IGNACIO CAMACHO, ABC 15/01/13
El supuesto derecho a decidir es una trampa semántica. Se trata del derecho de secesión diluido en un artificio retórico.
El debate sobre el «derecho a decidir» está trucado desde su mismo nombre. El concepto real es el de derecho de secesión, o de autodeterminación si se quiere, pero los soberanistas lo diluyen en un artificio retórico que endulza su significado y le lima asperezas para volverlo más digerible ante la opinión pública. Se trata de un caso clásico de marco mental, de frame político, de cuadro dominante; un hallazgo semántico que encubre una trampa. Una treta lingüística simple para burlar un derecho constitucional complejo.
Los catalanes, al igual que el resto de los españoles, ejercen su derecho a decidir en el ámbito privado y en el público desde que se levantan hasta que se acuestan. En eso consiste la democracia, en tomar decisiones libres dentro de un orden jurídico legítimo e igualitario. En Cataluña, como en toda España, existe un régimen de libertades que otorga a los ciudadanos cauces plurales de participación política y social, reforzada por un amplio autogobierno que incluye numerosas instituciones territoriales propias con sus gobernantes elegidos por sufragio universal. Lo que no existe es el derecho de los catalanes a decidir de modo unilateral su separación de España. Por las mismas elementales razones por las que un hipotético Estado catalán independiente no permitiría la segregación de Lérida, de Tarragona o del Valle de Arán, que la reclama de hecho: porque los Estados se basan en sujetos colectivos de la soberanía previamente definidos y cuya condición no se puede fraccionar ni modificar a capricho.
El titular de la soberanía española es el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado organizados en la Constitución que también votaron, por cierto en amplia mayoría, los catalanes. La reclamación de un sujeto nacional catalán es una fantasmagoría política, una impostura de legitimidad que el separatismo disfraza con esa engañosa expresión cargada de ambigüedades; quién va a oponerse en abstracto a que los ciudadanos decidan en una democracia. Pero no se trata de que los ciudadanos no puedan elegir su destino sino de que una parte de ellos no lo haga al margen de los otros. Ni Cataluña ni ninguna otra comunidad pueden cambiar por sí solas el orden constitucional de España.
Que esto no lo acepten los nacionalistas —entenderlo lo entienden— entra dentro de la lógica; su aspiración parte de un sentimiento autoexcluyente y rupturista. Lo que resulta chocante es que los socialistas del PSC se sumen a la impugnación de la soberanía española. La coartada de que sólo quieren consultar al pueblo, para luego votar contra la secesión, es otro truco simplista, otro endeble embeleco: lo que importa del caso no es la respuesta, sino la pregunta. Es la pregunta misma lo que vendría a reconocer un derecho que no existe: el falso derecho a la independencia si llamamos a las cosas por su verdadero nombre.
IGNACIO CAMACHO, ABC 15/01/13