Si ha tenido la paciencia de leerme alguna vez conocerá mis obsesiones y sabrá que una de las cosas que más me irritan del comportamiento de nuestros dirigentes -aclaración: de todos, en todo momento, en todas las latitudes y de cualquiera de los colores existentes en la amplia paleta del panorama político- es su férrea resistencia a analizar, a posteriori, el resultado de sus iniciativas de gasto. Los políticos debaten hasta la extenuación los presupuestos al inicio, pero, una vez aprobados, solo les preocupa gastar las partidas previstas, no vaya a ser que el año siguiente se las recorten. Pero, después no analizan los resultados obtenidos por su acción, ni piensan si podrían haber hecho más con lo mismo o lo mismo con menos. El análisis coste-beneficio es una práctica habitual en las empresas que miran así el resultado de sus inversiones y repasan la precisión de sus plazos de recuperación estimados. Y, cuando no se gastan las partidas presupuestarias -una eventualidad demasiado habitual-, los gobiernos no analizan las razones. Les da igual que sea por su inutilidad que por un cálculo erróneo.

Esta semana se ha producido una noticia que ha pasado completamente desapercibida cuando, a mi entender, debería servir para realizar sobre ella un debate profundo. Me refiero al dato aportado por la AIRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) que estima para el País Vasco un gasto por habitante superior al 18% de la media en sanidad y un 38% en educación. ¿Tenemos una sanidad y una educación mejor en esos porcentajes? No lo sé. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad pública sitúa a Navarra, el País Vasco, Aragón y Asturias en cabeza del ranking por comunidades, pero ¿se traduce la diferencia de gasto en la misma diferencia de calidad? Ni idea. Creo que hay muchas apreciaciones personales, a veces sesgadas por intereses también personales y pocas mediciones objetivas. Lo de la educación es aún peor. Los resultados del informe PISA nos sitúan en una posición mediocre tanto en competencia en ciencias como en comprensión lectora y matemáticas. Una situación tan dispar entre coste y resultados merece sin duda un inexcusable análisis previo con su debate posterior.

Además de este enfoque interno hay otro externo. Es decir, aparte de que gastemos mucho, ¿cómo es posible que podamos gastar tanto en comparación con lo gastado por el resto de CC AA? Hay razones. Si tenemos más PIB per cápita es lógico que tengamos más ingreso y podamos asumir un mayor gasto. Pero ‘la’ razón de tanta diferencia solo se puede encontrar en los arcanos del cálculo del Cupo.

Alberto López Basaguren es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y una de las voces más autorizadas en la materia. En una reciente entrevista en ‘El Confidencial’ y preguntado por cómo hacer compatible la fiscalidad de los regímenes forales con el sistema común apunta a dos exigencias previas. «En primer lugar, debe satisfacer el requisito de la transparencia en su gestión y, en concreto, en la determinación del Cupo. Y segundo, no puede dar lugar a una diferencia de financiación entre comunidades que no pueda justificarse por motivos razonables (mayor presión fiscal, mayor eficacia en la exacción de los tributos u otros)».

¿Hay transparencia en el cálculo? No. ¿Hay demasiado pasteleo político en su negociación y demasiada oportunidad partidista en su determinación? ¿Se pueden justificar unas diferencias tan enormes – del 18 y del 38% -en el gasto de materias tan importantes como la sanidad o la educación en base a ‘motivos razonables’? Usted dirá, pero yo no encuentro ‘tantos’ motivos razonables, ni conozco a nadie que los haya explicado con números. ¿Le harán caso al catedrático López Basaguren y algún día se aportara claridad a los cálculos? Sería una bendición y podríamos evitar esa penosa costumbre de los ataques al Cupo del que se quejaba recientemente Pedro Azpiazu, el consejero de Economía. Yo, por si acaso, me siento. Me molesta el lumbago…