EL PAÍS, 11/7/2011
La reflexión sobre la propuesta de pacificación que el lehendakari, Patxi López, anunció la semana pasada a los altos cargos del Gobierno vasco está ya en marcha, con el equipo encargado de darle forma ya designado e integrado por un reducido número de personas de su entorno más inmediato.
El objetivo es evitar que la izquierda abertzale consolide la capitalización del fin de ETA, por delante del Estado de Derecho y los demócratas que lo han combatido, e impedirle instalarse en un impasse que dilate su reclamación de la desaparición de ETA y el anuncio mismo del fin de la banda terrorista.
La propuesta tendrá por destinataria más a la sociedad que a los partidos, aunque se adelanta que cualquiera de los democráticos podrá identificarse sin problemas con ella. Se trata de hacer a esa sociedad vasca consciente y cómplice en el convencimiento de que ha sido ella misma, con su propia resistencia y con el Estado de Derecho, la protagonista de la derrota del terrorismo y el fanatismo que lo ha sostenido.
Ese núcleo duro encargado de pertrechar a López para esta batalla mantiene un mutismo total, justificado, por un lado, en lo incipiente del trabajo y, por otro, en la consigna de salvaguardar su contenido hasta el debate de política general que abrirá el curso parlamentario, a finales de septiembre. López quiere que sea el Parlamento el foro que primero conozca su planteamiento, que será bandera de la segunda mitad de su mandato.
La propuesta, según ha podido saber este periódico, buscará impedir que la izquierda abertzale se acomode, amparada en el buen resultado electoral de Bildu, en los limites de su discurso actual, y no se sienta obligada a dar el paso siguiente y definitivo: el de instar la disolución de ETA. Esa parálisis bloquearía la posibilidad de abrir la fase siguiente: la que debe dar pasos para la convivencia, que no reconciliación, una diferencia terminológica de la que el Gobierno va a hacer bandera.
López está convencido de hallarse ante un momento histórico -«la fase en la que hay que ganar el futuro», en expresión de personas muy cercanas al lehendakari– . También de que ni el Gobierno, ni ninguno de los partidos democráticos, ni el país como tal, pueden transitar como por ningún otro vivido antes. Quiere ofrecer «un horizonte de futuro».
La propuesta tratará de evitar ese parón por el que el Gobierno ve tentados a los radicales y de ofrecer un horizonte de futuro. La negativa de Bildu a acordar tanto la censura a la historia de asesinatos como a actos violento de esta misma semana -el ataque al monolito de Juan María Jauregi- se considera un muy mal indicio en el Ejecutivo.
Así, y aunque ninguna de las fuentes consultadas ofrece precisiones, sí se admite que la iniciativa del lehendakari será de emplazamiento y presión sobre la izquierda abertzale, para que de una vez por todas llegue al final sin más aplazamientos y sobre dos premisas: que exija a la banda su disolución y que deje de sugerir -como todavía hizo el jueves su líder encarcelado Arnaldo Otegi, al referirse ante el tribunal que le juzga a la búsqueda de un escenario que permita el «desmantelamiento militar»- que hace falta algún tipo de proceso o concesión política para que se dé ese desenlace definitivo. Ahí es donde, por ahora, se detiene el recorrido verbal abertzale y no es bastante: no se les puede consentir que digan que puede ocurrir que ETA no anuncie nunca su disolución, se advierte. El Gobierno no solo no quiere frenazos, sino que perseguirá pronunciamientos con sello netamente político; sin lugar a la duda de que estén determinados por la emergencia de quien tiene por objetivo primordial zafarse de una eventual condena a largos años de cárcel. A nadie se le escapa que ha sido en esa circunstancia, equivalente a la reconversión de los presos tras largos años de prisión, cuando Otegi y otros encausados, incluso sus defensas, han ido más lejos en un desmarque que nunca realizaron en libertad y en la legalidad.
López quiere liderar con su propuesta la neutralización, que conviene igualmente a socialistas que a populares o peneuvistas e incluso a Aralar, del discurso que reivindica la paz como un logro de la izquierda abertzale. Esta cuenta ahora para amplificarlo con todas las plataformas que le brindan sus resultados electorales con Bildu. Al Gobierno le preocupa también que el PP nacional contribuya a esa amplificación, con las acusaciones de entreguismo a Zapatero, que abundan en la impresión de que el terrorismo y el fanatismo ha ganado cuando más derrotados están ambos. Los partidos democráticos, lo mismo que las víctimas, comparten en Euskadi, en uno u o otro grado, el riesgo de que el mensaje que interesa a los radicales se sobreponga al del mérito compartido de la sociedad que ha padecido durante décadas el acoso terrorista y al de esos mismos partidos, las instituciones y los movimientos cívicos que resistieron y plantaron cara a ambos.
Arranca la ponencia de violencia política
La ponencia del Parlamento vasco sobre víctimas de la violencia política se constituirá hoy después de que todos los grupos, salvo PP y UPyD, pidiesen la habilitación del mes de julio para que este órgano pudiese comenzar a trabajar este mes. La reforma del reglamento de la Cámara ha permitido su constitución, ya que ha dado luz verde a la conformación de ponencias que no dependan de ninguna comisión y que echen a andar a instancias de un mandato de pleno, como es el caso de la que empieza hoy sus trabajos.
La denominación oficial es Ponencia de víctimas de violaciones de derechos humanos y otros sufrimientos injustos producidos en un contexto de violencia de motivación política, y en la misma se van a integrar Iñigo Iturrate (PNV), Jesús Loza (PSE-EE), Aintzane Ezenarro (Aralar), Mikel Arana (Mixto-EB) y Juanjo Agirrezabala (Mixto-EA).
La ponencia tendrá como principal punto de partida de trabajo el informe Víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sufrimientos injustos en un contexto de motivación política, que el pasado 1 de diciembre presentó en la Cámara el Gobierno vasco. Este documento es una revisión del que elaboró el Ejecutivo autonómico en 2008, con EA al frente de la Dirección de Derechos Humanos, el cual no concitó consensos y no tuvo más recorrido.
El documento, presentado en diciembre, evita caer en una equiparación entre víctimas de situaciones diferentes y parte de una clasificación de las víctimas de violaciones de derecho humanos según tres etapas históricas: la dictadura franquista (1968-1977), primeros años de la democracia hasta la segunda mitad de los ochenta y, en tercer lugar, desde la mitad de los ochenta hasta la actualidad.
Estas últimas no reciben la consideración de víctimas de violencia de motivación política, lo cual no implica que se consideren menos graves en el informe. El documento no propone medidas concretas para el reconocimiento de estas víctimas pero sí planteaba, entre otras cosas, crear una ponencia parlamentaria específica para abordar esta problemática, tal y como se va a hacer a partir de esta mañana.
EL PAÍS, 11/7/2011