No son estas unas elecciones como cualesquiera otras que se hayan celebrado antes en el actual periodo democrático que disfrutamos desde la celebración de las primeras elecciones democráticas y la aprobación posterior de la Constitución Española. No son, como lo fueron todas las anteriores, una lucha más o menos encarnizada pero siempre democrática entre la derecha y la izquierda por gobernar España y aplicar sus legítimos principios políticos y sus legítimas propuestas recogidas antes en sus correspondientes programas electorales, solos o acompañados, como corresponde a una sociedad diversa y plural donde se entiende que existan diferentes opciones para resolver los problemas que afectan a la ciudadanía, todas respetables salvo las que defendieran el uso de la violencia para acabar con el adversario y lograr sus objetivos.

No. Tras ocho años de gobierno de Sánchez y su pretensión de seguir erosionando gravemente la convivencia entre españoles y los más básicos principios democráticos para perpetuarse en la Moncloa, lo que nos jugamos en estas elecciones del 29 de noviembre es la defensa de nuestro sistema democrático, hoy gravemente perjudicado tras el peor gobierno de la democracia, o insistir y, por tanto, legitimar, la senda autocrática iniciada por Sánchez y los compañeros de viaje que hoy lo acompañan bien sea por interés, por incapacidad o por maldad. Y quien no quiera o pueda verlo, tiene un serio problema.

Parar a la derecha

Lo peor no son los tics autoritarios de los que Pedro Sánchez ha dado sobradas muestras a lo largo de, especialmente, la segunda de sus dos legislaturas, sino la multitud que lo anima a que persevere en sus propósitos. Porque la ciudadanía que lo apoya también es responsable. Tanto líderes políticos que ya han sido beneficiados o que pueden seguir siéndolo, como Rufián o Arnaldo Otegi, como periodistas de larga trayectoria en las filas de la extrema izquierda, juristas que pasan por ser constitucionalistas supuestos o imaginarios ciegos de sectarismo, sindicalistas que se ponen a su servicio, compañeros de viaje que no tienen dónde caerse muertos, tertulianos irreductibles o irredentos, tontos útiles… y parte de la ciudadanía… le piden que siga adelante en sus propósitos, fundamentalmente por una de estas dos razones o por ambas al mismo tiempo: porque su camino es el correcto y porque hay que parar a la derecha, convertida en enemiga y, por lo tanto, deslegitimada para gobernar España, por lo que todo vale para impedir que llegue a la Moncloa. Como se demostrará en cuanto llegue, momento a partir del cual tratarán de incendiar las calles.

Durante todo este tiempo, Sánchez y sus compañeros de viaje han cometido todo tipo de tropelías inimaginables antes, cuya reescritura ignoro si a estas alturas merece la pena o si ya la gente las tiene tatuadas a sangre y fuego o al menos interiorizadas en su subconsciente: desde los indultos o la ley de amnistía para quienes atentaron gravemente contra la democracia para lograr siete votos y su investidura hasta la colonización de todas las instituciones democráticas para ponerlas al servicio del socialismo orgánico y sus compinches, pasando por la politización de la Justicia, la colonización del Tribunal Constitucional, el uso de las empresas públicas para colocar a los suyos, las cesiones a los independentistas, las leyes de memoria histórica para dividir a los españoles, la ley de nietos para beneficiarse electoralmente… o las decenas de casos de corrupción política que afectan gravemente al entorno familiar y político de Sánchez, sin que semejantes escándalos hayan despeinado a los más sectarios de la clase, para quienes siempre es peor la derecha que está por llegar que la izquierda que ya sufrimos, por muy mala que esta sea, porque, al fin y al cabo, son «los nuestros».

Últimamente, sus amenazas al propio sistema democrático se han hecho más visibles y peligrosas, por mucho que despistados, ignorantes o interesados miren para otro lado, nos llamen apocalípticos o repitan que la peor amenaza es la extrema derecha, como si una hipotética amenaza pudiera borrar o hacer olvidar una amenaza real que ya ha tenido efectos perversos: por un lado, la negativa a presentar, año tras año, el proyecto de presupuestos, obligación constitucional que el sanchismo ha ignorado reiteradamente, o su decisión antidemocrática de gobernar vía decreto; por otro lado, sus declaraciones favorables a la alternancia política… siempre que la alternativa no la represente la derecha, en cuyo caso no debe permitirse bajo ningún concepto. En el pasado, Sánchez se mostró dispuesto a gobernar sin el parlamento y, más recientemente, lo ha hecho contra el Congreso, saltándose los más básicos procedimientos democráticos. Al parecer, según estas cabezas pensantes que sin embargo no piensan, hay que legislar según pidan unos cientos de acampados y despreciar lo que diga la sede de la soberanía nacional porque no refleja al pueblo, que siempre son ellos. Además, con fondos públicos han amenazado a policías, jueces y periodistas y señalado a particulares críticos con la Moncloa, para que obren como no les corresponde o para que no lo hagan como deben, o sea, para que actúen en beneficio del gobierno.

La okupación de la política

Mientras tanto, no se resuelve ni uno solo de los más graves problemas de los ciudadanos sino que se agravan todos: la falta de vivienda o su carestía, los sueldos bajos de la mayoría de los trabajadores, el encarecimiento de las hipotecas, la subida de los precios, el crecimiento de la desigualdad y la pobreza o la desconfianza de la ciudadanía en sus principales instituciones. Pero nada de ello se resolverá si no se resuelve el problema principal: la okupación de la política, respetable actividad humana, por parte de maleantes, interesados y aprovechados, que no tienen más principio que perpetuarse a sí mismos y su proyecto; son unos cuantos pero el principal es Pedro Sánchez, y por eso hay que echarlo democráticamente. Con su marcha, no se resolverán todos los problemas, desde luego, pero al menos se resolverá el que es el principal ahora. Y a quienes lleguen se les juzgará en función de las decisiones que tomen, como corresponde en una democracia digna de tal nombre.

Esto es lo que nos jugamos el 29 de noviembre: seguir dando pasos hacia la autocracia o recuperar nuestra democracia. Y que cada cual decida, pero que lo haga con conocimiento de causa, porque quizás no haya marcha atrás y entonces sólo nos quede arrepentirnos.