El auto dictado por el juez Pablo Llarena merece más de una lectura porque despoja a la reforma de la sedición y malversación todo el disfraz técnico con el que el Gobierno quiso tapar su trueque de ‘impunidad por votos’ con ERC. Lo cierto es que Llarena pone el dedo en la llaga al describir la despenalización de buena parte del 1-O, con el riesgo de desprotección del Estado ante futuras intentonas separatistas. El magistrado ha tenido que modificar el procesamiento de Carles Puigdemont y otros prófugos para suprimir la imputación por el delito de sedición. Este era el primer objetivo del Gobierno y lo ha logrado. Pero Llarena hace algo más: analizar la ley que suprimió la sedición para demostrar que su objetivo era contrarrestar la sentencia de 2019 de la Sala Segunda, que condenó a Oriol Junqueras y otros dirigentes separatistas. Así de claro. Es una ley para desactivar la sentencia del Supremo y dejar impune el 1-O, ya que con este Código Penal lo ocurrido ya no es ni rebelión, ni sedición ni desórdenes públicos agravados. Es decir, fue una quimera.

A partir de esta premisa, el razonamiento de Llarena debería abochornar a los redactores de la famosa enmienda sobre la sedición porque no deja viva una sola de las coartadas del Gobierno para maquillar su cesión a ERC. Ni era necesaria para amoldarse a las leyes penales europeas, ni había desproporción en las penas del delito anterior, ni se castigaban manifestaciones de derechos o libertades democráticos, ni había confusión en la forma de regular la sedición. Simplemente, el Gobierno quería beneficiar a los condenados y a los procesados por el 1-O y lo va a conseguir. También Llarena cierra el paso al segundo objetivo del Gobierno, que era blanquear la amnistía a los procesados con un delito blando de desórdenes públicos. No ha funcionado porque con la ley vigente y la derogada en la mano, sencillamente no es posible imputar un delito desórdenes públicos por los hechos de 2017.

La estrategia del Gobierno va a sufrir especialmente con los nuevos delitos de malversación. Llarena mantiene los procesamientos por malversación agravada, porque este nuevo delito es equivalente al aplicado a Puigdemont y a Lluis Puig. Esto quiere decir que el banquillo espera a estos prófugos. La gran idea de la ‘malversación sin lucro personal’ no ha funcionado en este primer intento. Queda pendiente lo que decida la Sala Segunda sobre los condenados en 2019, con Junqueras al frente, cuya esperanza descansa en una reducción de inhabilitación para poder concurrir a los próximos procesos electorales. Es evidente que la Sala Segunda no está obligada a seguir el razonamiento de ayer de Llarena, pero la contundencia y claridad del auto de ayer son un indicio de lo que el tribunal puede decidir. Una providencia firmada por su presidente, Manuel Marchena, dio ayer un plazo de ocho días a acusaciones y defensas para que den su opinión sobre cómo influye la reforma penal de la sedición y la malversación sobre esas condenas. Pronto se sabrá si la Sala Segunda hace suyo el criterio de Llarena, en cuyo caso las inhabilitaciones por la malversación agravada se mantendrán y la reforma carecerá del efecto político que buscaba el Gobierno. El Ejecutivo no solo carece de una buena técnica normativa, sino que supedita la ley a sus propósitos partidistas. Y todo, engañándose a sí mismo cuando sostiene que el ‘procés’ ha terminado y ya no se repetirá porque Cataluña está apaciguada. En realidad, el Gobierno no ha apaciguado nada, solo ha claudicado.