Euskadi sancionó ayer el traspaso de un nuevo bloque de 11 competencias estatutarias, el segundo que se firma esta legislatura en la Comisión Mixta de Transferencias, que reúne a los Gobiernos central y vasco, y otra vez lo hizo bajo la sombra del PNV.
El paquete forma parte del acuerdo que los nacionalistas arrancaron en octubre pasado al Ejecutivo de Zapatero a cambio de la viabilidad de los Presupuestos Generales y su estabilidad parlamentaria. Y, si bien su articulación concreta ha sido debatida por los dos Gabinetes, el acuerdo político se cerró en sendas reuniones celebradas en mayo y el pasado viernes por la comisión bilateral que integran el Ejecutivo central, junto al PSOE, y los peneuvistas.
En ese marco, el lehendakari, Patxi López, quien encabezó junto al vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, las sendas delegaciones que firmaron ayer en Vitoria las transferencias, recuperó el discurso que ha mantenido su Gabinete en esta materia desde que el PNV convirtió la soledad de Zapatero en su principal arma política. «Es este Gobierno el que negocia las condiciones, el que firma la transferencia y el que la hace efectiva», recalcó el lehendakari en una rueda de prensa. Y, junto a ello, intentó restar valor al papel jugado por un PNV que, cuando regía Euskadi, «también negociaba presupuestos y otros asuntos con el Gobierno de España y nunca puso sobre la mesa el desarrollo estatutario. Al revés, decía que estaba muerto».
Apenas tres horas después de que López pronunciase estas palabras, el PNV, junto a CiU, salvaban en el último momento a Zapatero de perder en el Congreso la crucial votación sobre la reforma de la negociación colectiva.
El Ejecutivo vasco y su responsable a la cabeza quieren hacer valer en todo este proceso que han reconducido al PNV a la senda estatutaria tras la aventura soberanista de Ibarretxe cuanto que son los socialistas los que efectivamente están desarrollando la carta de Gernika. «En los dos últimos años se ha avanzando más en desarrollo autonómico que en los 20 precedentes», resaltaban fuentes del Gobierno a EL PAÍS.
Las transferencias, valoradas en conjunto en 33,2 millones de euros, supondrán el traspaso a la Administración autónoma de 386 trabajadores. Todas ellas serán efectivas a partir del próximo 1 de julio, salvo quizá la más importante, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deber quedar recogida en los Presupuestos Generales para 2012, si bien no cambiará sobre lo ayer firmado, que entrará en vigor el 1 de enero entrante. Euskadi es la segunda comunidad autónoma que recibe este traspaso después de Cataluña.
Chaves enfatizó su importancia, pues da al Gobierno autónomo «un instrumento de enorme trascendencia y clave para el mercado laboral» vasco. El comentario servía también para resaltar el papel que juega el Ejecutivo de Vitoria en un contexto de crisis.
El propio López no dejó pasar la ocasión para contraponer la búsqueda de acuerdos con el Estado que puedan redundar en interés de los ciudadanos, «frente a estrategias frentistas y de conflicto permanente que antes daban resultados bastante lamentables», en alusión a los Ejecutivos peneuvistas precedentes, en especial los de Ibarretxe.
Las otras dos competencias más relevantes que recibe Euskadi son el traspaso de 205 profesores de religión de Infantil y Primaria (más 10 sustitutos) y la asunción de los maestros y el personal sanitario de prisiones (49 trabajadores en conjunto). La valoración de la primera, que Euskadi es una de las últimas comunidades en recibir, se sitúa en 16,5 millones, mientras la segunda supone en total 9,5 millones.
EL PAÍS, 23/6/2011