La necesaria consolidación de la cultura cívico-democrática en España requiere inexcusablemente el cabal conocimiento del proceso histórico-político que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, esto es, nuestra Transición a la democracia. Y en ese proceso tres son los hitos a celebrar: a) el primero, la aprobación de la Ley para la Reforma Política -VIII Ley Fundamental- por las Cortes el 18 de noviembre y en referéndum el 15 de diciembre de 1976, que supuso la apertura del proceso constituyente en tanto que encomendaba la tarea de emprender la reforma política a unas Cortes que habrían de ser elegidas, por primera vez desde 1936, de forma democrática y con participación de los distintos partidos expresión del pluralismo político; b) el segundo, la celebración de dichas elecciones el 15 de junio de 1977, día en que el pueblo español recuperó las libertades al convertirse en dueño de su destino y alumbrar las Cámaras que habrían de redactar el proyecto de Constitución; c) el tercero, el referéndum constitucional celebrado el 6 de diciembre de 1978 en el que el pueblo español ratificó abrumadoramente el proyecto constitucional aprobado por las Cortes.

Esos tres acontecimientos decisivos para la construcción del régimen de libertades tuvieron lugar respectivamente en 1976, 1977 y 1978 y el Gobierno haría bien en planificar un amplio programa conmemorativo de todos ellos. Lo que carece por completo de cualquier sentido es celebrar 1975 salvo que el Gobierno pretenda realizar un ejercicio de falsificación de la historia.

La realidad fue que el 20 de noviembre de 1975, el dictador falleció en la cama por causas naturales y no como consecuencia de ningún tipo de insurrección o movilización popular. Tras su muerte, las únicas multitudes que salieron a la calle fueron las de sus numerosos partidarios, que acudieron ordenadamente a su capilla ardiente. Nada hay que celebrar en ello. El 22 de noviembre de 1975, don Juan Carlos I fue proclamado Rey de España, y sucedió a Franco en la jefatura del Estado heredando la plenitud de poderes del dictador. Ahora bien, don Juan Carlos utilizó esos poderes para impulsar un proceso de democratización del Estado. Proceso que implicó la destrucción del sistema político franquista (la Monarquía del 18 de julio) y el establecimiento de un nuevo régimen (la Monarquía parlamentaria de 1978).

Desde esta óptica, las conmemoraciones del año próximo podrían generar otro tipo de confusión. En la medida en que se pone el foco en la muerte de Franco y en su sucesión por el Rey Juan Carlos, existe el riesgo de que ese acontecimiento descontextualizado sea utilizado por quienes insisten en afirmar que la monarquía parlamentaria fue impuesta por el dictador. Esa afirmación es completamente falsa. La monarquía que Franco creó en 1947 (Ley de Sucesión) era una monarquía absoluta en la que el jefe del Estado era el verdadero titular de la soberanía y concentraba todos los poderes del Estado. Esa monarquía – conocida como Monarquía del 18 de julio- desapareció en 1978. Ese año, el pueblo español en el ejercicio de su soberanía decidió alumbrar un nuevo régimen político, cuyos valores y principios suponían la negación de los vigentes durante la dictadura: la Monarquía parlamentaria.

El hecho de que el titular de la Corona en esta ‘nueva’ monarquía democrática fuera el mismo que el de la anterior (la monarquía autoritaria) no debe hacernos olvidar que se trata de dos monarquías no solo diferentes sino opuestas. Y que solo desde la más completa ignorancia o desde la mala fe se puede sostener que la Monarquía parlamentaria vigente hoy en España tenga un origen franquista.