El acto institucional de este viernes por el Día de la Constitución, en principio pensado para reivindicar su vigencia, ha hospedado casi más reproches que homenajes.
Como es tradición, los socios nacionalistas del Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera se han personado en la ceremonia en el Congreso de los Diputados, en señal de repulsa de la ley fundamental.
Sí ha acudido al acto esta vez Podemos, que por boca de Ione Belarra ha reclamado impulsar una nueva Constitución para «inaugurar una república plurinacional» y dejar definitivamente atrás el «régimen del 78», que sólo busca «proteger a la monarquía, a las élites y a la Justicia franquista». Por su parte, Sumar, ha deplorado «una Constitución que anacrónicamente blinda la monarquía».
Resulta de por sí inquietante que uno de los dos partidos del Gobierno de España declare no sentirse representado por la viga maestra de nuestro ordenamiento jurídico. Pero la anomalía se exacerba cuando el propio presidente del Gobierno se alinea con discursos separatistas y radicales que contravienen el espíritu de la Constitución del 78.
En su corrillo con periodistas, Sánchez ha dedicado más tiempo a delinear las reformas que a su juicio necesita la Constitución que a comprometerse con el respeto al texto vigente. En este sentido, por las palabras de la presidenta del Congreso, que se ha referido en pasado a la Constitución, se diría que los socialistas la dan por muerta en su 46º aniversario.
Lo cual parece coherente con la mutación constitucional que de facto está alentando Sánchez, cuyo programa de federalización de España ha encontrado eco una vez más en el discurso de Francina Armengol, quien ha sostenido que para que «siga siendo una norma viva» debe reflejar la «España diversa».
Es por tanto irrisorio que el presidente que ha conculcado en la práctica algunos de los valores constitucionales fundamentales enarbole que «la mejor manera» de reivindicar la Constitución es «cumplirla». Y, más aún, que se erija en el garante de nuevos derechos «para que nadie pueda tocarlos en un futuro». Derechos para proteger bienes jurídicos que, como es el caso el aborto o el matrimonio homosexual, no están ni mucho menos amenazados.
Más allá de lo problemático que resultaría constitucionalizar el acceso a la vivienda o la revalorización de las pensiones (¿y por qué no otras tantas garantías?), Sánchez sabe que está muy lejos de poder reunir la mayoría cualificada suficiente para acometer cualquier clase de reforma constitucional.
Se trata tan solo de un ejercicio de demagogia a costa de la Constitución. Aunque Salvador Illa ha sostenido que «la mejor manera de defenderla es no apropiarse de ella», Sánchez está usándola como arma política contra la oposición, a fin de retratar a los «negacionistas» de PP y Vox como peligros para las libertades y los avances sociales.
Pero si hay algo que la Constitución debería «blindar» es justamente aquello que Sánchez ha violentado. Empezando por la elemental igualdad de todos los españoles ante la ley, que el Gobierno ha arrumbado al otorgar una amnistía a cambio de votos.
Pero también el modelo territorial recogido en la Constitución, abrogado por la «financiación singular» que el presidente pretende conceder a Cataluña; las libertades de expresión y de información, comprometidas por el «plan de regeneración democrática» del Ejecutivo; o la independencia del Poder Judicial, contra el que Sánchez ha cargado de forma directa por primera vez este viernes, al victimizarse por el «acoso político, mediático y judicial» que dice estar sufriendo.