IGNACIO CAMACHO   

COMISIÓN ROMANONES

LA única mayoría suficiente que tiene el PP en este mandato es una minoría: la que sirve para vetar cualquier intento de reforma de la Constitución en el Senado o en el Congreso. Los padres constituyentes se aseguraron de imponer a cualquier modificación del texto unos topes de bloqueo para evitar que medio país le imponga un orden jurídico, como sucedió en la Segunda República, al otro medio. Ello no impide que cada año, en torno a la efeméride del 6 de diciembre, el debate de la renovación de la Carta Magna se convierta en un clásico de otoñoinvierno; en esta temporada se lleva el fondo de armario de la cuestión territorial, que da mucho juego. Pero como siempre, y más desde que está en la Cámara Podemos, la discusión tropieza con la evidente limitación de la falta de consenso. 

En octubre, Sánchez le arrancó a Rajoy, a cambio de apoyar el artículo 155, una comisión que el presidente aceptó al estilo de Romanones: para empantanar el asunto estudiándolo hasta tiempos mejores. Los socialistas saben que ningún problema de la España actual, ni siquiera el catalán, se arregla con esta clase de retoques, pero necesitan parecer un partido en busca de soluciones. A las primeras de cambio, el marianismo ha enfriado las aspiraciones de trascendencia y dejado claro que no habrá ningún cambio constitucional en estas Cortes. La única expectativa es, pues, la de encontrar algún remoto principio teórico de eventual acuerdo de futuro; una chuchería política con la que contentar al PSOE. 

«Tenemos que sacar algo», se le ha escuchado decir en alguna reunión previa al diputado socialista Serrano, veterano experto en fontanería institucional que lleva la manija del negociado. Algo de que presumir ante sus votantes y con lo que sacudirse el estigma de actores secundarios; algo que puedan vender como un avance en el modelo de Estado. Algún pactito sobre las autonomías, un ajuste, un zurcido, un apaño. Cualquier cosa que sirva para aparentar iniciativa con 85 escaños. Pero tal vez Rajoy considere que ya ha cumplido con crear el grupo de trabajo y sólo les deje el derecho a patalear y a acusarlo de retardatorio, inmovilista e ingrato. 

Porque sobre la cuestión catalana existe una discrepancia radical de fondo, que no admite aproximaciones mínimas. Ni el PP ni Cs van a aceptar concesiones de alcance, y además esa fórmula apaciguadora ya no es suficiente para los independentistas. Después de un asalto al Estado no se pueden otorgar a los rebeldes complacientes regalías lucrativas; los votantes del centro-derecha, y acaso bastantes del propio PSOE, no lo entenderían. Así que, como cada aniversario, asistiremos al enésimo estéril debate constitucionalista. Pura rutina. Lo que el desafío de secesión requiere no es una operación reformista de arquitectura política sino un poder nacional fuerte respaldado en lo que ahora no existe: una clara mayoría.