Ignacio Camacho-ABC

• Un Estado puede soportar ciertas paradojas y contradicciones, pero no la de legislar contra sus propios servidores

Tiene lógica que un Gobierno aliado con delincuentes se lleve mal con los jueces y la Policía. Lo de delincuentes no es ninguna hipérbole: hay dirigentes de Podemos, ERC y Bildu condenados por agresión a la fuerza pública, sedición y pertenencia a banda terrorista. Es del todo coherente, pues, que esa anomalía del sanchismo que podría denominarse hibristofilia política se vea reflejada en su producción normativa. El ejemplo más claro es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, convertida por los socios del Ejecutivo en salvoconducto de impunidad para la violencia de las barricadas y ‘performances’ incendiarias tan del gusto de sus ‘borrokitas’ de sudadera y pasamontañas. En este caso además son ellos mismos los que han redactado las enmiendas que desarman en sentido literal y jurídico a los guardias al desposeerlos de la presunción de veracidad y de material antidisturbios contra la guerrilla urbana. La manifestación de ayer es la consecuencia natural de esa mutua pérdida de confianza entre los miembros de la gendarmería y su estructura jerárquica.

Un Estado puede admitir en su seno ciertas paradojas y contradicciones, pero no la de legislar contra sus propios servidores. La ley en ciernes supone una revocación de la autoridad de los cuerpos policiales, a los que convierte ‘de facto’ en meros espectadores de futuros altercados y desórdenes. Y el problema no es que los partidos extremistas intenten empoderar a sus brigadas de choque sino que puedan contar con el respaldo de una organización sistémica como pretende seguir siendo el PSOE. Marlaska y Sánchez han de aclararse: este proyecto no es compatible con la tanqueta de Cádiz, que por cierto se echó en falta cuando Barcelona ardió en hogueras prendidas por las turbas radicales. Aquel conflicto fue mucho más relevante pero los independentistas catalanes tienen ante este Gabinete estatus consagrado de intocables. Y ahora se disponen a dar rango de norma orgánica a ese blindaje.

Quizá se estén preparando para el momento en que pierdan el poder y la alternativa sea recibida con oleadas de agitación callejera. Algo se atisbó ayer en las reacciones oficialistas a la protesta que acusaban a los manifestantes de connivencia con la derecha. Por lo visto estos sedicentes progresistas no consideran a los agentes trabajadores sino sicarios, según una mitología mental instalada en la nostalgia de no haber participado en la resistencia contra Franco. Se les ha olvidado que son ellos los que están al mando y que esos esbirros desdeñados protegen sus casas y se cuadran a su paso. La disfunción se puede entender -que no disculpar- en tipos que aún se creen revolucionarios pero los socialistas llevan gobernando suficientes años para no ignorar el compromiso de las fuerzas de seguridad con el servicio democrático. Y van a pagar su lealtad con un pacto que las deja a merced de los vándalos.