de esperanza.
Y es que, como personificación de la neutralidad del Estado de derecho, y en cuanto armonizador de la pluralidad española en una unidad común que garantiza la convivencia, la monarquía es el último resquicio del consenso político transversal. La última materia sujeta a un acuerdo de Estado en la polarizada política española.
Que Leonor jure ser fiel al respeto y la garantía de los derechos y libertades de los españoles sólo puede recibirse como un buen augurio para la continuidad de un orden constitucional que algunos daban ya por agotado.