Lo mínimo

MUCHOS problemas de España, esa sensación de que sus costuras se deshilachan por momentos, atienden a haber tolerado en su día situaciones aberrantes, que se dejaron correr. Citaría como ejemplo supremo de esa abulia el haber permitido que un jefe activo de ETA se sentase en el Parlamento vasco, la sede de su democracia. Mientras sus compañeros disparaban a bocajarro en cuellos y cabezas, o sembraban bombas-lapa bajo los coches en una crudelísima lotería de destripamientos, el jefe de pistoleros Josu Ternera formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. ¿Qué enfermedad moral anidaba en una sociedad vasca que toleró casi silente tal escarnio?

Más tarde, Aznar y Garzón decidieron acabar con el oprobio de la ETA civil: sus centros de recaudación, sus tascas para la causa, las organizaciones juveniles, cantera donde mentalizarse para el salto del primer asesinato. En realidad, el presidente y el juez se limitaron a cumplir con su deber: aplicar la letra de la ley contra los delincuentes. Pero recuerdo como si fuese hoy el eco de las compungidas voces buenistas que se levantaron contra aquel atropello: «¡Va a arder Euskadi!», era su mantra favorito. Garzón y Aznar liquidaron la ETA civil. No ardió nada, por supuesto. Simplemente aquel día comenzó el acelerado final de un cáncer que nos había torturado durante décadas.

Igual que hoy nos restregamos los ojos pasmados cuando evocamos al terrorista Ternera al frente de los derechos humanos, en el futuro nos pasmaremos con amargura cuando recordemos que en el año 16 del siglo XXI había comunidades autónomas donde te multaban por rotular en español un bar, o una peluquería, o una mercería de barrio.

Permítanme que les aburra con obviedades necesarias: el español es uno de los tres idiomas más hablados del mundo, una bendición para quienes tenemos la suerte de dominarlo, porque supone un pasaporte por medio planeta; el español es el idioma más hablado todavía hoy en Cataluña, a pesar del inmenso gasto público para laminarlo; el español es, al igual que el catalán, el gallego o el vasco, un idioma oficial de España, y para más señas, el mayor de todos ellos. ¿Cómo se puede permitir que esté prohibido de facto en algunos ámbitos? ¿Por qué se toleró –y se tolera– un atropello de tal calibre de los derechos constitucionales y la libertad de los ciudadanos? ¿Cómo se puede considerar, como pretenden ahora en Baleares, un símbolo de progreso negar una respuesta en español en España? ¿Por qué nos parece reprobable –y con razón– que la dictadura persiguiese el uso del gallego, el vasco y el catalán y ahora se considera «progresista» que nacionalistas con vena de dictadores hagan lo mismo con el español? ¿Cómo hemos arribado a esta estrechez de miras, a este neototalitarismo, que se inmiscuye en lo más íntimo de las personas: su habla?