Tonia Etxarri-El Correo
En plena descomposición de Podemos y en el fragor de su pulso negociador con Yolanda Díaz para presentar una coalición electoral antes de mañana, llega el aval del Tribunal Supremo a la reducción de penas derivada de la ley del ‘sólo sí es sí’. Con la norma de la ministra Irene Montero en mano (que entró en vigor en octubre y fue modificada en el Congreso en abril gracias al apoyo del PP, UPN y PNV al PSOE), el alto tribunal avala las rebajas de condenadas a los delincuentes sexuales beneficiados. Queda, pues, fijada la doctrina. Las dudas, despejadas. Con el rechazo a los recursos planteados por la Fiscalía (27 de los 30, resueltos por unanimidad), los jueces que han tenido que dictar sentencia en la revisión de las penas de violadores y pederastas han quedado liberados de la sensación de culpabilidad propiciada por unos gobernantes que les acusaron de machistas redomados y, ¡ojo!, de no tener formación en violencia de género, según la ilustrada secretaria de Estado, Ángela Rodríguez ‘Pam’. Fin de la propaganda retorcida. También del ala socialista. Ese lío que se hizo Patxi López con «la horquilla de la ley» que permitía una cosa y la contraria. Y lo mejor de todo: cuando reconoció que «lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención a los tribunales para decirles: oigan, no me vayan por ahí». Textual.
Los presionados jueces hicieron lo que tenían que hacer porque no estuvieron dispuestos a incurrir en prevaricación. Artículo 9.3 de la Constitución. Ayer el Tribunal Supremo puso los puntos sobre las íes. Los jueces hicieron lo correcto. La ‘ley Montero’ modificó las penas altas y atenuó las penas bajas. Un riesgo previsible del que había advertido el propio Consejo General del Poder Judicial. Y el aval del Tribunal Supremo no ofrece dudas. Se mantendrá la inmensa mayoría de las rebajas de condena acordadas en el más del millar de beneficiados.
Lo que le faltaba a Podemos. Y a Irene Montero, que se encuentra en plena gresca negociadora con Yolanda Díaz, que no quiere ver ni de lejos a sus antiguas compañeras de Podemos, persuadida de que sus nombres en la lista electoral, en vez de sumar, restarían votos. «Es una mala noticia», dijo ayer Irene Montero en su cuenta de Twitter en la que se guardó de volver a arremeter contra los jueces. Para las víctimas de este fiasco legislativo es una magnífica noticia. Para ella, no. La puntilla final a su carrera política.