Carlos Lesmes elevó ayer el tono en su discurso de apertura del año judicial como no lo había hecho nunca antes. Y es que el presidente del Tribunal Supremo (TS) lleva ya tres años consecutivos exigiendo a PSOE y PP corregir la «grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones» que supone el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su última llamada a la lealtad institucional de los dos grandes partidos nacionales, Lesmes deslizó incluso que presentará su dimisión en caso de que no se acuerde la renovación inmediata del órgano de gobierno de los jueces.

No se arredró el presidente del TS por la presencia de Alberto Núñez Feijóo en la ceremonia. Lesmes, de hecho, pareció señalar como uno de los responsables del bloqueo al PP cuando llamó a pactar la renovación «de conformidad con la legalidad vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo».

Pero también hizo referencia velada al Gobierno cuando defendió la reforma del actual sistema de elección a la vista de la «permanente falta de entendimiento» de las fuerzas políticas y a la «percepción negativa de politización, de manejo interesado por los políticos, que compromete su apariencia de neutralidad y la confianza en la Justicia».

La renovación, prioridad

Es inaceptable que el CGPJ vaya camino de su cuarto año de prórroga. EL ESPAÑOL se suma por tanto a las palabras de Lesmes, que suscribe en su integridad, e insta a las dos grandes fuerzas políticas a escuchar el llamamiento del presidente del Poder Judicial y a llegar a un acuerdo para el desbloqueo de este.

La doctrina del presidente del Supremo condensa punto por punto el posicionamiento de este periódico. El método de designación de los vocales debe ser modificado para corregir una politización de la justicia que pone en riesgo los equilibrios del Estado de derecho. Pero, por encima de eso, la prioridad es acabar con una situación de prórroga de funciones del CGPJ que no es menos gravosa para nuestras instituciones.

Por eso, Feijóo debe desligar la reforma de la ley de la renovación del CGPJ y no intentar solventar ambas a la vez. Feijóo no debe condicionar la renovación de un órgano constitucional fundamental a un cambio del modelo que regula su elección.

Debe, en cambio, pactar la renovación con la ley actual. Y cambiar la ley cuando llegue al Gobierno, si de verdad aspira a reforzar la independencia judicial.

A su vez, el PSOE debe aceptar que en esta ocasión obtendrá un resultado que le beneficia, pero que deberá ceder después. Porque Sánchez no puede olvidar que, al negarse a que sean los jueces quienes elijan a los jueces, se está situando fuera del espíritu constitucional y de lo que exigen los jueces y la Unión Europea.

Recurso al sorteo

No hay que olvidar tampoco la responsabilidad de los actores parlamentarios en este interminable bloqueo. Porque es a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a quienes corresponde designar a los vocales del CGPJ. Y es a los presidentes de ambas Cámaras, y a las respectivas mesas, a quienes corresponde propiciar que los grupos parlamentarios se reúnan y lleguen a un acuerdo.

La escasa independencia de los grupos políticos respecto a la disciplina de voto impuesta por sus partidos y a las conveniencias del Ejecutivo deriva en el incumplimiento por parte de las Cámaras de sus deberes constitucionales. Y esto condena a las Cortes al papel de espectador pasivo de los cambalaches de PP y PSOE.

Si los partidos siguen mostrándose incapaces de llegar a un acuerdo, la opción de último recurso debe ser la fórmula del sorteo de los vocales, como ha defendido en EL ESPAÑOL el catedrático y exministro socialista Virgilio Zapatero.

Una vez que se ha alcanzado un punto de no retorno en el que ningún mecanismo de elección resulta satisfactorio para ambas partes, extraer aleatoriamente del panel de candidatos a aquellos que se someterán a la votación del pleno es una alternativa factible y acorde con la Constitución.

Pero antes de llegar a ese punto PP y PSOE deben retomar las negociaciones e intentar llegar a un pacto en el sentido exigido por Lesmes. Cualquier otra alternativa nos condena a una crisis institucional de imprevisibles consecuencias.