La posibilidad de que Pedro Sánchez desconociera las actividades de su mujer; de que Cristina Álvarez actuara como un electrón libre en La Moncloa; y de que Red.es beneficiara “injusta, ilegal y arbitrariamente” a las sociedades del empresario Juan Carlos Barrabés por algún tipo de espontáneo ofuscamiento malversador ofende a la inteligencia de cualquiera elementalmente alfabetizado.

Es trabajo de la justicia penal determinar ahora la responsabilidad de Begoña Gómez, de Cristina Álvarez y de sus cómplices de Red.es (un nombre fatídicamente premonitorio, por cierto).

Pero, al igual que el presidente decía estar convencido de la inocencia de su esposa y su hermano, pocos españoles quedan ya en España capaces de apostarse siquiera 20 € a la inocencia de la mujer del presidente. Los perderían con total seguridad.

El informe de más de trescientas páginas elaborado por un inspector de la Intervención General del Estado para la Fiscalía Europea deja poco espacio para las teorías sobre esas devotas asistentas que «bajan a por el tabaco» de la mujer de su jefe.

Porque Red.es benefició al empresario Juan Carlos Barrabés con contratos valorados en 8,4 millones de euros utilizando cartas de recomendación como las firmadas por Begoña Gómez para «adulterar la valoración técnica» de su oferta.

Un detalle lo dice todo sobre la manipulación de los contratos en beneficio de la empresa favorecida por Begoña Gómez desde La Moncloa.

Las cartas de la mujer del presidente no sólo jugaron a favor de las empresas de Barrabés, sino también en demérito de aquellas otras empresas que no contaban con una misiva similar.

En la práctica, eso implica que las empresas de Barrabés obtuvieron esos contratos públicos por el único motivo de que la mujer del presidente las avalaba.

Y quien dice la mujer del presidente dice el presidente. Cualquier otra opción es insostenible.

Los metadatos borrados, las firmas ausentes y la manipulación de puntuaciones revelan un sistema corrupto que operaba con «gran opacidad», que es el indicador más flagrante posible de culpabilidad. En alguno de esos documentos figura incluso «una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo».

Simultáneamente, la UCO ha documentado cómo Cristina Álvarez gestionaba sistemáticamente los intereses privados de la esposa del presidente, actuando en la práctica como gestora de la cátedra de Begoña Gómez. Pero, sobre todo, como conseguidora de financiación.

Que Álvarez redactara personalmente la carta para solicitar 40.000 euros a Google apenas diez días después de un evento donde Begoña Gómez coincidió con directivos de la empresa evidencia un patrón de comportamiento que va más allá de los «favores puntuales» alegados por la defensa y revela una estructura corrupta que ha utilizado en beneficio propio y de forma sistemática las conexiones y la capacidad de influencia de La Moncloa en beneficio de los negocios personales de Begoña Gómez.

Y, de la misma forma que Pedro Sánchez acumula un notable patrimonio inmobiliario financiado al menos en parte con el dinero procedente de los negocios de prostitución del padre de su esposa, parece evidente que también se habría beneficiado de los ingresos obtenidos por su mujer gracias a los patrocinios de las empresas beneficiadas con contratos públicos.

Contratos públicos concedidos por empresas que dependen del Gobierno que él dirige.

La comparación con otros líderes europeos es devastadora para Pedro Sánchez.

António Costa, primer ministro socialista de Portugal, dimitió en noviembre de 2023 por un caso incomparablemente menor al español. Ante una investigación por presunta corrupción en contratos de litio e hidrógeno, Costa declaró «la dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación» y añadió que su «obligación es preservar la dignidad de las instituciones democráticas».

Posteriormente, la investigación demostró su inocencia, pero su sentido del honor le había llevado a dimitir previamente.

El alemán Christian Wulff renunció a la presidencia alemana por haber recibido un regalo de 700 €, considerando que incluso esa cantidad minúscula era incompatible con la dignidad del cargo.

Sebastian Kurz, canciller austríaco, dimitió cuando la Fiscalía registró sus oficinas por malversación y sobornos para manipular encuestas.

El lituano Gintautas Paluckas presentó su dimisión este mismo año tras revelarse vínculos empresariales sospechosos y un préstamo preferente de 200.000 euros.

