Lo siento, la guerra legal no existe

Para pensar en si hay o no guerras legales (o ilegales) creo útil recordar la guerra o guerras de Yugoslavia (1991-2001). Fue de un brutalidad y crueldad inesperada, pues Europa creía haber superado esta clase de catástrofes humanitarias. Como es sabido, aquellas guerras consistieron esencialmente en sucesivas “limpiezas étnicas”, ataques contra una población civil para obligarla a abandonar un territorio o exterminarla. Hubo entre 100.000 y 140.000 muertes, más 1.8 millones de desplazados.

La ruina de Yugoslavia

Fue la consecuencia del colapso de la Yugoslavia de Tito, simultáneo al de la URSS. La sorpresa por el salvajismo de la violencia desatada fue proporcional a la extendida creencia en que el comunismo yugoslavo, o “socialismo autogestionario”, era una modalidad más “liberal”, con cierto grado de libertades económicas y políticas, especialmente de los derechos nacionales de las minorías.  Era cierto que los yugoslavos hacían y recibían turismo, y su nivel de consumo era muy superior a las pauperizadas Albania o Rumanía; la simpatía proyugoslava también se apoyaba en las veleidades de autonomía política, pues no formaba parte del Pacto de Varsovia y era miembro del bloque de Países No Alineados. Pero esas peculiaridades encubrían un auténtico polvorín étnico-nacionalista que estalló tan pronto como el partido comunista, que tendía a deshacerse en una federación de partidos regionales, se deshizo tras la muerte de Tito e iniciaron la fuga desde el comunismo al nacionalismo étnico, fenómeno llamado a tener muchos émulos, como en España sin ir más lejos.

Los herederos de Tito reclamaron el derecho de autodeterminación, reconocido en la Constitución yugoslava. Pero las comunidades étnicas de serbios, croatas, bosnios, albaneses, eslovenos y algunas otras componían un abigarrado mosaico, con superposiciones y fronteras borrosas. Y crear nuevas repúblicas étnicamente homogéneas solo podía hacerse expulsando a las comunidades excluidas: por ejemplo, serbios fuera de Croacia, y viceversa.

El resultado fue una matanza generalizada que escandalizó al mundo y revalidó la impotencia del derecho internacional para impedirla. Se desplegaron cascos azules de interposición, pero las matanzas prosiguieron: la gota que colmó el vaso fue la matanza de Srebrenica, en presencia de un batallón holandés que no intervino: más de 8000 bosnios de todas las edades y sexos fueron asesinados por paramilitares y tropas serbias. Estados Unidos y la Unión Europea decidieron marginar a la ONU y adoptar la cobertura de la OTAN para atacar Serbia, dueña de la mayor parte del antiguo ejército yugoslavo y principal agresor. Los bombardeos obligaron a Milosevich a retirar sus tropas y paramilitares a la frontera serbia, pero las matanzas dejaron un balance espantoso de vidas humanas y destrucción, tanto material como moral. También certificaron la impotencia del derecho internacional y de las agencias que pretenden administrarlo, sobre todo la ONU.

El derecho contra la justicia

Yo dirigía entonces la tesis de mi amiga Mira Milosevich, experta en el tema y cuya familia soportaba las bombas en Belgrado, y hablamos mucho de qué se podía hacer para detener la matanza. El fanatismo étnico-nacionalista, especialmente poderoso en Serbia, aconsejaba una intervención militar externa que pudiera pararla, y así fue. Pero los puristas -y los cómplices- exigían que la intervención cumpliera los requisitos de una “guerra legal”, es decir, aprobada por la ONU. Ignoraban, de buena o mala fe, que no hay guerras legales ni ilegales. La guerra, cualquiera, es la suspensión de la legalidad, un Estado de excepción que sustituye al derecho normal: la gente puede ser movilizada, reclutada y mandada a luchar, el consumo racionado, la propiedad privada expropiada, y limitados los derechos y libertades.

La única guerra aprobada por la ONU fue por un error soviético: la de Corea iniciada en 1950 por la invasión del norte. Los soviéticos estaban boicoteando el Consejo de Seguridad en protesta por el rechazo internacional de la República Popular China, y Estados Unidos aprovechó para obtener la bendición de aquél. Pero los soviéticos no volvieron a repetir el disparate; no ha vuelto a haber más guerras aprobadas por la ONU, ni puede haberla por el privilegio de veto de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, la ONU no puede aplicar la misión de policía armada internacional para la que fue concebida, o lo que es igual, el derecho internacional queda suspendido por el sistema de veto. Pero la guerra, no.

Imposible, ridículo e irónico

La idea de legalizar la guerra de algún modo para ponerle límites se remonta, como todo, a la antigüedad. Los griegos tenían las treguas sagradas que suspendían sus endémicos conflictos durante los Juegos Olímpicos, y más tarde la Iglesia hizo un gran esfuerzo para obtener la autoridad de bendecirla (la santa cruzada) o vetarla, normalmente sin ningún éxito. Los esfuerzos intelectuales de los teólogos condujeron al desarrollo del derecho internacional del siglo XVI, no por casualidad coincidiendo con las salvajes guerras de religión que asolaron Europa central, y con la expansión de los imperios globales, en especial el español.

Los teólogos de Salamanca –Francisco de Vitoria, Domingo Soto, Francisco Suárez y otros- hicieron contribuciones decisivas a la espinosa cuestión de por qué, cómo, y cuándo se puede considerar justa la guerra, y sobre normas legales que los combatientes debían observar, como respetar (a veces) a la población civil, negociar la rendición o tratar correctamente a los prisioneros. Desde el principio ese esfuerzo chocó con la realidad bélica y política, y la razón, entonces como ahora, es evidente: no puede haber guerras legales, ni los objetivos jurídicos pueden imponerse en guerra a los políticos y militares. Es imposible, y un tanto ridículo o cínico, intentar someter la guerra a la autorización legal.

La cuestión es cómo decidir si una guerra es justa más allá de intereses y opiniones. En general se dan por justas las guerras de autodefensa y… las que buscan restablecer los derechos humanos donde sean conculcados por un régimen. Es el principio de injerencia humanitaria por la fuerza para acabar con tragedias como las de Yugoslavia. Milosevic acabó juzgado en La Haya por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero primero hubo que enviar a la aviación para derrotar a Serbia. Naturalmente, la injerencia humanitaria es un principio limitado: no se puede emplear sino donde ya exista una guerra civil o disturbios generalizados más represión masiva sangrienta: varias docenas de miles en estos meses en el caso de Irán. Atacar a los ayatolás no es legal ni ilegal, y discutirlo es o una tontería o una evasión interesada: la cuestión es si hay una causa justa. Juzguen ustedes mismos.