DIARIO VASCO, 28/1/12
El lehendakari encuentra en el presidente «receptividad» en el tema de presos. El Gobierno ve acuerdo en lo fundamental pero no cambia su política en las cárceles
Están obligados a entenderse y a colaborar para consolidar el escenario abierto tras el cese de la violencia de ETA en el País Vasco, pero Mariano Rajoy y Patxi López mantienen aún dos visiones distintas sobre la mejor fórmula para lograrlo. El lehendakari aprovechó ayer su primer encuentro oficial con el jefe del Ejecutivo en Moncloa para promover la legalización de la izquierda abertzale, a través de Sortu, y presionar a favor de una flexibilización de la política penitenciaria. El Gobierno insiste en que no cambiará sus posiciones.
López tampoco reclamó, en realidad, nada que no esté contemplado ya en la legislación española: el acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco y el tercer grado penitenciario para quienes sufran enfermedades graves o irreversibles. Al dejar el Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba ya había diseñado varias ‘hojas de ruta’ con diferentes posibilidades «graduadas» de «acercamiento selectivo» de presos de ETA como respuesta al «cese definitivo» de la violencia terrorista, pero finalmente se guardaron en un cajón para no condicionar al futuro Gobierno del PP.
En línea similar a lo que entonces se barajó desde el Gobierno socialista, Patxi López no habló en ningún momento de acercamientos masivos sino de hacer gestos que faciliten la «reinserción» de aquéllos que «inicien el camino del reconocimiento de sus responsabilidades», y que «rompan con su pasado». «No tiene nada que ver con fijar privilegios -insistió-; hay que hacer pedagogía para decirles a unos que la reinserción está en la Constitución y a otros que en este país no hay ni amnistías ni medidas colectivas, que es un proceso individual; y nosotros estamos dispuestos a hacerlo».
El lehendakari no reveló cuáles fueron las palabras exactas de Mariano Rajoy a su propuesta, pero sí afirmó que le había notado «por lo menos, receptivo» y se mostró convencido de que antes o después el Gobierno del PP iniciará cambios en la política de presos. Fuentes de Lehendakaritza confirmaron este extremo y aseguraron, en este sentido, que la impresión con la que el mandatario socialista vasco salió de la reunión «no es mala» en lo relativo al nuevo escenario vasco. Además, los dos dirigentes lograron crear un «clima de confianza personal», uno de los objetivos con los que acudía López a Madrid. Rajoy pudo constatar, según señalan desde el Gobierno Vasco, que las posiciones del lehendakari en materia antiterrorista se mueven en el ámbito de la «sensatez»
Cosa distinta es la vuelta a la legalidad de Batasuna. Una cuestión que, por otro lado y como recordó el propio López, no es competencia del Gobierno sino de los tribunales. Eso no quita para que el jefe del Ejecutivo vasco insistiera en que se trata de una medida «deseable». Lo cree así porque, de facto, recordó, ya hay miembros de la formación ilegalizada en el Congreso de los diputados y en instituciones vascas pero, sobre todo, porque cree que el veto a Batasuna permite a la izquierda abertzale blandir de manera eficaz la «bandera del victimismo» y extender su relato falaz de la historia reciente del País Vasco.
Condena a ETA
«Yo no soy fariseo -dijo-; si toda la vida hemos estado pidiendo a ese mundo que corte cualquier ligazón con el mundo de la violencia ¿por qué cuando empiezan a dar los pasos les queremos poner un muro?», cuestionó. El lehendakari admitió que no ha habido condena a ETA pero alegó que eso puede ser un «requisito ético», pero no una exigencia legal recogida en la Ley de Partidos políticos.
Su alegato contrasta aún así con la posición del PP. De hecho, en lo que único en lo que realmente coincidieron él y Rajoy, fue en que el fin de la organización terrorista es un proceso «que no tiene marcha atrás». Ya lo había anticipado, horas antes de la reunión, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la número dos del Gobierno aseguró que el presidente trasladaría a López que el Estado de Derecho «sigue vigente» y que «no va a haber ningún tipo de concesiones».
Las discrepancias con el Gobierno Vasco se extienden también al tratamiento dado a la Comisión Internacional de Verificación sobre la actividad de ETA, impulsada por el abogado Brian Currin. López decidió contactar con ellos; el PP, no. Sin embargo, las posturas de fondo no son tan dispares. El lehendakari negó que al recibirle se le haya dado «carta de naturaleza», recordó que ellos mismos han reconocido que la mejor verificación la hace la policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza y aseguró que su Gobierno no respaldará nada que vaya a cambiar el modo de contar la historia de «las víctimas como víctimas y los asesinos como asesinos».
Pero no todo versó sobre el fin de ETA; un asunto del que sin duda Rajoy volverá a hablar el martes con el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, al que también recibirá en el Palacio de la Moncloa. La crisis y el modo de hacerle frente estuvo presente en la conversación. López reclamó al presidente que pida en Bruselas una mayor flexibilidad en el cumplimiento del objetivo del déficit y la puesta en marcha de un plan de estímulos fiscales para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Así, el lehendakari defendió la aplicación de medidas que sean capaces de reactivar el tejido empresarial, entre tanto ajuste presupuestario del Ejecutivo central para cumplir con las obligaciones de austeridad.
Negociación del Cupo
Tal y como pretendía el Gobierno Vasco, y pese a que fue el tema que monopolizó la posterior rueda de prensa, la cita abordó más temas que el final de la violencia en Euskadi. Así, en el dossier que entregó el lehendakari al dirigente popular se reclama negociar transferencias pendientes como «los tramos de las autopistas de peaje AP-1 y AP-68, servicios e infraestructuras ferroviarias, el fondo de Garantía Salarial, la ejecución de legislación del Estado sobre productos farmacéuticos, o el Seguro Escolar».
También planteó la necesidad de negociar el Cupo, garantizar la liquidez del Gobierno Vasco, impulsar la Y ferroviaria vasca, ampliar el aeropuerto de Hondarribia o colaborar en la investigación de la trama de bebés robados en Euskadi.
DIARIO VASCO, 28/1/12