Del Blog de Santiago González
Aquel 6 de febrero de 2009 toda España se enteró de que el juez que tan mal y tan tarde instruía sus causas se reunió a cenar en Andújar con el ministro de Justicia, un cazador sin licencia, con el comisario jefe de la Policía Judicial y con una fiscal íntima que no debía de estar allí para cazar, escribí entonces, aunque ahora no lo afirmaría con mucha rotundidad. Aquel juez Garzón, que tres años más tarde sería condenado por prevaricador, acababa de detener y ordenar prisión para los líderes de la Gürtel. Con la operación echaba a andar una operación contra el principal partido de la oposición. Aquello lo remató un juez amigo, José Ricardo de Prada con una sentencia espuria en la que daba por probados asuntos que no eran parte del procedimiento. La Audiencia Nacional se lo reprochó con alguna energía al año siguiente, cuando ya había surtido todos su efectos, el principal de los cuales fue sustentar la moción de censura que abatió a Rajoy y llevó a La Moncloa a su quimérico inquilino y a la chusma que lo acompañaba.
Lola Delgado hizo carrera; Pedro Sánchez la nombró ministra de Justicia. Para que se hagan una idea, ella hizo bueno, qué digo bueno, un santo de su predecesor, Rafael Catalá. En año y medio de ministra triplicó en reprobaciones parlamentarias a Catalá que estuvo cuatro. Con ese bagaje, el doctor Fraude comprendió inmediatamente que era la mujer con la que soñaba para la Fiscalía General del Estado. Entre el estado y el Gobierno la distinción es muy difícil. “¿De quién depende la fiscal, eh?” preguntó el chulángano al periodista. “Pues ya está”.
Se ha notado mucho en el fuego graneado que sufrió la juez Carmen Rodríguez Medel por parte de la Fiscalía y la Abogacía, con el fuego del periodismo amigo, cuando pretendía imputar al delegado del Gobierno en Madrid por la autorización de las manifestaciones del 8-M.
También fue muy celebrado el capote que echó la semana pasada a Unidas-Podemos, al minimizar hasta la nada la causa por la caja B de Podemos. Archivarlo todo menos los pagos a la consultora chavista Neurona, una consultora mexicana en la que había trabajado Monedero, siempre atraído por aquello de lo que carece. La muy consistente declaración del abogado Calvente se estrelló contra el cinturón de hierro que constituyeron la Fiscalía, el PSOE y el propio partido investigado, que coincidieron en la descalificación de las acusaciones de Calvente que se había tomado en serio el juez Escalonilla, por consistir en ‘rumores’ y ‘sospechas’.
La Fiscalía no ha metido mano, dicho sea en sentido metafórico, a las relaciones que el fiscal del caso, Stampa, caballero de fina Stampa, venía manteniendo con la abogada de Podemos y que ella divulgaba por su correo electrónico con tanta alegría como la que ponía Dina Bousselham al difundir las fotos íntimas del móvil cuyo robo denunció.
Ella cambió los criterios para que una juez argentina enloquecida, hazmerreir de todo Buenos Aires, tenga bajo su jurisdicción la transición española, la ley de Amnistía y haya hecho declarar en su juzgado a Rodolfo Martín Villa.
Lo último, que conocimos ayer, fue que el Ministerio Público que conduce Lola Delgado pidió al Supremo el rechazo de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. El fiscal Navajas vuelve con los mejores argumentos del informe que le hizo célebre en San Sebastián. Esto es lo que hay, ya solo queda confiar en Marchena. Crucen los dedos.