Licencia para estorbar

· España es un país de aduanas invisibles, un Estado fragmentado cuya abusiva descentralización ha creado un caos interno

PARA muchas empresas españolas resulta más fácil vender sus productos en Alemania que en el mercado interior. La razón es que la Unión Europea pone menos trabas reglamentarias que nuestra estructura autonómica, donde las licencias comerciales e industriales no sirven de una región a otra. Ha habido casos pintorescos referidos al traslado de enfermos debido a la heterogénea regulación de los servicios de ambulancias, y los distintos requisitos del transporte funerario han dado lugar a algún episodio macabro. Éste es un país lleno de aduanas invisibles que afectan a su funcionamiento cotidiano. Y lo va a seguir siendo porque el Tribunal Constitucional acaba de anular por unanimidad la sensata medida legal que pretendía evitarlo.

La Ley de Unidad de Mercado es, o era, una de las pocas reformas profundas emprendidas por este Gobierno: una pauta de libre circulación de mercancías y negocios en consonancia con el marco europeo. La licencia única trataba de conseguir que un empresario de Murcia o de Aragón pudiese operar en Madrid o Galicia sin someterse a una maraña de leyes territoriales y locales que constituye un auténtico descalzaperros. Pues bien; a los tres años de su entrada en vigor, se ha quedado en un mero intento. Por muy juicioso que sea, no cabe en el ordenamiento jurídico de las autonomías; un recurso de la Generalitat contra la invasión de sus facultades competenciales ha acabado con la racionalización del modelo.

Roma locuta, causa finita. Hay que resignarse. España es un Estado fragmentado cuya abusiva descentralización ha creado un caos interno. Cada comunidad es un virreinato que establece sus propias leyes y decide desde la presión fiscal hasta el contenido de los libros de texto. En la práctica se ha producido, además de un ininteligible desorden administrativo –el célebre «carajal» de Borrell–, una situación de desigualdad de oportunidades y hasta de derechos. Según el territorio en que vivan, los ciudadanos reciben diferentes prestaciones, rigen su actividad por normativas dispares y pagan o no ciertos impuestos. Hay ejemplos estrambóticos de celo singular: el Estatuto de Andalucía se arroga la competencia exclusiva… ¡¡sobre el flamenco!! Eso ya no es la plurinacionalidad de Pedro Sánchez: es un embrollo, un desmadre, un exceso. El régimen autonómico equilibró el desarrollo e impidió la fractura socioeconómica de la nación pero su hipertrofia ha generado un desafuero. Y lo peor es que el veredicto del Constitucional da a entender que la administración del desgobierno se ha hecho endémica y tiene mal remedio.