JAVIER CARABALLO-EL CONFIDENCIAL

  • El teniente fiscal de Sevilla se ha descolgado con unas declaraciones públicas en las que desacredita la resolución judicial y se refiere al Tribunal Supremo con desdén y hasta cierta chulería
Existe un ‘efecto alud’ en toda organización humana cuando, desde la cúpula, se promueve un despropósito que, en cadena, va afectando a toda la estructura hasta originar un enorme caos. Algo similar ha podido pasar en la Fiscalía desde la llegada al máximo puesto de la institución de Dolores Delgado, nombrada directamente para el cargo desde su anterior desempeño de ministra de Justicia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se molestó ni en disimular y la nombró para que dirigiera la Fiscalía el mismo día que a los demás ministros, como si fuera una más de los que se sientan en su Gabinete. Si la demanda de la sociedad, además de la de todas las asociaciones fiscales y judiciales, es que se avance hacia un modelo de Ministerio Público independiente del Gobierno en su estructura jerárquica, el mensaje claro que envió Pedro Sánchez a todos los profesionales de la Fiscalía fue justo el contrario.

Lo que ha ocurrido en el año transcurrido es que, poco a poco, otros fiscales se han sentido con la plena libertad de sumarse al despropósito; el ‘efecto alud’, como si todos ellos estuvieran convocados por el Gobierno a un desprestigio cada vez mayor de la Justicia en España. Ahí está, como ejemplo, la retahíla de exabruptos con que el teniente fiscal, Luis Navajas, se despidió de la carrera, tras solicitar el archivo de todas las denuncias contra el Gobierno por la gestión del Supremo. Con polémicas así, es seguro que, en este tiempo, ha aumentado el porcentaje de ciudadanos que desconfían de la Justicia, aunque sepamos bien que hay miles de profesionales, jueces y fiscales, que nada tienen que ver con ese ejemplo pésimo de servilismo político que emana de las cúpulas.

En todo caso, lo interesante es ese fenómeno, el ‘efecto alud’, que ahora le ha correspondido al teniente fiscal de Sevilla, como se verá a continuación. Se llama Emilio de Llera y lo que ha hecho el hombre es descolgarse con unas declaraciones públicas en las que, desde la misma Audiencia en la que se investigó y sentenció el fraude de los ERE, desacredita la resolución judicial y se refiere al Tribunal Supremo, que tiene que resolver los recursos, con desdén y hasta cierta chulería, que para quienes conozcan al personaje, sabrán que es marca de la casa. Para quienes no conozcan a este fiscal, bastará con mencionar que, en plena instrucción del escándalo de los ERE, lo fichó el Gobierno andaluz como consejero de Justicia para que alguien de su veteranía pudiera defenderlo de la investigación a la que estaba siendo sometido.

José Antonio Griñán, entonces presidente, pensó, acaso, que se parapetaba del acoso judicial teniendo sentado en su Gobierno a un fiscal de la propia Audiencia, conocedor, por tanto, de todos aquellos que llevaban la investigación del fraude. Desde mayo de 2012 hasta junio de 2017, estuvo sentado en el despacho de quien tiene la responsabilidad de dotar de medios y recursos a la Justicia en Andalucía y, sin embargo, lo más sobresaliente en todos esos años fueron las constantes polémicas por sus ataques a jueces y fiscales, a los que cuestionaba, censuraba y, en ocasiones, ridiculizaba; el Parlamento de Andalucía aprobó una reprobación y las asociaciones judiciales y fiscales acabaron pidiendo su dimisión por distintas salidas de tono.

Cuando se acabó la aventura política —dejó su escaño en el grupo socialista en el Parlamento andaluz en 2017, en cuanto dejó de ser consejero—, Emilio de Llera regresó a la Fiscalía y, tras un tiempo de discreción y silencio, ha aprovechado que lo acaban de nombrar teniente fiscal de Sevilla para retomar sus batallas judiciales. No solo no ha considerado conveniente alejarse de toda polémica política para no hacer más vergonzante la ‘puerta giratoria’ que le llevó y le trajo desde la Fiscalía al Gobierno del PSOE y otra vez a la Fiscalía, sino que se ha permitido cuestionar con carácter preventivo la sentencia que, en su día, emita el Tribunal Supremo sobre los recursos de los condenados por el fraude de los ERE.

De forma general, lo que debe resolver el Tribunal Supremo es si mantiene la dura sentencia de la Audiencia de Sevilla contra la ‘rama política’ de los ERE o si, como solicitan muchas defensas, rebaja las condenas impuestas a José Antonio Griñán (de seis años de cárcel, además de inhabilitación) y a Manuel Chaves (de inhabilitación). La duda principal que ha planeado siempre sobre la causa de los ERE es si existían pruebas suficientes de la implicación de los presidentes socialistas, toda vez que no eran ellos los que, directa y personalmente, firmaban las ayudas que se concedían ni manejaban las partidas presupuestarias. Como la Audiencia de Sevilla consideró probada esa relación, los condenó, pero es probable que, cuando analice la causa, el Tribunal Supremo entienda que no existe material probatorio para sostener esas condenas y, en consecuencia, reduzca las penas.

Lo que se ha permitido decir en una entrevista es que “si los jueces del Supremo son serios, habrá sorpresas” porque la sentencia no se sostiene

Quiere decirse, en definitiva, que el debate jurídico sobre el alcance penal de los ERE (otra cosa distinta es la responsabilidad política de Chaves y Griñán, que no se discute) siempre ha existido, con lo que no sería de extrañar que un jurista difiera o discrepe de la sentencia. Si eso es lo que hubiera hecho el mencionado fiscal De Llera, no sería destacable. Pero no es así y, por eldesquiciamiento que está viviendo la Fiscalía, por este ‘efecto alud’, el fiscal de la Audiencia donde se investigaron los ERE, y donde todavía quedan por celebrarse decenas de juicios de esta macrocausa, lo que se ha permitido decir en una entrevista en ‘Diario de Sevilla’ es que “si los jueces del Supremo son serios, habrá sorpresas” con los recursos de los ERE porque la sentencia, de la que discrepa totalmente, no se sostiene, a su juicio.

Añade otras perlas, como que un magistrado del Supremo “le compró el rollo” a la jueza Alaya o que la sentencia condenatoria es fruto solo de la presión mediática, como si lo de menos en todo esto fuera la corrupción demostrada. Se puede discrepar, claro, de la sentencia de los ERE, pero lo que no se puede hacer, y mucho menos un fiscal, es ir calificando a los jueces de ‘serios’ o ‘marionetas’, en función de que coincidan con la opinión o los intereses personales. Al fiscal Emilio de Llera no lo van a destituir de su responsabilidad en la Fiscalía de Sevilla ni, por supuesto, él va a rectificar y, mucho menos, dimitir. Así que contemplémoslo solo como lo que es, el último eslabón de un despropósito que viene desde lo más alto.