Eduardo Uriarte-Editores
- De como la paulatina conversión del Gobierno en una jauría insultante de sans-cravates acaba como tenía que acabar: en un gran estropicio.
El discurso del presidente del Gobierno en el desequilibrado debate en el Senado contra Feijóo constata la imposibilidad de crear un mínimo espacio de diálogo capaz de resolver la grave situación que padecemos y, muy especial y perentoriamente, la crisis de la Judicatura. Crisis manifiesta tras la responsable declaración y ultimátum de Carlos Lesmes.
No es una sorpresa el ataque que padeció Feijóo en el Senado por parte el presidente del Gobierno, aunque escandalice por la falta de educación. Sánchez alcanzó el poder tras enarbolar ese monstruo argumental de la antipolítica del no es no y mantiene un Gobierno cuyo codiciado fin de varios de sus componentes y valedores parlamentarios es la destrucción del Estado, siendo el Poder Judicial una pieza fundamental de él. En coherencia con el proyecto de ruptura que padecemos desde su llegada, la quiebra del Poder Judicial sería la confirmación del inicio del fin del sistema del setenta y ocho y del Estado liberal que nos otorgamos, tras un primer y llamativo paso de nombrar fiscal general del Estado a la que acababa de ser su ministra de Justicia.
Es evidente que la orfandad ideológica que el socialismo español padece desde el abandono de González -muy criticado por sus propias bases izquierdistas y sindicalistas- le aproximó al socialismo latinoamericano populista y totalitario, provocando la deriva iliberal, que le permite, en una exaltación democratera -en un exceso propio del esencialismo democrático diría Ruiz Soroa-, sobre el abonado terreno de la partitocracia española, proseguir la toma absoluta del Estado por el partido y sus aliados -movimiento común en un futuro cual lo fue Podemos-. De la toma de las Tullerias por los sans-culottes a la toma del Estado por los sans-cravates.
Aunque existan grandes esfuerzos por extender las responsabilidades del desencuentro a la oposición -que la tiene también-, el responsable primero y muy principal es Sánchez. En todo sistema democrático (que no desee la ruptura) corresponde al presidente del Gobierno posibilitar el clima y los cauces para concitar el encuentro. Sin embargo, si algo caracteriza la trayectoria marcada por nuestro presidente y su partido es su distanciamiento con la oposición constitucional, declarándola peyorativamente ultra derecha, asociándola con el franquismo para mayor desprecio, a la vez que pronuncia su tendencia a la ruptura en alianza con todas las opciones antisistema y secesionistas. Posiblemente sea una hipótesis: el paso en el asalto del Poder Judicial y de ahí al Constitucional venga provocado en la necesidad pactada con los nacionalistas periféricos de mutar la Constitución en el fundamental aspecto de la formulación de la unidad territorial de España antes de que este Gobierno pierda las elecciones.
Si se tratara de llegar al acuerdo para resolver los problemas correspondería a un gobierno democrático posibilitar un clima dialógico donde los diversos aspectos del edificio político existente funcionaran, pero este no está interesado en ello. El ataque en el Senado al líder de la oposición y la conversión del Gobierno en una jauría insultante hacia todo el arco constitucionalista así lo atestiguan. Impone a la derecha democrática, negocia con los antisistema.
En esta tesitura, el Poder Judicial, tras la conversión en instrumento del Gobierno del Legislativo -primer responsable por no convocar la sesión de los nombramientos en sede parlamentaria como manda la Constitución-, acabará inerte. Esta es la democracia plena que nos trae Sánchez, un estropicio, presionado por la posible promesa de confederar el Estado y posibilitar la secesión mediante un mal traído derecho de autodeterminación. La culpa, afortunadamente, la tendrá el PP. Que en ella también se escudará Sánchez ante sus socios secesionistas.