Isabel San Sebastián-ABC
- La tentación de desistir es fuerte, pero el deber de resistir se impone
Ley a ley, decreto a decreto, cacicada a cacicada, el Gobierno está llevando a cabo un liberticidio de proporciones desconocidas en democracia, perpetrado al amparo de una pandemia que actúa como inhibidor de nuestra capacidad de respuesta al tiempo que acrecienta su descaro. Si al principio Pedro Sánchez mostraba cierto pudor ante sus pactos con el separatismo catalán sedicioso y los herederos de ETA, ahora calla y asiente cuando Pablo Iglesias presume de las compañías que han permitido a la coalición garantizar su supervivencia con la aprobación de unos presupuestos. Calla, asiente y sonríe, satisfecho, dejando que su lacayo se atribuya la autoría del plan mientras él señala objetivos sin tener que mancharse las manos.
La presa más codiciada de la cacería es, a día de hoy, la Justicia. De ahí la presión ejercida por sus baterías mediáticas contra las defensas ya quebrantadas del PP, que solo busca un momento discreto para anunciar su rendición y el subsiguiente reparto de togas. Tal claudicación, sin embargo, no colma la voracidad de Frankenstein, que no se conforma con jueces más o menos afines y desea conjurar el peligro de que el próximo Tribunal Supremo actúe con la honestidad de éste y se atreva a ordenar la repetición del juicio a Otegui y su eventual reenvío a prisión. El monstruo quiere todo el poder para sí, motivo por el cual ha nombrado fiscal general a una militante de carné y se dispone a reformar la ley para poner en manos de la Fiscalía la instrucción de las causas judiciales y obligar a la Policía y la Guardia Civil a informar de todas sus pesquisas al Ministerio del Interior, incluso cuando la investigación se refiera a casos de corrupción que afecten directamente a miembros del Ejecutivo.
Sometido el tercer poder y controlado el legislativo, se lanzará el asalto contra los medios de comunicación que permanezcan insumisos, para lo cual ha sido instaurado un «ministerio de la verdad» cuya larga mano se nota ya en algunas redes sociales. La censura ha regresado a España. Ayer mismo daba cuenta ABC de las protestas del CTBG, órgano encargado de velar por la transparencia y el buen gobierno, a quien Sánchez y sus ministros ignoran sistemáticamente. Ellos cuentan lo que quieren, mienten o silencian, con tanta impunidad como desvergüenza. Han llevado el abuso hasta el extremo de prohibir a muchos españoles expresarse en el idioma común a todos, el castellano o español, eliminado de la ley de Educación como lengua oficial y vehicular de la enseñanza con el propósito evidente de diluir esa argamasa que desde hace siglos cimienta el sentimiento de pertenencia a una misma nación, poseedora de un patrimonio cultural formidable. Contra esa agresión al más elemental derecho individual nos hemos alzado un centenar de escritores, determinados a no callar ante este nuevo atropello aun sabedores del riesgo inherente a dar la cara. Porque la tentación de desistir es fuerte, pero el deber de resistir se impone.