Ignacio Marco-Gardoqui-El Correo
Lo que faltaba. Ahora resulta que el Ministerio de Hacienda reconoce que Cataluña no está mal financiada. A partir de ahí, las preguntas llegan en cascada. Si no está mal financiada, ¿por qué razón se le condona una parte importante de su deuda? Si no está mal financiada, es decir, si no hay agravio comparativo, ¿por qué razón se prevé un sistema bilateral de Pacto Fiscal que mermará los ingresos de la Hacienda central en varios miles de millones? Si no hay agravio comparativo, ¿por qué razón se crea uno con el resto de las comunidades autónomas para satisfacer las demandas de una de ellas? Y, ya puestos, Fedea estima en hasta 13.000 millones la merma de ingresos que supondría para el sistema si la aportación catalana se hiciera en términos de PIB relativo. Si tal cantidad no exige la aprobación previa de los Presupuestos Generales, ¿por qué razón lo exigen los 10.600 millones que son necesarios para reconstruir Valencia?
El sistema de financiación autonómica es tan abstruso, tan endiabladamente complejo que siempre aparece un dato para sustentar cualquier otra opinión, como hacen los partidos nacionalistas catalanes. Lo novedoso no es eso, lo novedoso es que sea el propio Instituto de Estudios Fiscales, es decir el propio Ministerio de Hacienda, es decir el propio Gobierno quien lo manifieste. Lo ha hecho su director general, Alain Cuenca, que fue nombrado por la ministra María Jesús Montero en 2018. ¿Ha sido cesado de manera fulminante? Que se sepa, no. Así que debemos suponer que el Gobierno considera acertados los cálculos del IEF que apuntan a que la financiación catalana, medida por población ajustada, se encuentra en la media del sistema. Cuenca afirmó en el Senado de manera rotunda que «no hay un déficit injusto. Las CC AA que tienen un PIB superior a la media contribuyen al sistema y las que tienen un PIB inferior reciben del sistema. No hay déficit injusto, no lo hay». ¿Qué es exactamente lo que molesta aquí? ¿Que las comunidades con mayor PIB aporten menos? ¡Acabáramos!
En definitiva, ahora el Gobierno, como antes otros muchos centros de estudios y análisis, opinan que no hay razones objetivas para premiar a Cataluña y, de paso, castigar a los demás. ¿Entonces? Entonces los datos confirman que lo que hay aquí es una necesidad subjetiva de conseguir los votos nacionalistas catalanes que necesita para mantenerse a flote. Algo que, por otra parte, ya sabíamos todos desde que el propio Gobierno garantizó, antes de las elecciones, que nunca haría lo que hizo inmediatamente después de ellas.