Libertad de expresión

ENTRE las muchas batallas ideológicas que el centro-derecha ha renunciado a dar destaca la de las palabras, conceptos, significados; el material con el que se construye el pensamiento, tejedor, a su vez, de la política. Los generales del campo popular han priorizado los números, abandonando a su suerte a las letras. Han despreciado cuando no maltratado a la Cultura. Se han desinteresado de la Universidad, convertida en semillero de Podemos y coto privado del movimiento antisistema. Han mirado por encima del hombro a la Educación, considerada una engorrosa fuente de problemas. Lejos de atenerse a criterios de neutralidad o dejar que el mercado impusiese sus reglas en el terreno de la comunicación, como habría sido lógico esperar, han recurrido a todo tipo de argucias, incluidos el soborno o la represalia a los «mensajeros díscolos», no con el afán de difundir los postulados liberal-conservadores, sino con el único empeño de favorecer su permanencia en el poder. Y ahora estamos como estamos, enfrentados a un porcentaje creciente de españoles que confunde democracia con barra libre e impone esta confusión aberrante desde las instituciones gobernadas por el partido al que muchos de ellos votan.

Ha hecho fortuna estos días en las redes sociales la etiqueta #LibertadDeExpresión, como muestra de apoyo a los titiriteros detenidos en Madrid por exaltar el terrorismo aprovechando una representación de marionetas, destinada al público infantil, que incluía, además, la violación y apuñalamiento de una monja, el ahorcamiento de un juez y otras lindezas similares. A la cadena solidaria en cuestión se han adherido Ada Colau, Pablo Iglesias y demás abanderados de la «alternativa progresista», especialistas en abusar de las herramientas propias de la democracia, empezando por la libertad, sin otro propósito que destruirla. Bien está que los autores del presunto delito estén detenidos por orden de un juez y que el Grupo Popular del Ayuntamiento presente una querella contra la concejal de Cultura, Celia Mayer, acusada de complicidad. La Justicia actuará en el ámbito de sus competencias. Pero hay que ir mucho más allá y comparecer en el campo de la confrontación ideológica con algo más que argumentarios elaborados en los despachos de Génova. Hay que armarse de razón y de criterio. Hay que tener el coraje de luchar en defensa de los valores y principios que alumbraron un partido hoy centrado en los intereses. El primero, la libertad.

La libertad es cosa sagrada que no debería invocarse en vano. La libertad de expresión, por la que tantos nos hemos jugado la vida y algunos se la han dejado, implica responsabilidad y tiene unos límites claros que marcan la Ley y el sentido común. La libertad no puede ser invocada para envenenar mentes infantiles ni amenazar impunemente ni ensalzar a unos asesinos. La libertad tampoco ampara la calumnia, la injuria o el menoscabo del honor ajeno, por mucho que el anonimato permita de hecho esos excesos a quienes se esconden en las redes para volcar desde ellas su odio, su resentimiento, su violencia reprimida (de momento) o sus miserables intentos de amedrentar a los que plantamos cara. El ejercicio de la libertad supone asumir las consecuencias de los actos realizados en su nombre, incluida la comisión de un delito o una irresponsabilidad política de las que solo pueden pagarse con la dimisión o la destitución. Por eso Mayer debe renunciar a su cargo o bien Carmena cesarla. Y por eso algún liberal auténtico, si es que aún quedan, debería enarbolar la defensa de un concepto mancillado por quienes no creen en él.