Ayer sucedieron cosas que explican la situación del paro, en general, y del juvenil en particular. Todas coinciden en resaltar el error profundo en el que incurrimos al pensar que el mercado de trabajo se puede dirigir desde un despacho, alejado de la realidad y sin contar con los verdaderos agentes de la trama. La primera fue el estudio presentado por el Banco de España en donde se asegura que la subida del 22% del SMI adoptada en 2019 -un ejemplo de decisión tomada desde las alturas, como los bombarderos con sus bombas- pudo costar a la economía española entre 94.000 y 173.000 puestos de trabajo. En él podemos leer afirmaciones tan contundentes como que «por cada punto porcentual de subida del SMI, se produciría un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales».
El Gobierno siempre lo ha negado, pero si desea refutar los datos del BdE debe aportar estudios y reflexiones de igual cantidad y calidad. No le resultará sencilla la tarea. Luego, al mediodía, la vicepresidente tercera y ministra de Trabajo presentó envuelto en su habitual alarde de grandilocuencias una ‘Revolución laboral’. Nada menos. No lo ha pactado con los agentes sociales, pero ella sola se siente capaz de arreglar todos los entuertos laborales, por más que jamás haya puesto en práctica sus grandes conocimientos en la materia y haya creado un solo empleo, de esos dignos que exige.
De entrada el plan está bien dotado, con 5.000 millones de euros, y tiene buenas ideas, pero peca de lo de siempre. Trata de exigir a los demás que cumplan con sus deseos y en lugar de facilitarles la tarea, se la complica. No es consciente de que un empleo digno exige -antes que cualquier tipo de ayuda y mucho antes de cualquier tipo de sanción- una formación digna y una preparación adecuada a las necesidades del mercado laboral. Exactamente lo contrario a lo que hace la ministra Celaá que, en vez de fomentar la calidad y favorecer la formación, se empeña en favorecer la obtención del título facilitando los exámenes y los pases de curso.
La vicepresidenta quiere ahora prohibir plazos superiores a un año para los contratos temporales. Como idea me parece excelente, pero vuelve a olvidar que a un empresario se le puede prohibir que contrate en esas condiciones durante plazos superiores, pero no se le puede obligar a que contrate. Eso lo hará solo si le compensa hacerlo. La responsabilidad social existe, pero nos atañe a todos, no solo a los que de manera voluntaria han decidido emprender.