Una ley de Vivienda impulsada e inspirada por la extrema izquierda sin autorizar expropiaciones resulta casi motivo de sospecha. Hay truco. Y consiste en que la norma no necesita incautar casas porque lo que de verdad expropia son derechos, el de libertad de mercado y el de propiedad privada en concreto. El proceso expropiatorio, al fijar una compensación aunque sea baja, no deja de reconocer al individuo como dueño de su finca urbana y obliga al Estado a comprársela; en cambio la intervención de los precios del alquiler y las facilidades a la okupación (con la k que le confiere una dimensión revolucionaria) la enajenan de facto sin tener que pasar por engorrosas rutinas burocráticas. Los trámites, las molestias, incluso los gastos de esa transmisión real de uso corren por cuenta del propietario, incapacitado en la práctica para disponer libremente de su posesión y para instar la ejecución de un desahucio, obligado a soportar la morosidad e inerme ante una eventual invasión que, en el mejor de los casos, sólo podrá revertir con un reclamación judicial cuya gestión puede demorarse años.

De este modo, el sanchismo otorga al inquilino deudor y al expeditivo `okupante´ una protección con carácter de verdadero blindaje. Más de la mitad de los asalariados españoles están por debajo de los 1.800 euros mensuales que la nueva ley considera el límite de una situación socioeconómica vulnerable. Sucede sin embargo que un ciudadano que cobre ese dinero no podría acogerse a la mayoría de ayudas asistenciales que concede el Gobierno. Pero sí puede dejar de pagar el arrendamiento sin correr ningún riesgo, siendo el arrendador quien debe demostrar —mediante una declaración pormenorizada de sus bienes— la necesidad vital de percibir esos ingresos. En realidad, el inquilino que suscriba un contrato en este marco legal ya demuestra un aceptable nivel de buena conciencia; de otra manera le sería fácil procurarse una `solución habitacional´ sin mayores problemas por el concluyente método de la patada en la puerta.

Si se mira bien la cuestión hay poco de qué extrañarse. Cuando se arma un Gobierno en el que un partido surgido del movimiento antidesahucios desempeña una posición relevante, nada resulta más lógico que un proyecto legislativo de esta clase. «In dubio pro okupa», en el certero aserto de la letrada y articulista Guadalupe Sánchez. Si acaso lo que puede sorprender es que, como se queja Podemos, se haya promulgado tan tarde, con la legislatura a punto de agotarse y el presidente acuciado por premuras electorales. La cohabitación con los radicales ha empujado al PSOE fuera del ámbito sociológico de las clases medias, a las que ha decidido endosar los costes de sus medidas de emergencia. La seguridad jurídica ha pasado a ser una abstracta entelequia burguesa. En puridad, esta norma debería de llamarse Ley de Libre Acceso a TU Vivienda.