Con el escándalo Koldo-Ábalos-Armengol en pleno apogeo, Puigdemont procesado por el Supremo y Marlaska reprobado gracias a Junts y Podemos, la legislatura se ha vuelto un proyecto definitivamente aventurero. Las noticias, a cual más inquietante, restallan sobre La Moncloa como truenos. Escampará porque detrás de las tormentas siempre viene un período de cierta calma pero de momento no hay paraguas capaz de contener esta lluvia ácida. Al Gobierno le va a ser muy difícil remontar esta semana dramática donde cada mañana amanece con un agravamiento objetivo de las circunstancias. Hasta la amnistía, que hace poco era su preocupación más problemática, parece ahora un burladero donde refugiarse de las cornadas.

El laboratorio monclovita ha afrontado esta crisis con una sorprendente falta de pericia. Todas sus estrategias de contención se vuelven fallidas y a veces no resisten ni un día. La apelación a la corrupción pretérita del PP está demasiado vista y sólo sirve para consolar y mantener activa a la parroquia más adicta, además de revelar una patente desnudez argumental y una clara impotencia defensiva. Se busca con desesperación algún alto cargo autonómico popular, o en su defecto un cuñado o una prima, al que involucrar en un tráfico ilícito de mascarillas. Quizá no sea difícil encontrarlo porque la pandemia fue un festín de comisionistas, pero eso no va a aplacar el chaparrón que el Ejecutivo tiene encima. Y mucho menos detendrá la acción de la justicia.

Hasta ahora, la instrucción del caso se ciñe a Koldo y a su entorno inmediato porque el juez sabe que puede tropezar con un aforado y necesita completar el mapa de presuntas irregularidades antes de empaquetar el sumario para que el Supremo se haga cargo. Si eso ocurre, y es bastante probable que ocurra, la sacudida del tablero no derribará sólo peones sino piezas de mayor rango –alfiles, torres y caballos, tal vez incluso alguna dama–, y el enroque presidencial quedará desarbolado. Los indicios apuntan más allá de Ábalos, hacia una trama ramificada en numerosos pliegues de la estructura del Estado e involucrada en decisiones de primer nivel como el socorro de empresas con fondos europeos cienmillonarios.

En ese escenario hipotético sería muy difícil abrir cortafuegos eficaces. El riesgo para el sanchismo consiste en que el incendio se multiplique en muchos focos colaterales y no haya dimisiones ni ceses suficientes para detener su avance. La presión sobre el exministro de Transportes implica la obligación de seguir depurando responsabilidades por el mismo método si surgen otras sospechas similares. Y quedan por contestar numerosos interrogantes. Entre otros el de qué pudo saber –y cuándo supo– el presidente Sánchez, y el de qué pintaba su esposa reunida con intermediarios poco recomendables de una empresa beneficiada con una cuantiosa inyección financiera de rescate.