Lo trascendente es lo que la misma Comisión de Venecia «para la democracia a través del derecho» dijo en su informe final sobre el asunto. Y dudamos de que el senador haya leído con mínima atención el susodicho informe, por las referencias tan equivocadas que aporta. Me refiero en concreto a la afirmación del senador de que «hay una frase (en el informe) que destaca por encima de cualquier otra consideración». Pusieron por escrito -dice- «que buscar la normalización y el fin del conflicto en Cataluña era un objetivo loable». Unas palabras que emocionaron tanto al senador «que las tengo enmarcadas en letras doradas». Bueno, pues desenmárquelas el senador porque la comisión no las escribió. Son apócrifas, son una parcial y torcida versión de las que dice efectivamente en varias ocasiones, integran una versión que distorsiona totalmente el sentido del informe.

Me explico: la comisión afirma (aps. 78 y 80) con carácter general que las amnistías suelen tener como objetivo el alcanzar una reconciliación social y política después de unos acontecimientos extraordinarios, como es en el caso de la amnistía catalana, y que esta finalidad es en principio «legítima». No «loable», simplemente «legítima». Obvio. Pero la comisión hace depender la valoración concreta de esa legitimidad en cada caso de los métodos y procedimientos de hecho elegidos, que deben ser coherentes y adecuados para no frustrar dicho fin.

Pues bien, la comisión declara expresamente (ap. 98 y 120) que no es de su incumbencia valorar la proporcionalidad y conveniencia del medio elegido (la ley de amnistía) para conseguir el objetivo de reconciliar la sociedad catalana. Esto tendrá que hacerlo el Parlamento español. Pero, esto sí, la comisión le señala a ese Parlamento a este respecto un hecho clamoroso que la propia comisión ha detectado en su paso por España: que la proposición de ley «ha ahondado la profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en la judicatura, en los ámbitos académicos, y sobre todo, en la sociedad española». Con lo que la supuesta reconciliación de los catalanes se produciría a costa de una profunda y virulenta fractura de los españoles. Notable dislate.

Es por esto que en sus «Conclusiones y recomendaciones» la comisión recomienda a las autoridades españolas (aps. 127 y 128) que intenten lograr la reconciliación social y política «de la sociedad española» (subrayo, de la española). ¿Cómo? Primero, no usando el procedimiento de urgencia sino tramitando la ley de otra forma, más lenta y deliberativa. Segundo, sometiendo su aprobación en votación a una mayoría sustancial distinta y superior a la del 51%, reformando si es necesario la Constitución. Debe exigirse «una mayoría cualificada tan amplia que sea capaz de tender puentes por encima de la separación nacional». Y tercero -sugiere-, viendo la posibilidad de adoptar en este caso los procedimientos de la justicia restaurativa (que como es sabido implican y exigen la aceptación sincera por los condenados de su responsabilidad en los delitos cometidos como paso previo a la reconciliación).

Esto es lo que recomendó la Comisión de Venecia y a la vista está el caso que las autoridades españolas le hicieron: nulo.

Por eso me resulta especialmente chirriante que el senador Oleaga, que de todos estos consejos nada cuenta, compare la búsqueda de la reconciliación social de esta ley de amnistía de 2024 con la de aquella mítica de 1977. ¿En serio son reconciliaciones comparables, senador? La de 1977 no recibió sino dos votos en contra en el Congreso que la aprobó (ambos de diputados de izquierdas), es decir, se opuso a ella el 0,01% de los diputados. Unanimidad. Venecia la habría aplaudido. Mientras que la de 2024 ha recibido 172 votos en contra, el 49,28% del Congreso. Si de reconciliar este país se trataba, la ley de amnistía actual no ha sido sino el contrapunto desgraciado de la de 1977. Digo yo.