Los dirigentes políticos recurren –como el Ayuntamiento de El Port de la Selva al considerarse excluido de la Constitución española– a expresiones simbólicas para manifestar sus desacuerdos, pero sin trascendencia efectiva. Las discrepancias con una ley o con una sentencia son legítimas, pero no lo es elegir a la carta qué parte de la norma se aplica y cuál no.
En el régimen foral vasconavarro existió la figura denominada pase foral o derecho de sobrecarta en virtud de la cual los territorios podían negarse a obedecer una ley que se considerase en conflicto con sus propias normas.
Esa institución se resumía en la expresión «se acata, pero no se cumple». El pase foral desapareció en el siglo XIX, pero sus ecos han resonado en las palabras del presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, al señalar que todavía no había razones para acatar la ley del aborto por estar pendiente de sentencia en el Tribunal Constitucional. Y también en las del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al mencionar la posibilidad de recuperar a través de otras leyes aquellos aspectos del Estatut de Catalunya que el TC ha declarado inconstitucionales.
Las leyes, como las sentencias, están para ser cumplidas y obligan a los particulares y a los responsables políticos, con independencia del grado de satisfacción que la norma provoque en el administrador público que debe garantizar su aplicación. En algunos supuestos se contempla el derecho a la objeción de conciencia, pero es un derecho reservado para profesionales, no para los políticos. Los médicos, que por cierto, están reclamando una regulación específica de la objeción, pueden invocar el derecho a negarse a realizar determinadas prácticas apelando a su conciencia.
La sanidad navarra hasta ahora no ha practicado abortos y eso lo ha justificado el Gobierno de Pamplona en la existencia de una negativa generalizada por parte de los médicos, aunque recientemente un grupo de profesionales rebatió ese argumento. Como solución, el Gobierno de Navarra ha derivado a las mujeres que querían abortar hacia otras comunidades y así es como se plantea cumplir la nueva ley.
De la misma forma que ningún juez puede negarse a aplicar una ley por muy en desacuerdo que esté con ella, tampoco lo puede hacer ningún administrador público. Si un juez o un político entienden que su conciencia no les permite aplicar una ley, el único camino que tienen es la renuncia, no la paralización de la aplicación de la norma. La peculiar abdicación durante unas horas de Balduino, el rey de Bélgica, para no firmar la ley del aborto es un ejemplo, aunque sea un poco extraño renunciar al trono durante un rato y luego volver a él.
Los dirigentes políticos recurren, como ha hecho el Ayuntamiento de El Port de la Selva al considerarse excluido de la Constitución española o como hacían otras corporaciones que se declaraban territorio no nuclear, a expresiones simbólicas con las que manifestar su desacuerdo con una norma, pero sin trascendencia efectiva. Las discrepancias con una ley o con una sentencia son legítimas, pero no lo es elegir a la carta qué parte de la norma se aplica y cuál no.
Florencio Domínguez, LA VANGUARDIA, 7/7/2010