En todos estos casos, como en tantos otros, los líderes asumieron su responsabilidad política antes incluso de que se demostrara cualquier culpabilidad legal. Todos entendían que la sospecha fundada es incompatible con el ejercicio del poder..

Sánchez, en cambio, se aferra a su cargo mientras su entorno familiar y político se desmorona a ojos vista bajo el peso de múltiples investigaciones judiciales.

Los dos informes confirman además que el caso Begoña Gómez no es una «obsesión personal» del juez Juan Carlos Peinado, una investigación prospectiva o una operación de destrucción personal como la que la Fiscalía General del Estado ha emprendido contra Isabel Díaz Ayuso.

1. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado casi toda la investigación de Peinado sobre Begoña Gómez tras rechazar los recursos de la Fiscalía y la defensa.

También confirmó la imputación de la asesora Cristina Álvarez por «exceder claramente sus funciones», describió un «plan delictivo» entre Begoña Gómez y su asesora, y rechazó que fuera una investigación prospectiva o «causa general», como alegaba la defensa.

2. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó tres querellas por prevaricación contra el juez Peinado, inadmitió la querella de Begoña Gómez («las decisiones adoptadas no son ni injustas ni arbitrarias”) y rechazó la querella de la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez.

3. El Tribunal Supremo rechazó investigar al ministro Félix Bolaños, pero no cuestionó la línea de investigación de Peinado. Tampoco reprochó la investigación principal contra Begoña Gómez.

4. La Intervención General de la Administración del Estado ha detectado un posible «fraude de ley» en los contratos a Barrabés recomendados por Begoña Gómez, y ha confirmado que se incrementó «injusta e ilegalmente» la puntuación de las empresas de Barrabés.

5. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elaborado múltiples informes documentando las actividades de Begoña Gómez y su asesora, y analizado 121 correos que demuestran gestiones privadas con recursos públicos.

6. La Fiscalía Europea imputó a Juan Carlos Barrabés tras hallar irregularidades en contratos avalados por Begoña Gómez, confirmó indicios de apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación, y validó las sospechas sobre manipulación de concursos públicos.

7. El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se inhibió a favor de Peinado reconociendo que ya investigaba hechos similares en el caso del software universitario, y confirmó la conexidad de los casos.

8. La Fiscalía de Madrid se opuso a admitir las querellas contra Peinado por prevaricación y concluyó que «no se dan los presupuestos legales» para considerar que Peinado prevaricó.

Esta convergencia institucional demuestra que el caso Begoña Gómez no es producto de una «obsesión personal» de Peinado, sino una investigación con fundamento jurídico sólido respaldada por múltiples organismos técnicos, tribunales superiores e instituciones europeas que han validado tanto los procedimientos como las sospechas de corrupción subyacentes.

Y frente a eso, frente a esas apabullantes evidencias que en cualquier otro país democrático supondrían el certificado de defunción político de Pedro Sánchez, el Gobierno ha reaccionado orquestando una campaña de apoyo en redes sociales con el hashtag #YoConBegoñaGomez, una petición en Change.org con 2.700 firmas y las ya rutinarias contorsiones de los y las Intxaurrondo.

Los cinco delitos por los que está imputada Begoña Gómez (malversación, tráfico de influencias, corrupción, intrusismo profesional y apropiación indebida), junto a las evidencias documentales aportadas por la UCO y la Intervención General del Estado, dibujan un escenario insostenible para cualquier democracia europea que presuma de serlo.

Se preguntaba Armando Zerolo en su última columna para EL ESPAÑOL si Pedro Sánchez sobreviviría a la imagen de su mujer siendo juzgada por un jurado popular.

El simple hecho de que podamos preguntarnos eso, en vez de comentar la fulminante dimisión del presidente, revela el estado de putrefacción de un Estado de derecho tan frágil que ha sido incapaz de superar las burdas trincheras propagandísticas que Sánchez ha cavado a su alrededor: Gaza, el genocidio, la ultraderecha, las energéticas, la fachosfera, el cambio climático, los señores con puro, el lawfare, los jueces franquistas, el jurado popular también franquista.

“El tiempo pondrá las cosas en su sitio” dijo Pedro Sánchez respecto a las acusaciones contra su entorno personal y político.

Y el tiempo ha respondido: no, no era un paquete de tabaco, era la tabacalera entera. Ahí está el presidente, fumándose un puro.